Durante años, la expansión de la ideología de género en las instituciones públicas occidentales parecía avanzar sin mayores cuestionamientos. Sin embargo, una reciente decisión del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo sistema educativo más grande de Estados Unidos, refleja que ese consenso comienza a resquebrajarse y evidencia un cambio de época que trasciende las fronteras estadounidenses.
El distrito modificó un curso obligatorio dirigido a docentes, eliminando la exigencia de declarar que «afirman y respetan» la identidad de género de los estudiantes LGBT. En adelante, los profesores solo deberán reconocer que conocen las políticas de no discriminación de la institución, sin verse obligados a expresar adhesión personal a una determinada visión sobre el género.
La diferencia, que puede parecer sutil, representa un cambio profundo. El debate ya no gira únicamente en torno a la protección de las personas frente a la discriminación, un principio ampliamente aceptado, sino sobre si el Estado puede exigir a sus funcionarios asumir como propias determinadas convicciones ideológicas para conservar su empleo.
Durante la última década, numerosas instituciones públicas en Estados Unidos y Europa incorporaron programas de capacitación basados en la teoría de la identidad de género. En muchos casos, esas iniciativas dejaron de enfocarse exclusivamente en promover el respeto hacia todas las personas y pasaron a exigir la aceptación expresa de conceptos que no todos comparten por razones religiosas, filosóficas o científicas.
El caso de Los Ángeles muestra que esa tendencia comienza a ser revisada incluso en California, uno de los estados históricamente más identificados con políticas «progresistas» en materia de diversidad sexual.
Más allá del episodio puntual, la decisión se suma a una serie de cambios que vienen produciéndose en distintos ámbitos de Estados Unidos. En los últimos años, tribunales, legislaturas y organismos públicos han revisado normas relacionadas con la identidad de género, la participación en deportes femeninos, los tratamientos médicos para menores y la libertad de conciencia de docentes y profesionales.
El denominador común de estos debates es cada vez más claro: una cosa es garantizar igualdad de trato y prohibir cualquier forma de discriminación, y otra muy distinta es obligar a una persona a adherir a una determinada concepción sobre el sexo y el género como condición para ejercer su profesión.
Más que un cambio administrativo, la modificación del programa de capacitación simboliza un giro cultural. El eje del debate parece desplazarse desde la promoción institucional de determinadas ideas hacia la defensa de un principio más amplio: que el Estado garantice el respeto a todas las personas, sin convertir la adhesión ideológica en un requisito para trabajar o participar de la vida pública.
En ese sentido, la decisión de Los Ángeles puede interpretarse como una señal de un cambio de época, en el que la libertad de conciencia vuelve a ocupar un lugar central dentro de las democracias occidentales.
