Un video difundido por el medio guatemalteco República plantea una advertencia incómoda para el sector empresarial de América Latina: hacer negocios, generar empleo y pagar impuestos no alcanza para garantizar la libertad cuando las instituciones comienzan a desaparecer.
El caso de Nicaragua resulta especialmente ilustrativo. Según el análisis presentado en el video, empresarios de Managua fueron convocados recientemente a una reunión en el Banco Central bajo la premisa de abordar asuntos de interés sectorial. El encuentro terminó convertido en una exposición sobre las reformas políticas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega, con escaso margen para cuestionamientos.
La imagen que deja el episodio es poderosa: un empresariado presente, pero sin voz.
Y allí aparece la verdadera lección. Durante años, buena parte del sector privado nicaragüense apostó por una relación pragmática con el poder. El denominado modelo de diálogo y consenso permitió que empresarios y Gobierno negociaran cuestiones económicas, tributarias y de seguridad social, mientras la discusión política quedaba fuera de la mesa.
El modelo podía parecer exitoso desde una planilla de resultados: crecimiento, inversiones, negocios y rentabilidad. El problema es que las instituciones no aparecen en los balances empresariales hasta que dejan de existir.
Mientras la economía funcionaba, podía resultar tentador pensar que la política era asunto de otros. Que defender la independencia judicial, la libertad de prensa, la división de poderes o el pluralismo partidario correspondía exclusivamente a políticos, periodistas o activistas. Pero cuando esas instituciones comenzaron a desaparecer, el sector privado descubrió que también había perdido los mecanismos necesarios para defenderse.
La experiencia posterior fue todavía más dura: confiscaciones, persecución contra dirigentes empresariales y cancelación de organizaciones civiles y gremiales. El empresariado que alguna vez había sido un interlocutor importante terminó enfrentándose a un poder con cada vez menos contrapesos.
La advertencia que deja el caso nicaragüense no significa que los empresarios deban convertirse en políticos ni que cada compañía tenga que adoptar una posición partidaria. Significa algo mucho más elemental: el sector privado necesita instituciones fuertes tanto como necesita mercados, crédito, infraestructura y seguridad jurídica.
Un empresario puede pagar todos sus impuestos, cumplir todas las regulaciones y generar cientos de empleos. Pero si mañana no existe una Justicia independiente, si los derechos de propiedad dejan de estar protegidos o si el poder político ya no tiene contrapesos, ninguna de esas virtudes empresariales constituye un seguro suficiente.
Por eso, defender la institucionalidad no debería ser considerado una actividad partidaria. Defender la independencia judicial no es hacer política. Defender la propiedad privada no es hacer política. Defender la libertad de prensa tampoco, es defender las condiciones que permiten que una economía libre pueda existir.
El silencio puede resultar rentable durante un tiempo, incluso puede ser cómodo, el problema es que nadie puede garantizar que el poder al que hoy se le concede todo terminará mañana respetando aquello que el empresario considera intocable.
La experiencia nicaragüense deja precisamente esa pregunta sobre la mesa: ¿qué ocurre cuando quienes tenían capacidad económica para defender los contrapesos decidieron que esos contrapesos no eran asunto suyo? La respuesta puede observarse hoy en quienes son convocados a una reunión y descubren que ya no están allí para negociar. Están allí para escuchar.
Ese es el verdadero espejo nicaragüense: una economía puede crecer mientras una República se debilita. Y cuando finalmente llega el momento de defenderla, puede ser demasiado tarde.
La advertencia no es únicamente para Nicaragua. Es para cualquier sociedad donde empresarios, ciudadanos y organizaciones consideren que la democracia puede mantenerse sola mientras ellos se ocupan exclusivamente de sus propios asuntos.
Las instituciones, al igual que las empresas, necesitan inversión, y hay una inversión que no puede postergarse: defenderlas cuando todavía existe libertad para hacerlo.
