El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar operaciones policiales para perseguir y deportar a los inmigrantes irregulares, en un giro total a la política que ha mantenido el mayor receptor de la diáspora venezolana a lo largo de más de una década. “Que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales, primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, dijo durante un consejo de seguridad en Barranquilla, la ciudad caribeña que en la práctica ha convertido en la capital alterna del país.
El jefe de Estado aseguró que su orden se debe empezar a cumplir esta misma semana. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”.
La decisión de De la Espriella de perseguir y deportar a casi un millón de extranjeros con situación migratoria irregular ha generado críticas de la oposición política. La congresista María Fernanda Carrascal, del izquierdista Pacto Histórico, el partido del expresidente Gustavo Petro, asegura que el anuncio no solo es nefasto, sino cruel.
El cambio en la relación con los migrantes se alinea con las políticas antimigratorias de otros gobiernos en el continente, como los de Donald Trump en Estados Unidos; José Antonio Kast en Chile, y Javier Milei en Argentina.
