Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina la Ley 27.801, Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el sistema vigente desde 1980 y establece un nuevo marco para los adolescentes de entre 14 y 18 años involucrados en delitos. La principal modificación es la reducción de 16 a 14 años de la edad mínima para quedar sometido a un proceso penal.
La reforma no significa que todo adolescente que cometa un delito vaya automáticamente a prisión, pero crea un régimen específico para menores de 18 años, con sanciones que combinan responsabilidad penal, educación, resocialización y reinserción social. La norma establece expresamente que las medidas aplicadas deben orientarse también a desarrollar la educación, el trabajo y la conciencia sobre la gravedad del hecho cometido.
El cambio alcanza especialmente a los jóvenes de 14 y 15 años, que bajo el régimen anterior no podían ser responsabilizados penalmente. Desde ahora, pueden ser imputados por hechos previstos en el Código Penal y en las leyes penales especiales, aunque dentro de un sistema diferenciado del destinado a los adultos.
Uno de los límites más importantes de la nueva legislación es que los adolescentes no pueden recibir prisión o reclusión perpetua. La pena privativa de libertad tiene un máximo de 15 años, incluso cuando la escala penal correspondiente al delito sea superior.
La prisión tampoco será la única respuesta disponible. La ley incorpora un conjunto de medidas alternativas que pueden incluir amonestaciones, reglas de conducta, prohibiciones de acercamiento, reparación del daño, actividades educativas y comunitarias y monitoreo electrónico, además de modalidades de privación de libertad diferentes al sistema penitenciario común.
Cuando el encierro resulte necesario, los adolescentes deberán permanecer separados de los adultos. Los establecimientos estarán bajo dirección de personal capacitado y deberán orientarse a la educación, formación, resocialización y reinserción. La propia ley establece que los menores no deben tener contacto con personas adultas detenidas.
La reforma también incorpora una mayor participación de las víctimas. Entre otros aspectos, deberán ser notificadas en determinadas decisiones relacionadas con el cumplimiento de la condena y podrán expresar su opinión cuando corresponda evaluar alternativas al encierro. El nuevo régimen contempla además la responsabilidad civil de los padres o tutores por los daños derivados de los hechos cometidos por los adolescentes, conforme a las reglas establecidas por la legislación.
El cambio representa, así, una modificación profunda del sistema argentino: desde ahora, un adolescente de 14 años puede enfrentar un proceso penal, pero bajo un régimen propio que busca combinar responsabilidad por el delito, sanción y reinserción social.
