En Suramérica dos países andinos y dominados por la izquierda castro-chavista vivenciaron, como correspondía legalmente, procesos electorales que implicaron justamente la elección de Presidente de la República, nos estamos refiriendo concretamente a los casos de Perú y Colombia, cronológicamente hablando.
Conforme a la tendencia en las Américas a partir de 2023 con la elección de Javier Milei como Presidente en Argentina, la región ha experimentado un fuerte retroceso de la izquierda, pues, apenas han logrado mantener el gobierno en Brasil, Uruguay, México, además de los gobiernos de izquierda moderada o progresistas como los casos de Guatemala, Guyana, Surinam y algunas islas de El Caribe anglófono.
Los dos casos más emblemáticos de este franco proceso de retroceso de la izquierda en la región lo representan justamente Perú y Colombia. El primero, estuvo inmerso en una prolongada crisis presidencial con Pedro Castillo, quien se juramentó en julio de 2021 y que en diciembre de 2022 tras su auto-golpe, fue destituido y encarcelo, seguido por tres mandatarios: su Vice-Presidente Dina Boluarte, José Jeri hasta el actual mandatario el octogenario José María Balcázar y; el segundo caso lo represente el guerrillero del M-19, Gustavo Petro, alias “El Cacas”.
Ahora bien, Ud. se preguntará ¿por qué luego de las elecciones están las democracias de Perú y Colombia bajo golpes de Estado en gestación? Comenzaré primero por Perú que es el caso más inmediato. Como todos saben ya, luego de un tanto controversial proceso electoral y ni hablar del proceso de escrutinio, finalmente la autoridad electoral proclamó a Keiko Fujimori Presidente Electa de Perú y deberá jurar su cargo el 28 de julio del presente año.
Luego de todos los intentos de trampas, de invalidar el conteo e impugnar el proceso, incluso el propio Presidente Balcázar en franca violación a la Constitución asomó la posibilidad de anular los votos de los peruanos en el exterior (que básicamente cristalizaron el triunfo de Fujimori), finalmente la izquierda representada por el delfín de Castillo, Roberto Sánchez aceptó su derrota. Pero, como buenos izquierdistas castro-chavistas, no creen en la democracia y se conducen con total desprecio a la voluntad del pueblo, por ello ya tienen un plan: el Presidente Balcázar antes de fenecer su mandato decretará el indulto del golpista Pedro Castillo.
Al hacerlo minará el campo para que cuando asuma Fujimori, ésta se vea obligada a derogar el indulto a Castillo y a partir de allí todos los operadores de la izquierda y terrorismo urbano tendrán la excusa perfecta para destruir Lima, bloquear arterias viales claves del Perú y poner en jaque al gobierno recién instalado, en crudo, fabricar “un muerto” para luego eyectar del gobierno a Fujimori como lo hicieron ya en su momento con el Presidente Manuel Merino. La estrategia está echada, sólo resta esperar como se desenvuelven los acontecimientos.
En cuanto a Colombia, la situación tampoco es distinta, sólo que es más evidente y sin ningún tipo de desparpajo el propio presidente Gustavo Petro se quitó su falsa careta de demócrata y asumió un rol tiránico, al desconocer el resultado de la elección presidencia anunciada por la propia autoridad electoral legalmente constituida.
Hoy Petro convertido en un típico tirano más está violando la Carta Magna de Colombia, no sólo al no reconocer el resultado, sino primero al señalar reiteradamente y sin pruebas que hubo un fraude electoral al afirmar en su cuenta de X: “Pudieron con inteligencia artificial y softwares variar la elección de Colombia en forma diferente a la elección verdaderamente popular” y peor aún, al afirmar que “El presidente de Colombia es Iván Cepeda”, tal como lo recogió El País de España el pasado 6 de julio de 2026.
Con ello ha usurpado las funciones del Consejo Nacional Electoral (el único Poder del Estado de Colombia con la facultad de proclamar autoridades electas); segundo, dinamita el proceso de transición que administrativamente debe ser realizado para facilitar el cambio de mando y tercero, que es lo peor, sienta las bases para quebrar la institucionalidad y abre la ventana para las típicas acciones del terrorismo urbano, como ocurrió ya durante el gobierno de Iván Duque.
En fin, los gobiernos castro-chavistas tanto Perú como de Colombia, en franco desprecio a la voluntad popular, en las postrimerías de sus gobiernos han actuado de manera absolutamente criminal llenado en campo de minas de modo con miras a que se produzcan estallidos urbanos conducentes al derrocamiento de los gobiernos legítimos democráticamente electos como son los casos de Fujimori y De la Espriella. El llamado hoy desde esta tribuna es a la Fuerza Armada de estos países a mantenerse de manera inquebrantable obediente a la Constitución Nacional y el gobierno legítimo, así como también a los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay a dar el apoyo político para el mantenimiento de la democracia, la paz y la seguridad en la región.
