La Unión Europea impulsa sus nuevas restricciones como una herramienta para combatir la deforestación y promover cadenas de producción sostenibles. Sin embargo, surge una pregunta cada vez más frecuente: ¿hasta qué punto estas exigencias responden realmente a una preocupación ambiental y cuánto tienen que ver con la necesidad de proteger a los productores europeos frente a la creciente competitividad de países como Paraguay?
El debate tomó fuerza tras la entrada en vigor del Reglamento 1115, que exigirá una compleja trazabilidad para productos como carne bovina, soja, café, cacao, madera y otros bienes agroindustriales.
La normativa establece que no podrán ingresar al mercado europeo productos provenientes de áreas deforestadas después de diciembre de 2020 y obliga a los exportadores a demostrar el origen exacto de su producción mediante sistemas de georreferenciación y controles adicionales.
En teoría, el objetivo es noble. Nadie puede estar en contra de la conservación ambiental. El problema aparece cuando se observa que muchos países europeos mantienen subsidios agrícolas multimillonarios para proteger a sus propios productores.
Mientras, paralelamente, elevan las barreras de acceso para competidores externos. La consecuencia práctica es que cada nueva exigencia implica mayores costos administrativos, tecnológicos y financieros para los exportadores sudamericanos.
Paraguay tiene motivos para observar con cautela este proceso. La carne y la soja constituyen dos de los pilares de las exportaciones nacionales y ambas cadenas productivas aparecen directamente alcanzadas por las nuevas regulaciones europeas.
La preocupación del sector productivo no radica únicamente en cumplir con estándares ambientales, sino en que estos requisitos terminen convirtiéndose en obstáculos comerciales difíciles de superar, especialmente para productores medianos y pequeños.
La paradoja resulta evidente. Mientras Bruselas endurece controles sobre productos agropecuarios importados, la propia Unión Europea continúa revisando y flexibilizando aspectos de la normativa cuando determinados sectores internos consideran que las exigencias afectan su competitividad. La reciente discusión sobre excluir algunos productos de la regulación demuestra que la política también juega un papel importante en estas decisiones.
Esto no significa que Paraguay deba rechazar los estándares ambientales. Por el contrario, la sostenibilidad será cada vez más importante para acceder a mercados de alto valor. Sin embargo, es necesario preguntarse si las reglas están siendo aplicadas de manera equilibrada o si terminan funcionando como nuevas formas de proteccionismo comercial bajo una narrativa ambiental.
Ante esta situación y por los antecedentes ya existentes sobre ciertas posturas de la Unión Europea, es necesario que las negociaciones internacionales garanticen condiciones justas para los países productores.
De lo contrario, existe el riesgo de que la bandera de la sostenibilidad termine siendo utilizada como un mecanismo para limitar la competencia de economías emergentes que hoy producen alimentos de manera más eficiente y a menores costos que buena parte del viejo continente.
