La carrera hacia las elecciones generales de 2028 comenzó mucho antes de que los paraguayos vuelvan a las urnas. Detrás de la aparente calma institucional, el sistema político atraviesa una etapa de reconfiguración silenciosa en la que no solo se disputan cargos, sino modelos de poder, liderazgos y la capacidad de interpretar un creciente malestar ciudadano.
Esa es una de las principales conclusiones del informe “Coyuntura Política Actual – Paraguay 2026”, elaborado por Héctor Duarte Chávez, Analista Senior y Director Estratégico de STRATEGOS, quien sostiene que el país se encuentra ante una tensión estructural que excede la competencia electoral tradicional.
Según el análisis, el escenario paraguayo se organiza actualmente alrededor de tres grandes proyectos políticos. El primero es la continuidad representada por el oficialismo y la estructura de Honor Colorado, cuya principal fortaleza radica en el control territorial y la capacidad de movilización del aparato estatal y partidario. Sin embargo, enfrenta el desgaste propio del ejercicio del poder y la dependencia de liderazgos altamente centralizados.
La segunda hipótesis es la denominada corrección interna, encarnada por sectores disidentes del Partido Colorado. Se trata de una fórmula históricamente utilizada por la Asociación Nacional Republicana para procesar tensiones internas y ofrecer una imagen de renovación sin perder el control del gobierno.
La tercera alternativa es la alternancia externa, representada principalmente por Miguel Prieto y sectores opositores que intentan proyectar a escala nacional la experiencia política desarrollada en Ciudad del Este. Esta estrategia busca canalizar el descontento ciudadano y construir una opción capaz de competir con la maquinaria electoral colorada.
Más allá de los nombres propios, el informe identifica un fenómeno que podría convertirse en el verdadero motor de la próxima disputa electoral: el denominado “dolor ciudadano”.
No se trata simplemente de insatisfacción o malestar coyuntural. El análisis sostiene que existe una acumulación de frustraciones vinculadas a tres dimensiones concretas: la corrupción, la impunidad y la percepción de injusticia cotidiana. La corrupción genera indignación por el abuso de poder; la impunidad alimenta la sensación de que existen sectores privilegiados por encima de la ley; y la injusticia cotidiana se manifiesta en servicios deficientes, inseguridad y desigualdades que afectan directamente la calidad de vida de la población.
Para Duarte Chávez, la fuerza política que logre interpretar y organizar ese sentimiento tendrá una ventaja decisiva en la disputa por el poder.
El estudio también alerta sobre amenazas estructurales que podrían influir en el proceso electoral. Entre ellas destaca el avance del financiamiento ilícito en la política, considerado uno de los riesgos más graves para la calidad democrática. Según el informe, el problema ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva policial o judicial, sino como un fenómeno con capacidad de capturar instituciones, influir en decisiones públicas y financiar proyectos políticos a distintos niveles.
Otro aspecto central es la distancia entre la construcción de narrativas y la capacidad real de ganar elecciones. El documento resume esta idea en una frase que podría convertirse en una de las claves del próximo ciclo político: “La narrativa enciende; la estructura convierte”.
En otras palabras, el éxito en redes sociales, la popularidad en encuestas o la capacidad de generar impacto mediático no garantizan una victoria electoral si detrás no existe una organización capaz de movilizar votantes, controlar mesas, fiscalizar resultados y defender cada voto durante la jornada electoral.
La tecnología también aparece como un factor de riesgo creciente. El informe advierte sobre la fragilidad de la confianza pública en los sistemas electorales y señala que una eventual crisis de percepción sobre la seguridad de las máquinas de votación podría convertirse en un elemento desestabilizador. En este contexto, la transparencia y la comunicación institucional del Tribunal Superior de Justicia Electoral serán determinantes para evitar cuestionamientos que erosionen la legitimidad de los resultados.
A todo ello se suma un componente internacional cada vez más visible. La disputa geopolítica entre China, Taiwán y Estados Unidos comienza a proyectarse sobre la política paraguaya y podría transformarse en un tema de campaña vinculado a inversiones, comercio y desarrollo económico. Lo que hasta hace poco era un asunto diplomático reservado a especialistas amenaza con convertirse en un eje de polarización interna.
El cronograma político planteado por el informe identifica tres momentos decisivos. Las elecciones municipales de 2026 funcionarán como el primer examen territorial para medir la capacidad de movilización de las distintas fuerzas. Las internas coloradas de 2027 permitirán evaluar si el oficialismo logra procesar sus tensiones o si emerge una fractura significativa. Finalmente, las elecciones generales de 2028 definirán si Paraguay mantiene el rumbo actual o protagoniza una alternancia política de alcance histórico.
A pesar de la fortaleza estructural del Partido Colorado, el análisis concluye que ninguna hegemonía es permanente. La acumulación de desgaste, la percepción de impunidad y la creciente demanda de respuestas concretas podrían modificar el equilibrio político si la oposición consigue transformar el descontento social en una alternativa organizada y competitiva.
Sin embargo, el documento advierte que los problemas de fondo trascienden a cualquier partido. El clientelismo, la opacidad en el financiamiento político y las debilidades institucionales aparecen como fenómenos transversales que afectan al conjunto del sistema.
Por ello, la gran pregunta de los próximos años no será únicamente quién ganará las elecciones, sino quién logrará convertir el hartazgo ciudadano en una propuesta creíble de cambio. Según el informe, allí se jugará el verdadero desafío de la democracia paraguaya en el camino hacia 2028.
Y como ocurre en los períodos de mayor incertidumbre, factores externos como eventos climáticos extremos, crisis económicas o incidentes de ciberseguridad podrían acelerar procesos políticos que hoy apenas comienzan a tomar forma.
