La creación de juzgados especializados en violencia contra la mujer proyecta compromisos millonarios durante siete años. Sin una fuente de financiamiento clara, la iniciativa amenaza con convertirse en una expansión institucional incompatible con la realidad presupuestaria del Estado.
Crear nuevos juzgados no consiste solamente en aprobar una ley, designar magistrados y habilitar oficinas. Significa asumir salarios, infraestructura, personal técnico, equipamiento y gastos permanentes. En Paraguay, el proyecto de juzgados especializados en violencia contra la mujer plantea una pregunta que no puede esquivarse: ¿de dónde saldrán los recursos para sostener semejante estructura?
Las estimaciones presupuestarias son contundentes. En la primera fase, prevista para 2027-2029, la Corte Suprema de Justicia necesitaría 32.000 millones de guaraníes anuales. Incorporando al Ministerio Público y la Defensa Pública, el costo ascendería a 54.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 7,2 millones de dólares por año.
La cobertura nacional eleva todavía más la exigencia. La estimación para la Corte Suprema alcanza 151.650 millones de guaraníes anuales y, sumando las demás instituciones, el costo estatal llegaría a 258.000 millones de guaraníes, aproximadamente 34,4 millones de dólares por año.
Durante siete años, mantener ese nivel de gasto supondría un desembolso superior a los 106 millones de dólares.
No estamos ante una obligación presupuestaria marginal, sino frente a una estructura permanente que compromete recursos públicos durante años.
Una expansión que compite con otras necesidades
El problema se agrava cuando se consideran las propias demandas de la Corte Suprema. Según los datos disponibles, el 13 de octubre de 2026 la institución solicitó 57,2 millones de dólares adicionales para financiar 900 nuevos cargos, argumentando que llevaba 15 años sin un incremento de esta naturaleza.
El proyecto de juzgados especializados contempla, en su implementación completa, 153 nuevos cargos de jueces y otros 200 cargos técnicos.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pretende el Estado financiar simultáneamente estas ampliaciones sin comprometer otras obligaciones?
No basta con sumar cargos y calcular salarios. Cada puesto implica gastos recurrentes, mientras que la infraestructura y el equipamiento requieren inversiones adicionales. Una vez creada la estructura, el Estado no puede simplemente dejar de financiarla.
En estas condiciones, aprobar una expansión judicial sin una proyección financiera integral significa trasladar al futuro una obligación que todavía no tiene garantizado su respaldo presupuestario.
La creación de una jurisdicción de esta magnitud, sin recursos claramente identificados, plantea además cuestionamientos sobre el cumplimiento de las exigencias de administración financiera previstas en el artículo 13 de la Ley 1535/99.
La sostenibilidad no puede quedar para después
La discusión no consiste en desconocer la necesidad de protección de las víctimas, sino en determinar si el Estado puede asumir una estructura que, según las estimaciones presentadas, demandaría más de 34 millones de dólares anuales en cobertura nacional.
La responsabilidad pública exige establecer prioridades. Cada nuevo compromiso presupuestario debe considerar los recursos disponibles y las obligaciones que ya enfrenta el Estado.
Si no existe una fuente de financiamiento definida, una planificación plurianual realista y una evaluación de las necesidades institucionales, la iniciativa corre el riesgo de convertirse en una estructura costosa cuya sostenibilidad dependa de recursos que todavía no están asegurados.
La conclusión presupuestaria es difícil de ignorar: con las cifras proyectadas y las necesidades adicionales de la Justicia, la creación de estos juzgados enfrenta una seria restricción financiera. Antes de aprobar una expansión de semejante magnitud, el Estado debe demostrar que puede financiarla sin comprometer el funcionamiento de las instituciones existentes ni trasladar una carga insostenible a futuros presupuestos.
Una ley puede crear juzgados. Pero no puede crear, por sí sola, los recursos necesarios para mantenerlos. Sin financiamiento suficiente, la expansión judicial deja de ser una solución institucional viable y se convierte en una obligación que el Estado corre el riesgo de no poder sostener.
