En 2004, el Presupuesto General de la Nación paraguayo equivalía, convertido al tipo de cambio promedio de aquel año, a aproximadamente US$ 2.700 millones. Para 2026, el PGN aprobado asciende a alrededor de G. 149,6 billones.
La comparación nominal permite dimensionar la magnitud del cambio, pero no basta por sí sola para medir cuánto aumentó el tamaño relativo del Estado. En estos veintidós años también crecieron la economía, los precios y el ingreso nacional, mientras que las variaciones del tipo de cambio modifican considerablemente cualquier comparación expresada en dólares.
El propio proyecto presupuestario de 2026 calculaba los G. 149,2 billones entonces previstos en aproximadamente US$ 18.900 millones, utilizando un dólar de G. 7.881. Tampoco debe confundirse presupuesto con recaudación: el PGN comprende distintas fuentes de ingresos y financiamiento.
Superadas esas precisiones, queda la pregunta verdaderamente relevante: ¿los servicios que recibe hoy la población guardan relación con la mayor capacidad económica y fiscal alcanzada por Paraguay durante estas dos décadas?
El presupuesto es un insumo, no un resultado
Una de las distorsiones más frecuentes del debate público consiste en presentar el aumento del presupuesto como prueba de éxito. Se anuncian más billones para educación, más recursos para salud, mayores partidas para seguridad o infraestructura.
Pero el ciudadano no recibe presupuesto. Recibe servicios.
No recibe G. 10 billones destinados a educación. Recibe —o debería recibir— un niño que aprende. No recibe el presupuesto de Salud. Recibe medicamentos, médicos, estudios y una cama cuando la necesita. No recibe el presupuesto del MOPC. Recibe una ruta transitable. No recibe el presupuesto de seguridad. Recibe protección efectiva.
Por eso, la calidad del Estado no puede evaluarse exclusivamente por cuánto recauda o cuánto ejecuta, sino por cuánto valor público produce con esos recursos.
Educación: tres de cada cuatro alumnos
El contraste es particularmente difícil de ignorar en educación. Para 2026, el Ministerio de Educación y Ciencias dispone de alrededor de G. 10,4 billones.
Sin embargo, el Paraguay Learning Poverty Brief del Banco Mundial y el Instituto de Estadística de la UNESCO estima que el 78% de los niños paraguayos próximos al final de la educación primaria no alcanza la competencia mínima de lectura, considerando además a quienes se encuentran fuera del sistema escolar.
Entre los alumnos que efectivamente concurren a la escuela, aproximadamente 75% no alcanza el nivel mínimo de competencia lectora. El resultado paraguayo se encuentra 26 puntos porcentuales peor que el promedio de América Latina y el Caribe y 45 puntos peor que el promedio de los países de ingreso mediano alto.
Debe hacerse una precisión metodológica: el informe fue actualizado posteriormente, pero utiliza para Paraguay los últimos datos internacionalmente comparables anteriores al cierre de escuelas por la pandemia, correspondientes a 2019. La aclaración no disminuye el problema. Lo vuelve estructural.
No significa que Paraguay deba gastar menos en educación. Significa que debe exigir mucho más de cada guaraní invertido. Construir escuelas, aumentar salarios, incorporar tecnología o ampliar programas puede ser necesario. Pero el resultado educativo no es ninguno de esos insumos. El resultado es que el alumno aprenda.
Si tres de cada cuatro estudiantes próximos a terminar la primaria no alcanzan una competencia mínima de lectura, la discusión ya no puede limitarse a cuánto presupuesto falta. También debe preguntarse cómo se transforma el dinero disponible en aprendizaje efectivo.
Salud: cuando el presupuesto se ejecuta pero el medicamento no llega
La salud permite observar una situación todavía más concreta. En una auditoría sobre el ejercicio 2012, la Contraloría General de la República constató 1.038.413 unidades de medicamentos vencidos o próximos a vencer, con una pérdida estimada en alrededor de G. 7.499 millones.
En la misma fiscalización detectó además más de G. 16.600 millones en gastos sin documentación suficiente que acreditara adecuadamente la contraprestación. Al año siguiente, otra auditoría encontró medicamentos e insumos vencidos en parques sanitarios y hospitales regionales por más de G. 10.000 millones.
Es difícil encontrar una representación más clara de la diferencia entre gasto y servicio. El Estado tuvo recursos, compró medicamentos, los almacenó y los contabilizó. Pero parte de ellos venció antes de convertirse en tratamiento para una persona.
El presupuesto fue ejecutado; el paciente no recibió el beneficio.
Durante la emergencia sanitaria por COVID-19 volvieron a aparecer contrataciones extraordinarias que requirieron controles especiales de la Contraloría. Una fiscalización sobre una contratación urgente de insumos y camas por aproximadamente G. 85.220 millones señaló irregularidades en distintas etapas del procedimiento.
Esto no permite afirmar que todo el gasto sanitario haya sido ineficiente ni que todos los medicamentos comprados hayan dejado de llegar a los pacientes. Pero demuestra algo elemental: comprar no equivale a atender.
Más dinero, pero también más obligaciones
Existe además una explicación estructural para una paradoja que se repite año tras año: el Estado administra más recursos y, al mismo tiempo, sostiene que necesita todavía más.
En el presupuesto de la Administración Central para 2026, las remuneraciones representan aproximadamente 6,6% del PIB; los intereses de la deuda, alrededor de 2,1%; y las prestaciones sociales, cerca de 3,1%. La inversión mediante adquisición neta de activos no financieros representa aproximadamente 1,9% del PIB.
Esto no significa que salarios, prestaciones o intereses sean gastos innecesarios. Significa que buena parte del presupuesto está comprometida antes de construir una nueva escuela, ampliar un hospital o pavimentar una ruta.
Una obra puede terminar. Una estructura estatal permanece. Una nueva dependencia genera funcionarios, oficinas, equipos, vehículos y gastos operativos; un nuevo programa genera compromisos presupuestarios; la deuda contraída hoy genera intereses mañana.
Por eso, cada ampliación permanente del aparato estatal debería responder previamente una pregunta básica: ¿el beneficio adicional que producirá justifica el costo permanente que incorporará al presupuesto?
La tecnología debería producir un Estado más eficiente
La comparación entre 2004 y 2026 contiene además una variable que no puede ignorarse. El Estado actual dispone de instrumentos que hace veinte años eran inexistentes o marginales: expedientes electrónicos, bases de datos, interoperabilidad, pagos digitales, automatización e inteligencia artificial.
Esas herramientas deberían reducir costos administrativos y tiempos de gestión. Por eso, modernización no debería significar solamente informatizar estructuras existentes. Debería significar producir mejores servicios con los mismos recursos o prestar los mismos servicios utilizando menos recursos.
Digitalizar un trámite innecesario no elimina burocracia. Solo crea burocracia digital.
No se trata de negar lo que mejoró
Sería intelectualmente deshonesto afirmar que Paraguay es el mismo país que en 2004. No lo es. La infraestructura vial creció, mejoraron importantes indicadores sanitarios, aumentó la cobertura de servicios, se incorporó tecnología y la economía nacional adquirió una dimensión considerablemente mayor.
Esos avances deben reconocerse. Pero reconocerlos no significa renunciar a evaluar su costo. La pregunta adecuada no es si algo mejoró, sino: ¿mejoró lo suficiente considerando los recursos, la tecnología y los veintidós años transcurridos?
Del presupuesto por insumos al Estado por resultados
Paraguay debería comenzar a medir sistemáticamente cuestiones mucho más sencillas que las enormes tablas presupuestarias: cuánto cuesta educar a un alumno y qué aprende; cuánto cuesta atender a un paciente y qué recibe; cuánto cuesta construir y mantener un kilómetro de ruta y cuánto dura; cuánto cuesta proporcionar seguridad y cómo evoluciona el delito; cuánto dinero llega directamente al servicio y cuánto absorbe la estructura administrativa; y cuánto ahorró realmente la digitalización.
Y, sobre todo: ¿qué resultado adicional obtiene el ciudadano por cada guaraní adicional que entrega al Estado?
La riqueza la produce la sociedad
Los mayores recursos fiscales no surgieron espontáneamente. Paraguay produce más que hace veinte años. Produjeron más sus agricultores y ganaderos. Crecieron las industrias, las empresas, el comercio, los servicios y las exportaciones. Se ampliaron la formalización y la base tributaria.
El crecimiento de los ingresos públicos es, en última instancia, consecuencia de una sociedad que creó más riqueza. Por eso existe una contraprestación elemental: si la sociedad genera más riqueza y entrega más recursos al Estado, el Estado debe poder demostrar qué valor adicional devuelve a esa sociedad.
El próximo debate presupuestario no debería limitarse, entonces, a determinar cuánto dinero necesita cada institución. Antes de pedir más, sería razonable saber qué ocurrió con lo que ya recibió.
Seguir el dinero hasta el final.
Hasta el alumno que aprende. Hasta el medicamento que efectivamente llega al paciente. Hasta la ruta que sigue siendo transitable años después de inaugurada. Hasta el ciudadano que encuentra una respuesta cuando acude a una institución pública.
Porque Paraguay ya aprendió a medir cuánto recauda, cuánto presupuesta y cuánto ejecuta. Todavía le falta medir con la misma rigurosidad cuánto sirve.
¿Cuánto valor público recibe hoy el paraguayo por cada guaraní que administra el Estado?
