Investigación basada en datos verificables, del Chaco paraguayo a la escala global
Hay una pregunta que rara vez se responde con cifras: ¿cuánto pesa realmente el cristianismo —no como creencia, sino como infraestructura— en el sostenimiento de la vida cotidiana de millones de personas? No se trata de teología ni de debate ideológico. Se trata de contar camas de hospital, presupuestos ejecutados, hectáreas de tierra, litros de agua entregados y comparar quién los puso. Cuando se hace ese ejercicio, el resultado incomoda tanto a quienes ven en la religión una amenaza para las libertades como a quienes prefieren no hablar de números.
Empecemos por nuestro propio país.
El Chaco paraguayo: un Estado que llega tarde y una red que no se fue
En el Chaco Central paraguayo —una de las regiones más aisladas del continente— tres colonias menonitas (Chortitzer, Fernheim y Neuland) llevan casi un siglo haciendo lo que, en teoría, le corresponde al Estado. No es una metáfora: es historia documentada y presupuesto ejecutado con datos verificables.
Las cooperativas menonitas representan entre el 6% y el 7% del PIB nacional paraguayo, pese a concentrar menos del 1% de la población del país. Las ganancias, o al menos parte de ellas no se queda en cuentas privadas: se reinvierte en infraestructura pública de facto. Tres frigoríficos de la zona concentran cerca del 30% de toda la carne que Paraguay exporta, y las cooperativas chaqueñas —junto con las de la Región Oriental— producen aproximadamente el 90% de la leche industrializada del país.
Ese músculo agroindustrial es, literalmente, la caja de la que salen caminos, electricidad y hospitales. Un estudio académico sobre el Chaco Central lo resume sin rodeos:
Las colonias «tomaron responsabilidades que el Estado no siempre asumió: electrificación, caminos, agua potable, servicios financieros, salud y educación». Hoy, «las tres colonias cuentan con hospitales de primer nivel que asisten tanto a sus miembros como a pobladores externos».
La acción territorial es tan concreta que se mide en motoniveladoras: en los barrios céntricos de Filadelfia, Loma Plata o Neuland, el mantenimiento de calles corre por cuenta de las cooperativas; en los barrios de origen indígena o no menonita, la responsabilidad recae en municipalidades con presupuestos muy inferiores.
El brazo social tiene nombre: ASCIM
La Asociación de Servicios de Cooperación Indígena-Menonita (ASCIM) es el instrumento formal de esa transferencia de recursos. En 2025 manejó un presupuesto de 34.817 millones de guaraníes (unos USD 4,6 millones), prácticamente equilibrado entre ingresos y egresos. Casi la mitad de ese dinero —47%— proviene de las contribuciones directas de las tres colonias vía la Fundación Tres Colonias y las iglesias menonitas. El otro 43% lo genera la propia ASCIM vendiendo servicios de salud, educación y producción agropecuaria a sus beneficiarios.
Con ese presupuesto, ASCIM atiende bajo convenio anual a 18 comunidades indígenas, financia cerca del 90% del costo de estudios técnicos para jóvenes indígenas —con internado incluido— y sostiene el Sanatorio ASCIM en Yalve Sanga, que en 2025 realizó 300 cirugías y estrenó equipamiento de anestesia de última generación. El modelo, según describen sus propios responsables, es «no regalar, sino comprar producción y fortalecer», compran leche a productores no socios de Pirizal, Santa Cecilia y Campo Aceval, en lugar de limitarse a donaciones asistenciales.
La comparación con el gasto estatal en la misma región resulta reveladora. El hospital regional público de Filadelfia tiene alrededor de 50 camas; las tres clínicas menonitas suman más de 150 camas de internación y albergan el primer equipo ZAP-X de radiocirugía cerebral de toda Sudamérica, instalado en Neuland. Más del 70% de las internaciones complejas del departamento de Boquerón se resuelven en hospitales cooperativos, no estatales.
En educación técnica, mientras el Estado ofrece escuelas básicas, ASCIM sostiene colegios técnicos, internados y becas que cubren el 90% del costo, en comunidades donde la deserción escolar estatal supera el 60%. En infraestructura, mientras el BID presta 100 millones de dólares para rutas nacionales en todo Paraguay, las cooperativas invirtieron 2 millones de dólares propios en el Instituto Chaqueño de Biotecnología Animal y tramitan una inversión estimada de 80 millones de dólares para convertirse en distribuidoras eléctricas de la región.
Veinte años de números, puestos uno al lado del otro
Una reconstrucción prudente —con la salvedad de que ni el Estado ni ASCIM publican series históricas completas— estima que entre 2005 y 2025 la red cristiana menonita (ASCIM más obras cooperativas) invirtió entre 210 y 260 millones de dólares en salud, educación técnica, caminos, agua y electrificación en el Chaco Central.
En el mismo período, el Estado paraguayo destinó de forma directa a esas 18 comunidades indígenas entre 25 y 35 millones de dólares, repartidos entre viviendas puntuales (604 entregadas en 2024-2025), compra mínima de tierras —el INDI solo tiene presupuesto en 2026 para adquirir 106 hectáreas en todo el país, frente a una demanda indígena de 56.077 hectáreas valuadas en 142,8 millones de dólares— y asistencia de emergencia (405.000 litros de agua y 27.000 kits alimentarios entregados en 2024, junto con asistencia a 651 familias por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
La cooperación internacional canalizada hacia esas mismas comunidades —Taiwán, BID, Banco Mundial, AECID— aporta una cifra comparable a la del Estado: entre 25 y 35 millones de dólares en dos décadas.
El resultado, expresado como proporción: por cada guaraní que el Estado paraguayo puso de forma directa en esas comunidades durante veinte años, la red cristiana menonita puso entre 7 y 8. Y lo hizo, subraya el propio estudio, «de forma continua, no solo en campaña electoral o inundación». La diferencia clave no es solo de magnitud sino de constancia: el Estado entrega una vivienda o un kit cuando hay ocasión mediática; ASCIM paga sueldos de docentes, enfermeros y técnicos los doce meses del año. Entonces, ¿Es razonable ver a la cultura cristiana como una amenaza a los derechos de las personas como hoy se plantea desde grupos ideologizados?
De lo local a lo global: un patrón que se repite
Lo que ocurre en el Chaco paraguayo no es una anomalía folclórica, sino la expresión local de un patrón que se repite, con variaciones, en buena parte del mundo.
Salud. Tanto las iglesias protestantes, las ortodoxas en sus diferentes variantes como la iglesia católica han sido históricamente el gran soporte de ayuda a las comunidades de todo el mundo, al menos donde no son perseguidas. La Iglesia católica en particular es hoy el mayor proveedor no gubernamental de atención sanitaria del planeta: gestiona cerca de 18.000 clínicas, 16.000 residencias para personas mayores o con necesidades especiales, y 5.500 hospitales, lo que según el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud representaba en 2010 el 26% de los centros sanitarios del mundo, con el 65% de esas estructuras ubicadas en países en desarrollo. La red hospitalaria cristiana global cubre, según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2006, aproximadamente el 40% de los servicios de salud en el África subsahariana. En Brasil, más del 50% de las atenciones del sistema público de salud (SUS) se realizan en Santas Casas y hospitales filantrópicos, la gran mayoría de origen católico —y más del 60% de esas instituciones operan con déficit, sosteniéndose por donaciones y no por presupuesto público.
Este fenómeno tiene raíz histórica profunda. El primer hospital documentado de Occidente fue fundado hacia el año 390 por Fabiola de Roma; Basilio de Cesarea construyó hacia el 370 un complejo con hospital, leprosería y hospicio en Capadocia; Carlomagno decretó un hospital por cada catedral y monasterio, y durante el siglo X los monasterios eran los principales proveedores hospitalarios de Europa. El historiador Geoffrey Blainey describió ese sistema medieval como una versión primitiva del Estado de bienestar.
Educación. La red escolar católica actual matricula a 62 millones de niños en el mundo, con 6 millones más en instituciones de enseñanza superior; existen cerca de 1.861 universidades y colegios católicos, de los cuales 233 están en Estados Unidos. En ese país, las escuelas católicas gradúan al 99% de sus estudiantes de secundaria —frente al 39,5% de asistencia universitaria de la escuela pública, contra el 85,7% de la católica— y, según estimaciones basadas en el costo público promedio por alumno, ahorran a los contribuyentes casi 22.000 millones de dólares anuales. Las primeras universidades del mundo occidental —Bolonia (1088), París (1150), Oxford (1167)— nacieron de instituciones eclesiásticas: de las primeras 62 universidades europeas, unas 54 fueron fundadas por la Iglesia o con su patrocinio directo. En amplias zonas de África, más de la mitad de la infraestructura educativa fue construida por misiones cristianas antes de los procesos de independencia.
Derechos y libertades. La abolición del comercio de esclavos en el Imperio británico —el Slave Trade Act de 1807— fue el resultado de 18 años de campaña parlamentaria liderada por William Wilberforce, diputado evangélico que había presentado ocho proyectos fallidos antes de conseguirlo; esa ley abrió el camino a la abolición total en 1833. El movimiento abolicionista angloamericano estuvo mayoritariamente impulsado por cuáqueros, metodistas y evangélicos. Frederick Douglass empleó argumentos bíblicos en sus discursos más influyentes; Harriet Tubman guió a unas setenta personas hacia la libertad citando explícitamente su fe como motivación. En América Latina, el dominico Bartolomé de las Casas fue el primer defensor legal documentado de los derechos de los pueblos indígenas ante la Corona española, lo que derivó en las Leyes Nuevas de 1542. Casi cuatro siglos más tarde, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos se organizó logísticamente desde las iglesias negras y fue liderado por un pastor bautista, Martin Luther King Jr., cuyos discursos son inseparables de la tradición del Evangelio Social.
Asistencia humanitaria contemporánea. Caritas Internationalis —la segunda red humanitaria más grande del mundo después de la Cruz Roja— reúne a 162 organizaciones nacionales presentes en más de 200 países y reportó en 2022 asistencia directa a más de 90 millones de personas. Solo Caritas España invirtió 457 millones de euros en 2022 y ayudó a 2,8 millones de personas. World Vision atiende a 33 millones de beneficiarios al año en 100 países; Catholic Relief Services, a 170 millones en 109 países. En Estados Unidos, las organizaciones religiosas —mayoritariamente cristianas— operan cerca del 30% de los comedores comunitarios y bancos de alimentos, según Feeding America.
América Latina: el mapa de las ausencias que otros llenan
El patrón chaqueño se replica, con matices, en toda la región. En Argentina, Caritas quintuplicó su atención en 2021 hasta alcanzar a casi 689.000 personas —el 1,5% de la población nacional asistida en un solo año por una sola red eclesial— mientras el 6,5% de los hogares argentinos recurría a un comedor comunitario, en su mayoría parroquial. En Colombia, ante el desplazamiento de más de 20.000 personas en la región del Catatumbo, fue la Iglesia y no el gobierno nacional quien lanzó primero la distribución de alimentos; solo en 2025, Caritas Colombiana respondió a 24 emergencias distintas asistiendo a más de 3.000 familias. En Paraguay, sin que exista una estadística oficial consolidada, la Iglesia sigue siendo en departamentos como Alto Paraguay o Boquerón el único proveedor de servicios sociales permanente: la única clínica en cien kilómetros suele ser la de una misión.
Una conclusión que no necesita adjetivos
Ninguno de estos datos pretende negar los abusos cometidos históricamente por personas vinculadas a instituciones religiosas, ni convertir la fe en una imposición. Lo que documentan es otra cosa, más modesta y más difícil de rebatir: que allí donde el aparato estatal llega tarde, llega poco o no llega, una red de instituciones de origen cristiano —desde una cooperativa menonita en el Chaco hasta Caritas en Bogotá— ha sostenido durante siglos, y sostiene hoy, con presupuesto propio y ejecución sostenida en el tiempo, servicios que en cualquier definición moderna del Estado deberían ser garantía pública: salud, educación, agua, vivienda y protección de los más vulnerables.
Los números no hacen apología. Simplemente están ahí, esperando que alguien los sume.
Fuentes principales: Informe semestral ASCIM 2025; ABC Color (24/05/2025 y 16/10/2025); La Nación, Paraguay (14/05/2026 y 06/02/2026); Agencia de Información Paraguaya (08/04/2026 y 19/08/2024); Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay, Presupuesto General de la Nación; Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud (2010); Organización Mundial de la Salud (2006); Feeding America; informes anuales de Caritas Internationalis, World Vision, Catholic Relief Services (2022); Caritas España e informes nacionales de Caritas en Argentina, Brasil y Colombia.
