Esta es la primera entrega de una serie de investigaciones que abordará la presencia del narcotráfico en las áreas protegidas del Paraguay. A partir de registros oficiales, operativos de las fuerzas de seguridad y antecedentes documentados, la serie buscará reconstruir cómo los cultivos ilícitos ingresaron a reservas y parques nacionales, qué dimensiones alcanzó la actividad y qué consecuencias dejó sobre territorios destinados a la conservación. En las próximas entregas, el foco estará puesto en la magnitud del negocio, la respuesta del Estado, la situación de las reservas privadas y el impacto que esta actividad está provocando sobre los bosques protegidos.
Durante años, las áreas protegidas de Paraguay han sido escenario de una actividad que combina narcotráfico, ocupación clandestina del territorio y presión sobre los bosques: el cultivo de marihuana.
Los registros de organismos como la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio Público, además de publicaciones periodísticas, documentan intervenciones en distintas reservas y parques nacionales. Los casos abarcan desde pequeñas parcelas hasta operativos en los que fueron detectadas decenas de hectáreas de cultivos, campamentos, pistas clandestinas y lugares destinados al procesamiento de la droga.
El fenómeno no se concentra en un único punto del territorio. Aparecen antecedentes en departamentos como Concepción, Canindeyú, Amambay, Itapúa y Alto Paraná.
Paso Bravo, uno de los puntos más golpeados
El Parque Nacional Paso Bravo, en Concepción, es uno de los ejemplos más claros de la persistencia del problema.
Los antecedentes muestran operaciones sucesivas durante distintos años. En 2021, MADES informó de un operativo en el que fueron destruidas 38 hectáreas de cultivos de marihuana, además de cinco toneladas de la droga y siete pistas clandestinas.
La actividad volvió a ser detectada posteriormente. Durante 2024 se realizaron nuevas incursiones y se localizaron cultivos, campamentos y estructuras utilizadas por grupos dedicados a la producción y procesamiento de marihuana.
En 2025, otro procedimiento permitió destruir cuatro hectáreas de plantaciones y unos 370 kilos de marihuana, además de localizar cinco campamentos interconectados.
La presión continuó en 2026. Durante dos jornadas de julio, las autoridades informaron de la destrucción de decenas de hectáreas de cultivos y varios campamentos dentro del parque. La sucesión de intervenciones convierte a Paso Bravo en uno de los casos más importantes para analizar la relación entre narcotráfico y áreas protegidas.
Mbaracayú: cultivos en uno de los principales bosques protegidos
La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en Canindeyú, también acumula antecedentes.
Ya en 2015, un operativo permitió destruir 30 hectáreas de cultivos de marihuana, además de marihuana picada, droga prensada, semillas, 24 campamentos y 11 prensas rústicas.
Los hallazgos demostraban que las estructuras instaladas en el bosque no estaban destinadas únicamente a sembrar. También existían espacios para permanecer en la zona, procesar la producción y preparar la droga para su posterior traslado.
Las operaciones continuaron en años posteriores. SENAD informó de incursiones en las que fueron destruidas nuevas parcelas, campamentos y cantidades de marihuana procesada.
En 2026, la Fiscalía reportó nuevamente la destrucción de seis hectáreas de presunta marihuana dentro de la reserva.
Morombí y las grandes operaciones
La Reserva Natural Morombí, en la zona de Caaguazú y Canindeyú, también aparece entre los territorios afectados.
Durante la Operación Nueva Alianza 46, en 2024, fueron localizadas 79 hectáreas de marihuana en crecimiento y otras 25 hectáreas en etapa de cosecha. Las autoridades destruyeron además marihuana picada, semillas y 21 campamentos.
En una operación posterior, denominada Nueva Alianza 47, las autoridades informaron de la erradicación de una cantidad de cultivos cuya producción potencial fue estimada en cientos de toneladas.
La magnitud de estos procedimientos evidencia que algunas áreas protegidas pueden convertirse en espacios utilizados para desarrollar extensas cadenas de producción clandestina.
San Rafael, San Luis y Cerro Corá
La situación también ha sido documentada en otras regiones.
En la Reserva Natural San Rafael, en Itapúa, un operativo realizado en 2024 permitió localizar aproximadamente 15 hectáreas de marihuana en etapa de cosecha. También fueron hallados campamentos y miles de kilos de marihuana seca en rama.
En el Parque Nacional Serranía San Luis, en Concepción, MADES informó en 2020 sobre la destrucción de 12 hectáreas de plantaciones. Cuatro años después, las autoridades volvieron a intervenir en el área y destruyeron otras 11 hectáreas.
En el Parque Nacional Cerro Corá, en Amambay, se detectaron en 2020 ocho hectáreas de bosque nativo desmontadas para instalar cultivos. Meses después, otro procedimiento permitió destruir 18 hectáreas adicionales.
También aparecen Alto Paraná y otras reservas
El fenómeno alcanza también a Alto Paraná.
En febrero de 2026, Fiscalía y Policía Antinarcóticos intervinieron una reserva natural en la zona de Ñacunday, donde encontraron dos parcelas que sumaban ocho hectáreas de marihuana.
En la Reserva Biológica Tati Yupi, en Hernandarias, también se registraron denuncias relacionadas con tala de árboles, preparación de terrenos para cultivos ilícitos y otras actividades clandestinas.
En la Reserva Natural Siete Montes, en Canindeyú, las autoridades encontraron cultivos, marihuana en proceso de secado, droga picada y campamentos.
Un problema que atraviesa varias áreas protegidas
Los casos documentados permiten observar una característica común: los cultivos aparecen en zonas con grandes extensiones de bosque y acceso complejo.
La geografía de estas áreas puede dificultar el control permanente y favorecer la instalación de campamentos y parcelas alejadas de las zonas pobladas. Pero los registros también muestran que el problema no termina con la destrucción de una plantación. En varios sitios existen antecedentes de nuevas intervenciones años después.
Por eso, más que una sucesión de operativos aislados, los casos permiten observar un fenómeno que se extiende por distintos territorios protegidos del país.
La pregunta que queda abierta es si las operaciones de erradicación están consiguiendo recuperar definitivamente estos espacios o si, una vez que las fuerzas de seguridad abandonan las zonas intervenidas, nuevas estructuras vuelven a ocuparlas.
Detrás de cada hectárea desmontada aparece otra consecuencia: la pérdida de bosque nativo, pero ese será el segundo capítulo de esta historia.
