Durante más de veinte años, el Chaco paraguayo ha sido escenario de una sucesión de proyectos internacionales destinados a conservación, biodiversidad, adaptación, restauración, manejo sostenible, fortalecimiento institucional y desarrollo. Cambian los fondos, las agencias, las organizaciones ejecutoras y las metodologías. Pero los territorios, las instituciones y muchas de las necesidades vuelven a aparecer. PROMESA. AbE Chaco. Ñande Chaco. BiosChaco. FOLUR. Forest4Life. A ellos se agregan programas nacionales o anteriores que también alcanzan la agenda ambiental del Chaco.

No son un único programa y sería incorrecto sumar indiscriminadamente sus presupuestos: corresponden a períodos, monedas, mecanismos financieros y modalidades de cofinanciamiento diferentes. Pero precisamente su continuidad permite formular una pregunta que rara vez ocupa el centro de los informes: después de más de veinte años, ¿cuánto desarrollo quedó?

Más de cien millones ya identificados

La dimensión financiera dejó hace tiempo de ser marginal. PROMESA contó con USD 2,20 millones de grant del GEF, además de aproximadamente USD 198.000 de agency fee y USD 2,12 millones de cofinanciamiento declarado. AbE Chaco recibió aproximadamente USD 7,13 millones del Fondo de Adaptación. Forest4Life representa EUR 12 millones de cooperación no reembolsable de la Unión Europea. BiosChaco agrega EUR 6 millones aportados por KfW. FOLUR Paraguay registra USD 8,19 millones de grant del GEF, aproximadamente USD 737.000 de agency fee y USD 47,57 millones de cofinanciamiento declarado. Ñande Chaco registra USD 2,54 millones de grant, aproximadamente USD 229.000 de agency fee y USD 15,41 millones de cofinanciamiento.

A ello se agregan Paraguay + Verde, con USD 50 millones del Green Climate Fund, y PROEZA, con un aporte directo del mismo fondo de aproximadamente USD 25,06 millones, dentro de una estructura financiera mayor.

Solamente este universo preliminar y todavía incompleto representa más de USD 95 millones de financiamiento externo directo denominado en dólares, además de EUR 18 millones de cooperación europea y alemana. Estamos, por tanto, ante un piso comprobable superior a los cien millones de dólares equivalentes, sin incluir todavía numerosos proyectos históricos ni sumar indiscriminadamente agency fees y cofinanciamientos.

La cuestión ya no es demostrar que hubo recursos. Los hubo. La pregunta es qué transformación permanente produjo semejante continuidad financiera.

Desarrollo sostenible significa también desarrollo

Paraguay es un país en desarrollo, por eso, cuando hablamos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad no puede reducirse a conservar recursos naturales. Conservar es indispensable, superar la pobreza también. Y no son objetivos incompatibles.

Una política verdaderamente humanista debería ser capaz de proteger bosques, biodiversidad, agua y ecosistemas mientras crea educación, tecnología, infraestructura, oportunidades económicas y capacidad para que las personas mejoren materialmente sus condiciones de vida.

Pero conservar tampoco significa inmovilizar.

Paraguay tiene derecho a conocer, gestionar, explorar y aprovechar responsablemente sus recursos naturales para alcanzar su propio desarrollo, preservando al mismo tiempo el patrimonio natural que debe sostener a las generaciones presentes y futuras.

El desafío no consiste en elegir entre naturaleza y personas, ni entre conservación y aprovechamiento, consiste en conservar desarrollándose y desarrollarse conservando. De hecho, algunos proyectos contienen componentes que apuntan en esa dirección. AbE Chaco incorporó infraestructura de agua y actividades económicas comunitarias; Forest4Life contempla cadenas de valor vinculadas con actividades sostenibles; PROEZA combina transferencias, asistencia técnica y modelos destinados a producir ingresos.

Esos esfuerzos deben reconocerse, pero también deben someterse a una pregunta más exigente: ¿dejaron capacidad permanente para progresar o solamente mejores condiciones mientras duró la intervención?

Capacitar no es crear autonomía

Una persona puede recibir capacitación y continuar siendo pobre. Puede aprender una práctica sostenible y seguir sin herramientas, capital, tecnología, infraestructura o acceso a oportunidades económicas. También puede recibir una transferencia o un subsidio y mejorar temporalmente su ingreso. Nada de eso es necesariamente inútil, pero tampoco demuestra desarrollo permanente.

El verdadero test comienza cuando el financiamiento termina.

La cuestión no es solamente cuánto aumentaron los ingresos durante un proyecto, sino qué capacidad quedó instalada para seguir generándolos después. Conocimiento aplicable, herramientas, capital, tecnología, organización, infraestructura, acceso a mercados u otras oportunidades económicas. Porque una transferencia depende de quien la paga. Una capacidad para generar ingresos permanece en quien la adquiere.

Y esa autonomía es la que permite mejorar una vivienda, acceder a transporte y conectividad, invertir en educación, enfrentar una emergencia y procurarse los bienes y servicios necesarios para una vida digna sin que la pobreza determine permanentemente las posibilidades de una persona.

Una política de desarrollo no debería limitarse a hacer más llevadera la pobreza. Debería crear las condiciones para salir de ella.

En pleno siglo XXI, la pobreza no puede convertirse en una condición permanente que simplemente aprendamos a administrar de manera cada vez más sofisticada.

La economía de la cooperación

También existe una estructura económica alrededor de estos proyectos. Fondos internacionales financian; agencias multilaterales implementan; organizaciones públicas y privadas ejecutan componentes; se conforman unidades de gestión y se contratan coordinadores, especialistas, consultores, evaluadores, administradores y proveedores.

Los propios proyectos identifican agency fees y costos de implementación. Nada de ello constituye por sí mismo una irregularidad. Ejecutar programas complejos cuesta dinero, pero si podemos conocer cuánto cuesta administrar la cooperación, deberíamos poder determinar con similar precisión cuánta capacidad económica permanente quedó en las personas cuya vulnerabilidad justificó parte de esas intervenciones.

Una cosa es la economía que funciona mientras existe el proyecto, otra es la economía que queda cuando termina. Para hablar seriamente de desarrollo sostenible hay que medir ambas.

¿Fortalecimiento institucional hasta cuándo?

La misma pregunta alcanza al MADES. Durante años, distintos programas han financiado planificación, monitoreo, sistemas, estudios, equipamiento, metodologías, consultorías, capacitación y fortalecimiento institucional.

El Ministerio aparece reiteradamente como contraparte, beneficiario, coordinador o ejecutor, mientras organismos internacionales y organizaciones privadas intervienen en diferentes niveles. Esto no permite afirmar que el MADES haya transferido jurídicamente sus competencias. Pero sí permite formular otra pregunta: después de décadas de fortalecimiento institucional, ¿el MADES necesita hoy menos cooperación externa para ejercer sus funciones o continúa necesitando nuevos proyectos para financiar capacidades que los anteriores debían contribuir a consolidar?

Una capacidad verdaderamente instalada debería llegar a sostenerse institucionalmente, de lo contrario, el fortalecimiento corre el riesgo de transformarse en una necesidad permanente de nuevo fortalecimiento.

BIOFIN y la pregunta por el punto de llegada

En ese contexto aparece BIOFIN, la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad del PNUD, incorporada formalmente en Paraguay en 2025. No es simplemente otro fondo de conservación. Su función consiste en analizar políticas, instituciones, gastos y necesidades financieras, identificar brechas y ayudar a diseñar un Plan de Financiamiento para la Biodiversidad, movilizando y optimizando nuevos recursos públicos y privados.

La finalidad puede ser legítima, pero después de décadas de cooperación vuelve inevitable una pregunta: ¿cuál es el punto de llegada?

Es razonable determinar cuánto dinero falta para biodiversidad y diseñar instrumentos para cerrar esa brecha, pero, en un país en desarrollo, deberíamos hacer con la misma intensidad otra medición: ¿cuánto falta para cerrar la brecha de autonomía económica y desarrollo humano de las personas?

Si un proyecto identifica nuevas necesidades que justifican otro proyecto, y luego necesitamos nuevas estructuras para conseguir nuevos financiamientos, debemos saber cuál es la estrategia de salida. La cooperación debería contener dentro de su propio éxito la posibilidad de hacerse progresivamente menos necesaria.

El indicador que falta

Tal vez el problema esté también en lo que medimos. Contamos millones movilizados, hectáreas alcanzadas, beneficiarios, talleres, consultorías y personas capacitadas. Deberíamos medir además algo mucho más exigente: capacidad autónoma creada y dependencia eliminada.

¿Qué pueden hacer hoy las personas que antes no podían hacer? ¿Qué fuente de generación de ingresos continúa después del proyecto? ¿Qué capacidad estatal funciona hoy sin cooperación externa? ¿Y qué problema dejó efectivamente de necesitar otro proyecto para resolverlo?

Estas preguntas no contradicen la conservación. La completan.

Porque la naturaleza no necesita pobreza para ser protegida.

Un desarrollo sostenible verdaderamente humanista debe preservar el patrimonio natural, permitir el aprovechamiento responsable de los recursos y, al mismo tiempo, ampliar las capacidades, oportunidades y libertad económica de las personas que habitan esos territorios.

¿Estamos superando el subdesarrollo o aprendiendo a administrarlo?

Paraguay puede beneficiarse enormemente de la cooperación internacional, pero también tiene derecho a decidir soberanamente cómo utilizar sus recursos naturales para alcanzar su propio desarrollo.

Conservar no significa inmovilizar. Significa gestionar responsablemente: proteger lo que debe ser protegido, restaurar cuando sea necesario y explorar y aprovechar sosteniblemente aquellos recursos capaces de contribuir al desarrollo del país.

No podemos llamar desarrollo a la sola administración ordenada de la vulnerabilidad. Ni fortalecimiento a una capacidad institucional que solamente funciona mientras otro la financia. Ni autonomía a una población que, terminado un proyecto, continúa esperando el siguiente.

El éxito de la cooperación no debería medirse por cuánto dinero consiguió movilizar ni por cuántos proyectos logró mantener activos, sino por cuánta capacidad autónoma dejó instalada para que las personas generen ingresos, mejoren su calidad de vida y necesiten progresivamente menos asistencia.

Después de más de veinte años, la pregunta ya no puede limitarse a cuánto dinero llegó. Hay que preguntar cuánto desarrollo quedó, porque proteger nuestro patrimonio natural, aprovechar responsablemente nuestros recursos y superar la pobreza no son objetivos contrapuestos. El verdadero desarrollo sostenible exige alcanzar los tres.

Y quizá haya llegado el momento de dejar de medir el éxito por el volumen de cooperación que conseguimos atraer y empezar a medirlo por todo aquello que las personas y el Estado ya son capaces de hacer sin necesitarla.

Esta investigación recién comienza. Los fondos identificados hasta ahora constituyen apenas un primer universo de análisis. Queda por reconstruir, proyecto por proyecto, cuánto dinero ingresó, quién lo administró y ejecutó, cuál fue su destino, qué costos de intermediación tuvo, qué resultados permanentes dejó y cuánto de aquello que debía fortalecer continúa dependiendo de nuevos fondos.

Esas preguntas serán objeto de los próximos análisis.