A veces los hechos aislados parecen simples coincidencias. Pero cuando varias piezas comienzan a encajar al mismo tiempo, la pregunta deja de ser caprichosa y merece ser formulada. Lo ocurrido en las últimas horas tras las declaraciones de una senadora paraguaya plantea precisamente esa inquietud: ¿se activó en Paraguay una nueva ofensiva para instalar la agenda globalista bajo la bandera de la lucha contra la discriminación?
Todo comenzó con la reacción del futbolista francés Kylian Mbappé, quien afirmó que «nunca permitirá que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por el mundo». Más allá de la polémica deportiva que originó el episodio, la frase trascendió el ámbito del fútbol y rápidamente encontró eco dentro del debate político paraguayo.
La primera en recoger el guante fue la senadora Esperanza Martínez. Casi de inmediato utilizó sus redes sociales para insistir en la necesidad de desempolvar el proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación, una iniciativa que lleva años generando una fuerte discusión en el país por las implicancias que muchos consideran tiene sobre la libertad de expresión y la libertad de conciencia.
La secuencia no terminó allí y distintos actores de un mismo sector comenzaron a alzar sus voces reclamando exactamente lo mismo.
Eduardo Quintana, director del portal Ciencias del Sur, sostuvo que si Paraguay realmente está comprometido con la lucha contra el racismo y la xenofobia, el Poder Legislativo tiene la obligación de tratar inmediatamente esa ley.
Leonardo Gómez Berniga también aprovechó la coyuntura para insistir en que Paraguay es el único país del Mercosur que aún no cuenta con una legislación de ese tipo y cuestionó a quienes históricamente se opusieron a su aprobación.
A la lista se sumó la abogada Alejandra Peralta Merlo, quien recordó que Paraguay continúa siendo el único país de Sudamérica y del Mercosur sin una ley integral contra toda forma de discriminación, utilizando el episodio como argumento para reclamar nuevamente su tratamiento parlamentario.
Resulta llamativo que un hecho originado por un comentario en redes sociales termine convirtiéndose, casi instantáneamente, en la plataforma perfecta para reinstalar un proyecto legislativo largamente impulsado por los mismos sectores políticos e ideológicos.
Pero la paradoja no termina ahí.
Mientras algunos reclaman una nueva legislación para castigar determinadas expresiones, la propia defensa pública ensayada por la senadora Celeste Amarilla recurrió a otra norma ampliamente cuestionada: la Ley 5777, en su apartado sobre violencia política contra las mujeres. Es decir, incluso quienes hoy aparecen como destinatarios de la censura terminan apelando a instrumentos jurídicos que también amplían la intervención del Estado sobre el debate político.
Sin embargo, la cuestión de fondo va mucho más allá de una discusión legislativa. Lo verdaderamente preocupante es la naturalidad con la que algunos parecen aceptar que un pronunciamiento proveniente de Francia o incluso de integrantes de su Congreso deba convertirse automáticamente en una presión sobre las instituciones paraguayas.
El Congreso Nacional no tiene obligación alguna de reafirmar principios, modificar leyes o responder políticamente porque un legislador francés, una comisión parlamentaria extranjera o una figura del deporte internacional manifiesten su descontento por las expresiones de una senadora paraguaya.
Paraguay es una República soberana que no forma parte de la Unión Europea, no está sometido a sus tribunales y no responde a sus comisiones parlamentarias. Y mucho menos debería adaptar su legislación para satisfacer las sensibilidades políticas o culturales de otros países.
Las preguntas entonces resultan inevitables: ¿Somos realmente una Nación soberana o solo repetimos esa palabra en los discursos oficiales? ¿Defendemos la no injerencia extranjera únicamente cuando conviene políticamente? ¿O estamos dispuestos a permitir que debates importados terminen condicionando nuestras leyes y nuestras libertades?
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa quiénes hoy pretenden erigirse en árbitros universales de la tolerancia. La Francia que exige moderación en el lenguaje es la misma que hace apenas dos años convirtió la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en un espectáculo donde miles de millones de cristianos se sintieron burlados cuando la escena fue interpretada por un grupo de grotescos hombres disfrazados
Quienes entonces apelaron a la libertad artística y minimizaron la ofensa religiosa, hoy parecen descubrir, de repente, los límites del respeto cuando las expresiones provienen de otros.
No sorprende, entonces, que los principales impulsores de la ley antidiscriminación sean los mismos sectores que durante años promovieron la cultura de la cancelación, impulsaron mecanismos para silenciar voces disidentes y buscaron desacreditar sistemáticamente a quienes sostienen posiciones conservadoras sobre la vida, la familia, la educación, la producción nacional o la identidad cultural.
La experiencia de numerosos países demuestra que conceptos jurídicos abiertos y ambiguos pueden transformarse fácilmente en instrumentos para restringir el debate público. Lo que comienza persiguiendo el discurso de odio suele terminar limitando opiniones legítimas, creencias religiosas, posiciones filosóficas o simples discrepancias políticas.
Paraguay enfrenta hoy una decisión mucho más trascendente que la aprobación o el rechazo de una ley. Debe decidir si continuará defendiendo un modelo basado en la libertad de expresión, la soberanía legislativa y el pluralismo de ideas, o si permitirá que agendas impulsadas desde organismos internacionales, gobiernos extranjeros o redes ideológicas transnacionales terminen redefiniendo los límites del debate democrático.
Los paraguayos pueden discrepar profundamente entre sí. Esa es precisamente la esencia de una sociedad libre. Al fin y al cabo, como se atribuye a Voltaire: «Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.» Ese principio, más que una frase célebre, sigue siendo uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad verdaderamente libre.
