Una coalición de 29 estados estadounidenses lleva a Meta ante un tribunal federal, donde la empresa es acusada de haber desarrollado mecanismos destinados a maximizar el tiempo de permanencia de niños y adolescentes en Facebook e Instagram. La demanda reclama hasta US$ 200.000 millones y cambios en el funcionamiento de las plataformas.
El modelo de negocio de las grandes redes sociales quedó bajo una lupa particularmente severa en Estados Unidos. Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, enfrenta un proceso judicial en el que fiscales de distintos estados sostienen que sus plataformas fueron diseñadas para captar y mantener la atención de los usuarios más jóvenes, incluso a costa de posibles efectos sobre su bienestar.
La demanda reúne a 29 estados, entre ellos California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky, que decidieron avanzar judicialmente ante lo que consideran una respuesta insuficiente desde el ámbito federal. El proceso busca no solo una sanción económica de hasta US$ 200.000 millones, sino también modificaciones en determinadas prácticas y mecanismos utilizados por las plataformas.
Durante la apertura del juicio, la fiscal californiana Megan O’Neill presentó una acusación especialmente dura contra la compañía. Según su planteamiento, Meta habría aprovechado características propias del desarrollo cerebral de los niños para incrementar su permanencia frente a las pantallas.
La acusación apunta a un esquema en el que las plataformas buscarían atraer a los menores, prolongar su permanencia, obtener información sobre ellos y minimizar ante el público los riesgos asociados a ese funcionamiento.
El cuestionamiento, por tanto, va más allá del contenido que consumen los adolescentes. Lo que está en discusión es el propio diseño de las herramientas digitales y la manera en que los algoritmos pueden influir sobre los hábitos de sus usuarios.
Otro de los aspectos relevantes del proceso tiene que ver con la información personal de los menores de 13 años.
Los estados acusan a Meta de haber recopilado datos de niños sin contar con el consentimiento de sus padres, una práctica que, según la demanda, entraría en conflicto con las normas federales estadounidenses destinadas a proteger la privacidad infantil.
Este punto agrega una segunda dimensión al litigio: además de la discusión sobre los efectos del uso intensivo de las redes sociales, las autoridades cuestionan cómo las plataformas obtienen y utilizan información de usuarios particularmente vulnerables.
La magnitud de la demanda convierte el proceso en uno de los desafíos legales más importantes para Meta en relación con el uso de sus plataformas por parte de menores.
La comparación con el histórico enfrentamiento de las autoridades estadounidenses con la industria tabacalera surge precisamente por la naturaleza de las acusaciones: los estados sostienen que una industria habría desarrollado deliberadamente mecanismos capaces de generar comportamientos perjudiciales mientras sus beneficios económicos dependen de mantener a los consumidores vinculados al producto.
En el caso de las redes sociales, el elemento central de esa disputa es la atención. Cuanto más tiempo permanece un usuario dentro de una plataforma, mayor es la cantidad de contenido que consume y de datos que genera, convirtiendo su permanencia en un activo fundamental del modelo digital.
El juicio deberá determinar hasta qué punto las acusaciones de los estados pueden ser demostradas y qué responsabilidad corresponde a Meta. Más allá del resultado, el proceso vuelve a plantear una pregunta de fondo sobre la economía digital: ¿hasta dónde puede llegar una plataforma para capturar la atención de sus usuarios cuando estos son niños y adolescentes?
