Una nueva ofensiva contra las estructuras dedicadas al narcotráfico permitió asestar un importante golpe a la producción de marihuana en el este del país. La Operación Nueva Alianza 57, desarrollada durante 12 días en zonas boscosas de Canindeyú y Caaguazú, culminó con la destrucción de 44 campamentos utilizados por organizaciones criminales y la anulación de más de 671 toneladas de marihuana, según informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El operativo permitió intervenir 222 hectáreas de cultivos de marihuana, cuyo potencial de producción fue estimado en 666.000 kilogramos de la droga. A esta cantidad se sumaron otros 5.250 kilogramos de marihuana que ya se encontraban procesados y listos, llevando el total de estupefacientes anulados a 671.250 kilogramos.
El perjuicio económico estimado para las organizaciones criminales alcanza los USD 100.687.500, representando un golpe directo a la capacidad productiva y financiera de las estructuras dedicadas al narcotráfico.
Las acciones se desplegaron mediante incursiones aéreas y terrestres, con la participación de agentes antidrogas y miembros de fuerzas especiales. El procedimiento contó además con el apoyo de la Policía Federal de Brasil, la Fuerza Aérea Paraguaya, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y el Ministerio Público, en un trabajo coordinado para localizar y destruir los puntos utilizados por las organizaciones criminales.
Uno de los aspectos más relevantes del operativo fue el territorio en el que se encontraban instalados varios de los cultivos. Las intervenciones alcanzaron sectores considerados de especial valor ambiental, incluyendo la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, la Reserva Natural Morombí, la Reserva Natural Caaguazú y la Estancia Pindó.
La utilización de áreas naturales protegidas para desarrollar actividades vinculadas al narcotráfico vuelve a poner en evidencia una problemática que trasciende la producción y comercialización de drogas. La instalación de cultivos ilícitos en zonas boscosas implica también la transformación del territorio y el avance de actividades asociadas a la deforestación, degradación y destrucción de ecosistemas.
En ese sentido, la operación representa un doble impacto sobre las organizaciones criminales: por un lado, reduce su capacidad para producir y generar ingresos mediante el tráfico de marihuana y, por otro, permite intervenir sobre actividades ilícitas que afectan directamente a áreas naturales de alto valor.
Con la destrucción de las plantaciones y el desmantelamiento de los campamentos, las autoridades buscan impedir que estos espacios continúen funcionando como centros de producción y logística para las estructuras del narcotráfico.
El resultado de Nueva Alianza 57 deja así una cifra que dimensiona la magnitud de la intervención: 222 hectáreas de cultivos eliminadas, 44 campamentos desmantelados y 671.250 kilogramos de marihuana anulados, con un perjuicio económico calculado en más de USD 100 millones para el crimen organizado.
