La investigación de la Oficina del Inspector General de USAID (USAID OIG) sobre posibles vínculos entre trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y organizaciones terroristas sumó nuevas derivaciones al Departamento de Estado.
Según informó oficialmente el organismo estadounidense, más de 100 empleados actuales o antiguos de UNRWA fueron remitidos para una revisión independiente de la evidencia, debido a su presunta participación en los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel o a sus vínculos con Hamás.
Dentro de ese grupo, el Departamento de Estado propuso recientemente la inhabilitación de tres personas. Entre ellas figura un antiguo docente de UNRWA identificado como integrante operativo de Hamás en el batallón de Deir el Balah, a quien se atribuye haber participado presuntamente en operaciones de secuestro durante los ataques.
Otro de los casos corresponde a un exdocente que, de acuerdo con registros militares de Hamás, habría pertenecido a la Brigada de Rafah de la Yihad Islámica Palestina y habría estado en Israel durante los ataques. El tercer caso involucra también a un antiguo profesor de UNRWA señalado como integrante de Hamás, a quien se atribuye haber recibido y mantenido retenidos a civiles secuestrados desde el 7 de octubre.
La investigación ya había derivado anteriormente en una inhabilitación a nivel del Gobierno estadounidense. Se trata de Hafez Mousa Mohammed Mousa, identificado como integrante del batallón de Hamás en Jabaliya Este. Según USAID OIG, mientras ejercía como director de una escuela de UNRWA habría coordinado comunicaciones con otros presuntos miembros de Hamás durante los ataques.
El organismo calificó ese caso como la primera inhabilitación conocida por parte de Estados Unidos de una persona vinculada a una organización terrorista que trabajaba para una agencia de Naciones Unidas dedicada a programas de asistencia humanitaria.
Un cuarto individuo, Faisal Ali Al-Naami, también había sido propuesto para su inhabilitación. Sin embargo, el procedimiento fue posteriormente cancelado luego de que los registros oficiales indicaran que había fallecido. USAID OIG lo identificaba como un antiguo trabajador social de UNRWA y operador de comunicaciones militares de Hamás, al que atribuía presuntamente participación en el secuestro de un civil desde el kibutz Be’eri durante los ataques del 7 de octubre.
La investigación estadounidense permanece abierta y el organismo anticipó que habrá nuevas remisiones al Departamento de Estado, además de posibles derivaciones de carácter penal al Departamento de Justicia.
USAID OIG señaló que uno de los objetivos centrales de estas investigaciones es evitar que fondos destinados a asistencia humanitaria financiada por Estados Unidos terminen en manos de organizaciones terroristas y detectar la eventual circulación de personas vinculadas a estos grupos dentro de organizaciones que reciben fondos estadounidenses.
La información oficial fue difundida el 26 de agosto de 2026 y corresponde a una investigación que, según el propio organismo, continúa en desarrollo. Por tratarse de investigaciones y propuestas de inhabilitación, las acusaciones individuales deben entenderse en función de la evidencia y los procedimientos de revisión correspondientes.
