La expansión de la legislación penal de China más allá de sus fronteras está generando una creciente preocupación entre gobiernos, diplomáticos, periodistas y sectores académicos. El conflicto ya no se limita a una discusión jurídica sobre los alcances de la soberanía: plantea interrogantes concretos sobre hasta dónde puede llegar un Estado para perseguir penalmente conductas realizadas fuera de su territorio.
El punto central de la controversia es la decisión de Beijing de establecer mecanismos legales que permiten considerar punibles determinados actos cometidos en el extranjero, incluso cuando quienes los realizan son ciudadanos de otros países. La situación adquiere especial sensibilidad cuando esas actividades están vinculadas con la defensa de Taiwán, la crítica a las políticas del gobierno chino, la investigación académica o el ejercicio de la libertad de expresión.
Uno de los principales antecedentes se remonta a 2019, cuando el gobierno de Hong Kong impulsó una iniciativa para modificar las reglas de extradición y permitir la entrega de personas a la China continental. La propuesta provocó una ola de movilizaciones y un intenso debate sobre la independencia judicial y las garantías procesales. Un año después, Beijing promulgó directamente la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Entre sus disposiciones se encuentra el artículo 38, que contempla la posibilidad de aplicar determinadas normas incluso a personas que se encuentren fuera de Hong Kong y que no sean residentes del territorio.
La medida tuvo repercusiones internacionales. Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Alemania, entre otros países, adoptaron medidas frente a la nueva situación y revisaron o suspendieron mecanismos de cooperación en materia de extradición con Hong Kong. Para numerosos gobiernos occidentales, el episodio dejó una advertencia: la cooperación judicial entre Estados se vuelve especialmente complicada cuando existe la percepción de que una legislación penal puede utilizarse para perseguir posiciones políticas expresadas legítimamente en otro país.
La cuestión volvió a cobrar fuerza a partir de las normas impulsadas por Beijing en relación con la reunificación con Taiwán. Algunas disposiciones contemplan consecuencias penales para determinadas actividades consideradas contrarias a los intereses de China, incluyendo conductas realizadas fuera del territorio continental. El alcance potencial de estas medidas preocupa especialmente porque puede involucrar a personas que no tienen una relación directa con las instituciones chinas. Periodistas, investigadores, profesores universitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y conferencistas internacionales podrían quedar expuestos a consecuencias legales por expresarse sobre el conflicto entre Beijing y Taipei o por respaldar posiciones favorables a la autonomía o soberanía de la isla.
El problema no es solamente diplomático. También afecta directamente a libertades que muchos Estados consideran fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad académica y la libertad de conciencia. La posibilidad de que una persona sea considerada penalmente responsable por una actividad que realizó legalmente en otro país introduce una tensión directa con los principios que rigen la cooperación judicial internacional.
Uno de los principales obstáculos para que estas pretensiones puedan traducirse en cooperación judicial internacional es el principio de doble incriminación. En términos generales, este criterio exige que una conducta sea considerada delito tanto por el Estado que solicita una medida judicial como por el Estado que debe ejecutarla. La dificultad aparece cuando China considera delictiva una conducta que, en otro país, está protegida constitucionalmente como una manifestación de la libertad de expresión o de participación política. En ese escenario, una solicitud de extradición o de cooperación penal podría entrar en conflicto con las propias leyes del Estado requerido. Un tribunal democrático difícilmente podría entregar a una persona por una actividad que dentro de su jurisdicción no constituye delito y que, además, está amparada por derechos fundamentales.
Los funcionarios diplomáticos cuentan con determinadas garantías derivadas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sin embargo, esa protección no alcanza de la misma manera a otros ciudadanos que puedan verse involucrados en actividades consideradas sensibles por Beijing. Académicos, periodistas, consultores, investigadores, trabajadores de organizaciones civiles e incluso familiares de funcionarios podrían enfrentar mayores riesgos al viajar a jurisdicciones donde las autoridades chinas tengan capacidad para ejercer presión o donde existan mecanismos de cooperación judicial con China. Ante este escenario, algunas cancillerías han comenzado a revisar sus advertencias para viajeros y las condiciones bajo las cuales sus ciudadanos pueden quedar expuestos a procedimientos judiciales relacionados con disposiciones de alcance extraterritorial.
La consecuencia práctica es una mayor incertidumbre para quienes desarrollan actividades profesionales o académicas relacionadas con China y Taiwán. El conflicto también puede profundizar una división entre los países que rechazan la aplicación extraterritorial de determinadas normas chinas y aquellos que, por razones económicas, comerciales o estratégicas, mantienen una relación estrecha con Beijing. En el primer grupo, los gobiernos pueden optar por limitar la cooperación judicial y reforzar las garantías para sus ciudadanos. En otros Estados, especialmente aquellos con una fuerte dependencia económica de China, podría existir una mayor vulnerabilidad frente a presiones diplomáticas. Esta situación amenaza con crear diferentes niveles de protección dependiendo del país en el que se encuentre una persona.
El debate ha aparecido en espacios internacionales vinculados con la discusión sobre las relaciones con China, entre ellos el Foro Ketagalan y la Alianza Interparlamentaria sobre China, donde legisladores y especialistas han advertido sobre los efectos que podría tener la expansión de estas normas. La discusión de fondo no consiste únicamente en determinar qué puede castigar China dentro de sus fronteras. El verdadero desafío está en establecer qué ocurre cuando un Estado intenta proyectar sus normas penales sobre personas que se encuentran bajo la jurisdicción de otro país.
Si cada potencia pudiera considerar delito, en cualquier parte del mundo, una conducta que contradiga sus intereses políticos, la cooperación internacional quedaría sometida a una tensión difícil de resolver. Por eso, el debate sobre la legislación extraterritorial de Beijing trasciende la relación entre China y Taiwán y plantea una pregunta mucho más amplia: ¿puede el derecho penal de un Estado imponerse sobre el ejercicio legítimo de derechos reconocidos por otro?
La respuesta que den los gobiernos y tribunales ante este tipo de conflictos podría determinar hasta dónde llegan las fronteras de la soberanía jurídica en un mundo cada vez más interconectado. Si los Estados no establecen criterios claros para impedir que leyes de carácter político produzcan efectos penales fuera de sus jurisdicciones, existe el riesgo de que la cooperación judicial internacional pierda su finalidad original y termine convirtiéndose en un mecanismo de presión entre gobiernos.
