El caso de Estíbaliz Kortazar, una mujer de Basauri que decidió acoger en su vivienda a un migrante norteafricano, terminó convirtiéndose en una experiencia traumática. Según su denuncia, la convivencia derivó en episodios de acoso, insultos y hostigamiento. Cuando dejó de pagar el alquiler y se negó a abandonar la vivienda tras finalizar el acuerdo, Kortazar recurrió a la Policía, pero se encontró con que la recuperación del inmueble debía seguir el correspondiente proceso judicial. La mujer terminó abandonando temporalmente su propia casa y recurriendo a familiares mientras esperaba una solución.
Más allá de las circunstancias particulares del caso, el episodio permite abrir una discusión mucho más amplia sobre los límites de la solidaridad, la inmigración y la capacidad de los Estados europeos para garantizar el cumplimiento de sus propias reglas.
Lo ocurrido en Basauri puede parecer un conflicto estrictamente privado. Sin embargo, contiene en pequeña escala una problemática que Europa enfrenta desde hace años: qué sucede cuando la voluntad de ayudar avanza más rápido que la capacidad institucional para controlar, integrar y hacer cumplir las normas.
Una sociedad puede decidir recibir a personas que necesitan ayuda. Puede ofrecer refugio, oportunidades y mecanismos de integración. Pero esa apertura necesita una condición fundamental: que las reglas continúen siendo las mismas para todos.
La solidaridad no puede convertirse en indefensión.
Europa atraviesa precisamente ese debate. El continente necesita responder a desafíos demográficos, laborales y humanitarios, pero simultáneamente enfrenta problemas relacionados con la inmigración irregular, la integración, la seguridad y la dificultad para ejecutar determinadas decisiones administrativas y judiciales.
La pregunta que surge es inevitable:
¿Puede una sociedad ser abierta sin dejar de proteger a sus propios ciudadanos?
La respuesta debería ser sí. Una política migratoria responsable no tiene por qué elegir entre humanidad y seguridad. Puede recibir a quien necesita protección y, al mismo tiempo, establecer controles sobre quién ingresa, quién permanece, qué obligaciones asume y qué ocurre cuando esas obligaciones son incumplidas.
El problema aparece cuando el Estado pierde capacidad para hacer cumplir sus propias decisiones. Si una persona abre las puertas de su casa para ayudar y posteriormente no consigue recuperar su vivienda con rapidez cuando surge un conflicto, la cuestión deja de ser solamente migratoria. Es también una cuestión de autoridad institucional y de protección de derechos. Y esa es precisamente la lección que puede extraerse del episodio.
Una sociedad que pide a sus ciudadanos que sean solidarios debe garantizar que esa solidaridad no los deje desprotegidos. Quien recibe ayuda tiene derechos, pero quien la ofrece también los tiene.
El debate europeo, por tanto, no debería reducirse a la falsa dicotomía entre “acoger” o “rechazar”. Una sociedad puede acoger y controlar. Puede integrar y exigir integración. Puede respetar las diferencias culturales y, simultáneamente, establecer límites cuando determinadas conductas vulneran las leyes o los derechos de terceros.
La inmigración legal, regulada e integrada es una cuestión distinta de la inmigración irregular sin capacidad efectiva de control.
Y también existe una diferencia entre respetar una cultura y permitir que determinadas normas comunitarias sustituyan a la ley común.
El principio debería ser sencillo: una sola ley, los mismos derechos y las mismas obligaciones.
El caso de Basauri no permite convertir la conducta de un individuo en una condena contra todos los migrantes. Pero sí permite formular una pregunta que Europa ya no puede seguir esquivando:
¿De qué sirve pedirle a la ciudadanía que sea solidaria si el Estado no puede garantizar que esa solidaridad sea compatible con la seguridad, la propiedad y los derechos de quienes la practican?
Europa no necesita menos humanidad. Necesita instituciones suficientemente fuertes para que la humanidad no termine convirtiéndose en indefensión.
