La suspensión de las máximas autoridades del Tribunal Constitucional polaco desató una crisis institucional. Sus responsables denuncian una operación impulsada por el Gobierno de Donald Tusk para desplazar a quienes han frenado la aplicación de determinadas normas europeas y cambios en la legislación sobre el aborto.
La crisis del Tribunal Constitucional de Polonia, se inició cuando se anunció la suspensión temporal de su presidente, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La actual dirección calificó la operación como un intento de golpe de Estado y denunció que la página oficial de la institución había sido tomada. La Policía desplegó efectivos en las inmediaciones del organismo.
El episodio se produce en medio de un enfrentamiento entre el Gobierno proeuropeo de Donald Tusk y los sectores que respaldan a las autoridades actuales del Tribunal. La disputa gira en torno al control de una institución que puede determinar si las leyes se ajustan a la Constitución polaca y que, en los últimos años, emitió fallos contrarios a determinadas interpretaciones del derecho de la Unión Europea.
La tensión con Bruselas tiene antecedentes concretos. La Unión Europea cuestionó la independencia del sistema judicial polaco durante los gobiernos del partido Ley y Justicia y condicionó fondos comunitarios a reformas institucionales. Tras la llegada de Tusk al poder, su Gobierno presentó un plan de cambios judiciales que recibió el respaldo de la Comisión Europea.
Para los sectores que denuncian la operación, ese respaldo europeo forma parte de una presión política destinada a modificar el equilibrio institucional de Polonia. Su acusación es que el Gobierno busca apartar a las autoridades del Tribunal que han defendido la primacía de la Constitución nacional frente a determinadas normas e interpretaciones europeas.
El conflicto también alcanza al debate sobre el aborto. El Tribunal Constitucional polaco dictó en 2020 un fallo que restringió una de las causales legales para terminar un embarazo. La decisión se convirtió en uno de los principales puntos de enfrentamiento entre los sectores conservadores y el Gobierno de Tusk, que impulsa cambios en la legislación.
La suspensión de Święczkowski y Sochański fue anunciada por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien asumió provisionalmente la dirección del Tribunal. La legitimidad de esa decisión es rechazada por la conducción desplazada, ya que Korwin-Piotrowska no cuenta con autoridad legal para ejercer como jueza constitucional por no haber sido juramentada por el presidente polaco como manda la ley.
El presidente Karol Nawrocki regresó a Polonia tras interrumpir un viaje oficial a Senegal y calificó lo ocurrido como un golpe contra el orden constitucional, mientras Tusk defendió las medidas como parte de un proceso para restaurar el Estado de derecho.
Para dimensionar la gravedad de lo ocurrido en Polonia, también debe mencionarse el episodio relacionado con el avión presidencial. El Gobierno de Donald Tusk ordenó denegar el permiso de aterrizaje al avión que transportaba al presidente Karol Nawrocki. Los pilotos militares, sin embargo, desobedecieron la instrucción de la torre de control y aterrizaron de todos modos. El hecho, que apenas tuvo repercusión en los medios tradicionales y circuló principalmente por redes sociales, se suma a la creciente tensión entre el Ejecutivo y la Presidencia.
La crisis deja al Tribunal Constitucional en el centro de una disputa por el poder y por la relación entre la Constitución polaca y las normas europeas. Para sus actuales autoridades, el desplazamiento de sus máximos responsables busca remover un obstáculo institucional a la agenda de Tusk y de Bruselas. La controversia amenaza con profundizar la fractura política del país y reabre el debate sobre los límites de la presión europea en los asuntos internos de sus Estados miembros.
