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La conservación del Chaco tiene rostro privado

Cuando se habla de la conservación del Chaco paraguayo, el debate suele centrarse en los parques nacionales y las áreas protegidas administradas por el Estado. Sin embargo, esa visión deja fuera una realidad fundamental: una parte sustancial del esfuerzo de conservación (tal vez la mayor parte) recae sobre miles de productores agropecuarios y propietarios privados que, desde hace décadas, sostienen con recursos propios una importante infraestructura ambiental.

La Reserva de Biósfera del Chaco abarca 7,5 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 2,4 millones corresponden a áreas protegidas formalmente establecidas. El resto del territorio permanece en propiedades privadas donde la producción convive con la conservación bajo estrictas regulaciones ambientales.

En esos establecimientos, la legislación obliga a mantener extensas superficies de monte nativo sin intervención, preservar corredores biológicos y guardavientos, proteger suelos y médanos, además de cumplir con una serie de restricciones para el uso del territorio. Todo ello mientras los propietarios continúan pagando impuestos y sosteniendo los costos de manejo, vigilancia y conservación sin recibir una compensación equivalente por los servicios ambientales que brindan.

Lejos de ser espacios exclusivamente productivos, muchas de estas fincas funcionan como verdaderos refugios para la biodiversidad, contribuyendo a la conectividad ecológica y a la protección de ecosistemas estratégicos para el país. En numerosos casos, cerca de la mitad del inmueble permanece como monte nativo, en otras palabras, una superficie que no puede destinarse a actividades productivas.

Esta realidad suele quedar relegada en el debate público. Con frecuencia se plantean nuevas restricciones ambientales sin considerar que existe un sector privado que ya soporta una importante carga en favor de la conservación. Ignorar ese aporte no solo distorsiona la discusión, sino que también invisibiliza el esfuerzo económico y operativo de quienes administran gran parte del territorio chaqueño.

La protección del Chaco no es responsabilidad exclusiva del Estado. Es el resultado de un modelo en el que la conservación pública y la privada conviven y se complementan. Reconocer esa contribución es un paso necesario para construir políticas ambientales equilibradas, que incentiven la preservación de los recursos naturales sin trasladar de manera desproporcionada el costo de esa tarea a los propietarios rurales.

Antes de avanzar con nuevas limitaciones dentro de la Reserva de Biósfera, el país debería abrir un debate sobre cómo reconocer, valorar e incluso compensar a quienes, desde el ámbito privado, ya cumplen una función ambiental de interés público. Porque conservar el Chaco no es solo una obligación legal; también representa un compromiso que, en gran medida, hoy es sostenido por el sector productivo paraguayo.

El aporte del sector privado a la conservación del Chaco en cifras

  • 7.500.000 hectáreas conforman la Reserva de Biosfera del Chaco, equivalente al 18,5 % del territorio nacional.
  • 2.397.005 hectáreas corresponden a áreas protegidas oficialmente declaradas dentro de la Reserva de Biosfera.
  • 5.102.995 hectáreas permanecen fuera de esas áreas protegidas estrictas y, en su mayoría, forman parte de establecimientos privados donde la producción convive con obligaciones de conservación.
  • La legislación paraguaya exige que hasta el 50 % de la superficie de numerosos inmuebles rurales permanezca como monte nativo no intervenible, limitando su uso productivo.
  • Los propietarios privados deben conservar bosques, mantener guardavientos, proteger suelos y médanos, además de cumplir planes de manejo y fiscalizaciones ambientales.
  • A diferencia de los parques nacionales, estas áreas son mantenidas con recursos privados, mientras sus propietarios continúan abonando impuestos y asumiendo los costos de vigilancia, infraestructura y cumplimiento de la normativa ambiental.
  • En conjunto, las superficies conservadas dentro de propiedades privadas representan más de cinco millones de hectáreas, una extensión equivalente a casi siete veces la superficie de todos los parques y reservas públicas del Chaco considerados en forma individual y superior al territorio completo de varios departamentos del país.

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