Hay algo profundamente previsible en la política cuando llega el momento de discutir cómo financiar un servicio público siempre aparece la misma respuesta: aumentar la cuenta para el ciudadano.
El senador Silvio “Beto” Ovelar volvió a poner esa receta sobre la mesa al plantear que los impuestos deben subir para sostener el sistema de salud pública. Según lo expresado durante una reunión con médicos, propuso elevar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) del 10% al 14%, con una recaudación estimada en unos USD 700 millones, bajo la premisa de que quienes ganan más deben aportar más.
La frase suena bien. El problema aparece cuando la respuesta de la política parece terminar siempre en el mismo lugar: el bolsillo del ciudadano. Cuando falta dinero, se aumenta el impuesto. Cuando falta financiamiento, se busca otro impuesto. Cuando el Estado necesita más recursos, se mira nuevamente hacia el contribuyente. La pregunta incómoda es otra: ¿hasta cuándo la política va a considerar que el ciudadano es la primera y casi única variable de ajuste?
Porque subir impuestos es la parte fácil de gobernar, lo difícil es revisar el tamaño del Estado, eliminar gastos innecesarios, controlar el uso de los recursos públicos, mejorar la eficiencia de las instituciones, combatir las filtraciones, evaluar programas que no funcionan y preguntarse cuánto dinero se pierde antes de volver a pedirle un sacrificio adicional a quien trabaja, emprende, produce o simplemente intenta llegar a fin de mes.
Y hay una contradicción que debe ser señalada, se pretende recaudar más para financiar servicios públicos que muchas veces ya reciben enormes cantidades de dinero, pero cuyos resultados siguen dejando mucho que desear. En salud, el ciudadano continúa enfrentando hospitales con carencias, falta de medicamentos, largas esperas y servicios insuficientes.
Entonces aparece la propuesta de pagar más. ¿Más impuestos para financiar las mismas deficiencias? Ese es el debate que debería plantearse antes de celebrar cualquier aumento de la recaudación como una solución.
Porque los USD 700 millones adicionales no aparecen de la nada, salen de personas y empresas que producen ese dinero. Son recursos que dejan de estar en manos de quienes los generan para pasar a la administración del Estado. Y una vez que ingresan al enorme aparato público, la discusión ya no debería ser solamente cuánto recaudar, sino cómo se gastará cada guaraní y quién responderá si vuelve a gastarse mal.
La política suele tener una curiosa facilidad para hablar de solidaridad cuando la factura la paga otro. Se habla de que los que más ganan deben aportar más, pero mucho menos se habla de que quienes administran esos recursos deberían demostrar que cada centavo cobrado está siendo utilizado con eficiencia. Se reclama un mayor esfuerzo al ciudadano, pero rara vez se plantea con la misma intensidad un mayor esfuerzo del aparato estatal.
El problema, entonces, no es solamente un aumento del 40% o de cualquier otro porcentaje. El problema es una lógica. Cuando el Estado necesita más dinero, la primera respuesta no debería ser cuánto más puede sacarle al ciudadano, sino cuánto mejor puede administrar lo que ya recibe. Si cada problema público se resuelve aumentando impuestos, el Estado nunca tendrá incentivos suficientes para preguntarse dónde está gastando mal.
Y existe otra cuestión todavía más incómoda: quienes toman estas decisiones no son precisamente quienes viven las consecuencias de cada aumento tributario de la misma manera que una familia que debe pagar alquiler, supermercado, educación, transporte, medicamentos y servicios.
El ciudadano no tiene la posibilidad de votar con la billetera y decirle al Estado: “este mes no puedo pagar porque administraron mal”. El impuesto se cobra igual. Por eso, antes de pedir otro esfuerzo a la población, la política debería estar dispuesta a asumir el suyo. Menos privilegios, menos despilfarro, más controles, más eficiencia y mucha más responsabilidad.
