La reciente oposición de la Coalición “Por Los Bosques” al proyecto de ley que busca habilitar actividades de prospección de hidrocarburos y minerales en el Parque Nacional Médanos del Chaco volvió a instalar un debate que trasciende ampliamente la discusión ambiental. En realidad, el país enfrenta una disyuntiva mucho más profunda: cómo compatibilizar la protección de sus ecosistemas con la necesidad de garantizar su seguridad energética y su desarrollo económico en las próximas décadas.
Sin embargo, existe otro aspecto del debate que rara vez recibe atención y cuya discusión también merece espacio: el origen del financiamiento de muchas de las organizaciones que lideran estas campañas.
Diversas entidades que integran la Coalición “Por Los Bosques” desarrollan proyectos financiados por organismos multilaterales, agencias de cooperación y fundaciones internacionales. Entre los cooperantes que aparecen de manera recurrente figuran la Unión Europea, USAID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), WWF International, The Nature Conservancy, Rainforest Foundation Norway, Open Society Foundations, Ford Foundation, Oak Foundation, Tinker Foundation, Fundación Avina y organismos de cooperación de Alemania, Suiza y España.
Nada de ello constituye, por sí mismo, una irregularidad. Sería incorrecto afirmar que recibir recursos del exterior convierte automáticamente a una organización en un instrumento de intereses extranjeros. Pero tampoco resulta razonable concluir lo contrario: que el origen del financiamiento carece absolutamente de relevancia como pretenden hacernos creer.
Toda organización depende, en alguna medida, de quienes financian su funcionamiento. Esa realidad alcanza a empresas, universidades, centros de investigación, partidos políticos, medios de comunicación y también a las organizaciones no gubernamentales. La literatura académica sobre gobernanza y administración denomina a este fenómeno «dependencia de recursos»: quienes proveen los recursos suelen definir las prioridades sobre las cuales están dispuestos a invertir.
No hace falta imaginar instrucciones secretas ni mecanismos de control directo. Si un determinado fondo internacional financia exclusivamente proyectos vinculados con biodiversidad, cambio climático, áreas protegidas o transición energética, es natural que las organizaciones interesadas en acceder a esos recursos concentren crecientemente su trabajo en esas áreas. Los incentivos económicos, muchas veces, orientan las agendas sin necesidad de imponerlas.
Precisamente por ello, preguntar quién financia una organización no constituye un ataque contra ella. Constituye un ejercicio elemental de transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer quién financia una campaña política, quién sostiene económicamente a un centro de estudios, quién aporta recursos a un medio de comunicación y también quién financia a las organizaciones que buscan influir en decisiones de enorme trascendencia para el país.
Ese análisis adquiere una dimensión todavía más relevante cuando Paraguay enfrenta desafíos estratégicos de largo plazo.
Diversos estudios técnicos advierten que, hacia el final de esta década, el país podría comenzar a experimentar restricciones en su disponibilidad de energía firme debido al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica. La expansión industrial, el aumento del consumo interno y nuevos proyectos productivos obligarán a incorporar fuentes complementarias capaces de garantizar estabilidad al sistema energético.
En ese escenario, renunciar de manera anticipada siquiera a conocer el potencial de los recursos hidrocarburíferos existentes en el territorio nacional podría limitar las alternativas disponibles para enfrentar ese desafío. Por eso, la discusión tampoco debería plantearse como una elección entre conservar o destruir.
Durante las últimas décadas, la industria energética desarrolló tecnologías destinadas precisamente a reducir el impacto ambiental de las actividades extractivas. La perforación direccional, la sísmica tridimensional de alta precisión, los monitoreos ambientales permanentes, los sistemas de contención, la restauración, los planes de cierre y las compensaciones ambientales forman parte de estándares aplicados en numerosos países que combinan explotación de recursos con protección de áreas sensibles bajo estrictos controles regulatorios.
Ninguna de estas herramientas elimina completamente el riesgo ambiental. Pero sí demuestran que el debate ya no puede reducirse a una dicotomía entre explotación irresponsable y preservación absoluta.
Paraguay necesita discutir qué modelo desea construir para las próximas décadas. Esa conversación exige evaluar costos, beneficios, riesgos y oportunidades con el mayor rigor técnico posible.
Las organizaciones ambientales cumplen su papel al señalar riesgos y exigir controles. No están, o al menos no deberían estar, para impedir el desarrollo nacional. Tampoco esa es la función del Estado. Por el contrario, le corresponde analizar y promover mecanismos modernos que permitan compatibilizar la conservación del ambiente con el aprovechamiento responsable de recursos estratégicos, capaces de fortalecer la seguridad energética, reducir la dependencia externa y desarrollar un sector clave para la soberanía nacional.
