Hay políticas que nacen con una etiqueta difícil de cuestionar: “verde”, “sostenible”, “limpia”. Y justamente por eso, pocas veces se hace la pregunta más incómoda: ¿realmente funcionan?
En «El optimista racional», Matt Ridley utiliza el caso de los biocombustibles para cuestionar una de esas políticas que, a primera vista, parecen incuestionablemente virtuosas. Su argumento es provocador: convertir alimentos y tierras agrícolas en combustible puede terminar generando consecuencias ambientales, económicas y sociales peores que aquellas que pretendía solucionar.
El razonamiento es sencillo. Para producir biocombustibles se necesita tierra. Y esa tierra tiene usos alternativos: producir alimentos, conservar bosques o mantener ecosistemas. Cuando una parte creciente de la superficie agrícola comienza a destinarse a llenar los tanques de los automóviles, aparece una competencia que no puede ignorarse: comida contra combustible.
Ridley pone especial énfasis en el caso del etanol producido a partir de maíz. Según los datos que analiza en el libro, durante determinados años una proporción considerable del incremento de la cosecha estadounidense de maíz terminó destinada a producir etanol. El resultado fue una presión adicional sobre los precios de los alimentos, precisamente en un mundo donde los sectores más pobres son quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a comer.
Y aquí aparece la primera gran paradoja. Una política diseñada para proteger el ambiente puede terminar utilizando más tierra, encareciendo alimentos y ejerciendo presión sobre ecosistemas.
El problema se vuelve todavía mayor cuando el cultivo destinado a combustible provoca la expansión de la frontera agrícola. Si producir energía requiere ocupar nuevas superficies, el supuesto beneficio ambiental puede quedar seriamente cuestionado. Ridley sostiene que los llamados cambios indirectos de uso de suelo pueden generar una “deuda” de carbono considerable cuando se destruyen bosques para producir cultivos energéticos.
Pero quizás la enseñanza más importante del capítulo no está en defender al petróleo ni en condenar automáticamente a los biocombustibles. Está en desconfiar de las soluciones que se vuelven intocables por estar acompañadas de buenas intenciones.
Una política pública no debería ser evaluada por el nombre que lleva, sino por sus resultados. Si un combustible necesita subsidios para competir, consume recursos que podrían destinarse a otros sectores, utiliza tierras que podrían producir alimentos y no consigue el beneficio ambiental esperado, entonces corresponde detenerse y revisar la estrategia.
Eso no significa rechazar la innovación energética. Todo lo contrario. La tesis general de Ridley es que el progreso surge cuando la sociedad encuentra formas cada vez más eficientes de hacer más con menos, y que la tecnología puede permitir producir energía utilizando una menor cantidad de territorio y recursos.
Y ahí está la verdadera discusión. No se trata de decidir qué tecnología es moralmente “buena” y cuál es “mala”. Se trata de preguntarnos cuánta energía, tierra, agua, capital y trabajo necesitamos para obtener una determinada cantidad de energía útil.
Porque si para fabricar un combustible “verde” necesitamos consumir enormes cantidades de recursos, tal vez no estemos resolviendo el problema, lo estamos trasladando de lugar.
La lección de «La locura de los biocombustibles» resulta incómoda precisamente por eso. Obliga a mirar detrás de las etiquetas y a recordar que una política ambiental puede producir efectos perversos cuando se diseña desde el entusiasmo y no desde la evidencia.
Ser ambientalmente responsable no significa aceptar cualquier solución por el simple hecho de llamarse sostenible. Significa medir sus costos, sus beneficios y sus consecuencias no deseadas.
Y, sobre todo, tener la suficiente honestidad intelectual para admitir que una política puede haber nacido de una buena intención y, aun así, ser una mala idea.
