El Estándar Nacional de Producción Sostenible de Carne Vacuna exige precisión, trazabilidad y verificabilidad al sector productivo. Es razonable exigir el mismo estándar a quienes lo elaboraron, financiaron y respaldaron.
El Estándar Nacional de Producción Sostenible de Carne Vacuna pretende establecer criterios para evaluar la sostenibilidad de uno de los principales sectores productivos del Paraguay. Precisamente por su importancia, antes de analizar lo que exigirá a los productores corresponde responder preguntas más elementales: ¿cómo fue elaborado?, ¿cuánto costó?, ¿quién lo financió?, ¿qué recursos públicos y privados fueron utilizados y con qué información se construyó?
El Estándar fue desarrollado en el marco de FOLUR Paraguay, parte del programa internacional Food Systems, Land Use and Restoration —Sistemas Alimentarios, Uso de la Tierra y Restauración—, orientado a promover sistemas alimentarios sostenibles y acciones relacionadas con el uso y restauración de la tierra.
Su estructura institucional involucra diferentes actores. El proyecto recibe financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP) actúa como agencia implementadora; el PIR identifica como entidad ejecutora al Conservation Council of Nations (ICCF Group); y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) participa institucionalmente en el proyecto y en su cofinanciamiento.
Dentro de esta estructura se desarrolló específicamente el Estándar. El PIR 2025 confirma que durante el primer semestre de 2025 fue contratado un “Specialist for the Development of the Sustainable Beef Standard” y que al 30 de junio ya se encontraba concluido el Producto 3: “Diagnostic of the Current Situation of the Beef Value Chain”. El documento final identifica a Marcos Alberto Medina Britos como consultor responsable de la elaboración técnica.
¿Cuánto costó realmente el Estándar?
Los informes de FOLUR contienen cifras importantes de financiamiento, desembolsos, gastos y cofinanciamiento. Pero esos montos corresponden al proyecto FOLUR en su conjunto y no pueden atribuirse al Estándar sin documentación específica.
Lo que sí está acreditado es que existió una contratación destinada expresamente a su desarrollo.
Sin embargo, en la documentación pública examinada no se encuentra individualizado el monto de ese contrato, cuánto fue efectivamente pagado, la fuente concreta de financiamiento, el valor asignado a cada producto ni los restantes costos vinculados con consultas, validación, talleres, viajes, edición, diagramación, publicación y difusión.
¿Cuánto costó realmente elaborar el Estándar Nacional de Producción Sostenible de Carne Vacuna?
Tratándose de un instrumento de esta envergadura, esa información debería poder conocerse con facilidad.
Casi USD 1 millón registrado como “Cash”
El PIR 2024 contiene otro dato particularmente llamativo. Dentro del cofinanciamiento aparecen clasificados expresamente como “Cash”:
UNEP-AF: USD 603.463,77
CCN: USD 380.776,33
Total: USD 984.240,10 de cofinanciamiento monetario
El propio informe diferencia estos recursos de los aportes valorizados en especie.
La existencia de esa cifra no significa que los USD 984.240,10 hayan financiado el Estándar. Precisamente eso es lo que falta determinar.
Las preguntas son concretas: ¿quién transfirió esos recursos?, ¿quién los recibió?, ¿quién los administró?, ¿para qué fueron utilizados? y, particularmente, ¿alguna parte fue aplicada directa o indirectamente a la elaboración del Estándar?
La documentación pública examinada no permite reconstruir esa ruta financiera ni conocer qué proporción, si alguna, estuvo vinculada específicamente con este producto.
Los aportes en especie también requieren explicación
El PIR 2025 registra además contribuciones “In-kind”. No son necesariamente desembolsos de dinero: pueden consistir en personal, bienes, servicios, infraestructura, logística u otros recursos a los cuales se asigna un valor económico.
Entre las cifras informadas aparecen:
Cargill: USD 166.213
CCN: USD 172.245,30
MADES: USD 100.000
Gobernación de Boquerón: USD 44.391,89
Esto debe interpretarse correctamente: no significa que esas instituciones hayan desembolsado esas sumas en efectivo. Significa que determinados recursos fueron valorizados económicamente por esos montos.
Pero precisamente por ello corresponde saber qué representa cada cifra.
¿Qué bienes, servicios, personal o infraestructura representan los USD 100.000 atribuidos al MADES?
¿Qué recursos concretos representan los USD 44.391,89 atribuidos a la Gobernación de Boquerón? ¿Personal? ¿Vehículos? ¿Combustible? ¿Instalaciones? ¿Logística? ¿Durante cuánto tiempo y mediante qué método se obtuvo exactamente ese valor?
Cuando se trata de organismos públicos, la cuestión excede a los informes de FOLUR. También corresponde al Estado paraguayo rendir cuentas sobre sus aportes y su participación en la elaboración de un estándar de esta envergadura.
Y nuevamente debe mantenerse una distinción fundamental: tampoco puede atribuirse automáticamente al Estándar la totalidad de esas contribuciones. Debe determinarse qué parte, si alguna, estuvo efectivamente relacionada con su elaboración.
El propio proyecto reconoce errores en sus indicadores
Hay además un antecedente que justifica exigir especial precisión.
El PIR 2025 reconoce expresamente problemas en varios indicadores previamente reportados: sobreestimaciones en hectáreas, inversiones y toneladas de CO₂ equivalente, además de errores metodológicos en la contabilización del número de personas alcanzadas por determinadas actividades.
Que el propio proyecto detecte y corrija estas inconsistencias no demuestra por sí mismo una irregularidad. Tampoco corresponde derivar de ellas un perjuicio para los productores.
Lo que sí demuestra es que algunos resultados inicialmente informados no respondían con precisión a la realidad o a la metodología establecida.
Ese antecedente refuerza una exigencia elemental respecto de un Estándar destinado precisamente a medir y verificar el desempeño de terceros: sus fundamentos técnicos, sus datos y los recursos utilizados para elaborarlo también deben ser claros, verificables y trazables.
Transparencia no es solamente publicar informes
Nada de lo expuesto permite afirmar corrupción, apropiación de fondos o utilización irregular de recursos. La documentación examinada no autoriza semejante conclusión.
Pero la ausencia de prueba de una irregularidad tampoco equivale a una rendición de cuentas suficiente.
La transparencia no consiste solamente en publicar documentos extensos, tablas y cifras. Consiste en que un tercero pueda reconstruir con razonable facilidad qué recursos ingresaron, de dónde provinieron, quién los administró, cómo fueron utilizados y qué resultados financiaron.
Y en torno a la elaboración del Estándar todavía quedan preguntas relevantes sin responder.
La responsabilidad tampoco corresponde a un único actor. En FOLUR participan organismos multilaterales, entidades internacionales de implementación y ejecución, empresas, organizaciones privadas y organismos públicos paraguayos.
Cada uno debe responder por aquello que le corresponde.
Y el Estado paraguayo no puede ser un simple espectador cuando participa institucionalmente, aporta recursos y respalda un documento que se presenta al país precisamente como Estándar Nacional.
La sostenibilidad también necesita transparencia
La discusión no consiste en estar a favor o en contra de la sostenibilidad. Su finalidad razonable es compatibilizar la producción y el desarrollo con la conservación de los recursos que permiten su continuidad.
El problema aparece cuando esa idea se traduce en nuevas exigencias para quienes producen sin aplicar igual rigor a quienes diseñan esas exigencias.
La sostenibilidad no puede convertirse en una justificación para imponer nuevas cargas al sector productivo sin que quienes diseñan esas exigencias estén sujetos, como mínimo, a iguales estándares de transparencia, trazabilidad y verificabilidad.
Si al productor ganadero se le exigirán registros, indicadores, mediciones y evidencias para demostrar la sostenibilidad de su actividad, quienes elaboraron y respaldaron el Estándar deberían poder demostrar con la misma precisión cuánto costó, quién lo financió, qué aportes monetarios y en especie se utilizaron, cómo fueron valorizados los recursos públicos y privados y sobre qué información verificable se construyó.
Eso no obstaculiza la sostenibilidad. La hace creíble.
