Buenos Aires acaba de dar un paso que merece una discusión más profunda que la presentada bajo el rótulo de modernidad y “familias multiespecie”: la creación de un cementerio y crematorio público para mascotas, junto con nuevas disposiciones educativas y de protección animal.
El cuidado de los animales y la prevención del maltrato son causas legítimas. Pero una cosa es promover la tenencia responsable y otra convertir las demandas de quienes consideran a sus mascotas parte de la familia en una prioridad de la agenda estatal. Cuando los recursos públicos son limitados, cada nueva iniciativa debe responder una pregunta elemental: ¿es esto lo más urgente que el Estado debe financiar?
En una ciudad donde persisten necesidades en salud, seguridad y educación, destinar fondos, infraestructura y capacidad administrativa a un cementerio y crematorio para animales resulta, como mínimo, discutible. Las autoridades de la ciudad informan que el servicio tendrá un abono “al costo”, con bonificaciones y gratuidad para quienes no puedan pagarlo, pero no ofrece cifras sobre su inversión, mantenimiento ni impacto presupuestario. Sin esos datos, no puede afirmarse cuánto dinero se quitará de otros servicios; sí corresponde exigir que se explique por qué esta iniciativa merece recursos públicos y cómo se garantizará que no desplace necesidades más urgentes.
La cuestión también va más allá del cementerio. La legislación educativa porteña busca incorporar contenidos sobre compasión y bienestar animal, mientras otras propuestas amplían la identificación y la presencia de mascotas en espacios públicos. Es legítimo debatir cómo proteger a los animales, pero resulta preocupante que el Estado avance en reconocerlos como integrantes de “familias multiespecie” sin que la discusión sobre las responsabilidades públicas y las prioridades sociales ocupe el mismo lugar.
Hay, además, un dato que debería invitar a la reflexión: según las cifras citadas en una nota del diario El País, Buenos Aires tiene más perros que menores de 14 años, exponiendo un cambio social significativo: en la ciudad, la población canina supera a la infantil, y la política pública parece adaptarse con rapidez a esa transformación en lugar de intentar revertir esa tendencia.
Una sociedad puede querer y cuidar a sus animales sin confundir ese afecto con las obligaciones centrales del Estado. La protección animal no debería convertirse en una competencia con la atención médica, la educación o la seguridad de las personas. Antes de celebrar cada nueva estructura pública para mascotas, corresponde preguntar si las necesidades básicas de los ciudadanos están suficientemente cubiertas.
El problema no es que los animales reciban cuidado. El problema es que, mientras tantas personas esperan respuestas en áreas esenciales, el Estado presente como avance prioritario la creación de un cementerio y crematorio para mascotas. La compasión también exige establecer prioridades.
