Una mirada crítica sobre financiamiento, validación, metodología científica y realidad productiva del Chaco paraguayo
Paraguay necesita indicadores propios para evaluar la sostenibilidad de su ganadería. Pero antes de convertirlos en un “Estándar Nacional” corresponde discutir quién define las variables, con qué metodología y bajo qué arquitectura institucional y financiera.
El documento fue elaborado en el marco de FOLUR Paraguay, proyecto implementado por UNEP y financiado por el Global Environment Facility. El GEF aporta USD 8,19 millones, mientras que el proyecto prevé otros USD 47,57 millones de cofinanciamiento, para una arquitectura financiera proyectada superior a USD 55,7 millones.
Ese cofinanciamiento no equivale a dinero ya desembolsado ni proviene de una sola fuente. Comprende compromisos en efectivo y en especie de organismos internacionales, instituciones públicas paraguayas, empresas privadas, gobiernos locales y actores productivos. Entre los aportantes documentados durante la ejecución figuran UNEP, CCN, MADES, Cargill, municipios, la Gobernación de Boquerón y productores del Chaco y del BAAPA. También existen compromisos cuya materialización o documentación todavía presentaba dificultades.
La cooperación internacional no invalida un trabajo técnico. Pero semejante estructura financiera vuelve legítima una pregunta: ¿el país está definiendo sus indicadores a partir de su propia realidad científica y productiva o incorporando variables que ya vienen determinadas por los objetivos y resultados del programa que financia y articula su elaboración?
La pregunta cobra mayor relevancia porque el documento se presenta como “consensuado y validado”, mientras que en su propio contenido se reconoce como una primera aproximación, revisable y de aplicación progresiva. También consigna que, tras su socialización, no fueron recibidas observaciones de forma ni de contenido. Pero ausencia de comentarios no equivale necesariamente a validación científica.
Tampoco el proceso de FOLUR fue completamente lineal. Su informe oficial de implementación de 2024 reconoce que hubo solicitudes de ajustes al documento del proyecto y al enfoque de sus acciones, y que ello dificultó la construcción de alianzas estratégicas con actores entre los que aparecen UNICOOP y FECOPROD. Posteriormente MADES y FECOPROD avanzaron en un acuerdo de trabajo conjunto. Esto no permite afirmar que FECOPROD haya rechazado específicamente el Estándar, pero sí demuestra que la orientación del programa no estuvo exenta de objeciones dentro del propio sector productivo.
El punto científicamente más sensible aparece en los indicadores de gases de efecto invernadero.
Aquí resulta especialmente relevante el aporte del Dr. Albrecht Glatzle, investigador de extensa trayectoria en el estudio de los agroecosistemas y sistemas pastoriles del Chaco paraguayo. Su crítica no consiste simplemente en discutir una cifra, sino en cuestionar la metodología de atribución.
El Dr. Glatzle plantea que no debería computarse como enteramente antropogénica la emisión de un sistema ganadero sin considerar previamente qué emisiones habría producido el ecosistema natural en ausencia de esa actividad. Propone, en otras palabras, incorporar un contrafactual ecológico. También cuestiona que determinadas emisiones de metano y N₂O puedan atribuirse automáticamente a la ganadería sin considerar los ciclos naturales preexistentes.
La objeción adquiere todavía mayor importancia porque el propio Estándar reconoce limitaciones para cuantificar adecuadamente la captura de carbono en suelos y biomasa. Una estimación de emisiones brutas, si no incorpora adecuadamente capturas, emisiones naturales y contrafactuales, no debería convertirse automáticamente en una medida integral del desempeño ambiental.
El agua ofrece otro ejemplo de por qué un indicador uniforme puede producir conclusiones equivocadas cuando se aplica a realidades ecológicas muy diferentes. El Dr. Albrecht Glatzle señala que en buena parte del Chaco la ganadería utiliza sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia dentro de las propias explotaciones, por lo que ese recurso no compite necesariamente con fuentes destinadas al abastecimiento humano.
Por otro lado, debemos recordar la realidad del Sistema Acuífero Yrendá. Sus aguas se encuentran a profundidades considerables y, en los sectores analizados, no reúnen condiciones de potabilidad para consumo humano. Su aprovechamiento exige perforación, bombeo e infraestructura, de modo que tampoco puede tratarse como si se estuviera restando automáticamente agua potable y accesible a las poblaciones del territorio.
Por eso, el indicador ambientalmente relevante no debería limitarse a cuántos litros consume el ganado, sino evaluar qué presión efectiva ejerce ese consumo sobre agua potable, accesible y realmente disponible para usos alternativos.
La diferencia es sustancial.
El problema de fondo no es medir. Paraguay debe medir, pero debe hacerlo mejor.
El Estándar contiene variables útiles sobre productividad, eficiencia reproductiva, cobertura forestal, ecosistemas naturales, trazabilidad y bienestar animal. La dificultad aparece cuando indicadores metodológicamente discutibles adquieren la apariencia de parámetros objetivos de sostenibilidad y pueden luego trasladarse a certificaciones, requisitos comerciales, financiamiento o futuras exigencias regulatorias.
La cooperación internacional puede fortalecer capacidades nacionales. Lo que no debería hacer es sustituir la capacidad del país de formular sus propias preguntas.
Por eso el aporte científico del Dr. Albrecht Glatzle merece una respuesta científica igualmente rigurosa. Sus objeciones sobre atribución de emisiones, ciclos naturales, agua y funcionamiento de los agroecosistemas no deberían quedar fuera de una discusión que pretende culminar en un estándar verdaderamente nacional.
Paraguay necesita demostrar la sostenibilidad de su ganadería. Pero la definición de sostenibilidad también debe resistir el examen científico de la realidad paraguaya.
