La cooperación internacional destinada a conservación ambiental, biodiversidad y cambio climático suele presentarse a partir de una cifra: cuánto dinero consiguió Paraguay.
Pero esa cifra no cuenta toda la operación. La investigación que venimos realizando muestra que, junto a las donaciones, aparecen cofinanciamientos, préstamos, contrapartidas nacionales, aportes privados, costos de agencia, bienes, personal y contribuciones en especie. Y algunas cifras empiezan a llamar la atención.
Los proyectos ambientales identificados hasta ahora declaran más de USD 550 millones de cofinanciamiento asociado.
Ese monto no puede considerarse dinero extranjero recibido por Paraguay. Tampoco puede atribuirse íntegramente al Estado. Su composición debe reconstruirse proyecto por proyecto.
Pero PROEZA permite entender por qué importa hacerlo.
USD 25 millones dentro de una estructura de USD 90 millones
PROEZA recibió aproximadamente USD 25,06 millones del Green Climate Fund. A esa suma se agregan alrededor de USD 65,2 millones de cofinanciamiento del Gobierno paraguayo. La estructura total supera así los USD 90 millones.
Esto no significa que Paraguay haya pagado USD 65 millones para recibir USD 25 millones. El cofinanciamiento contiene instrumentos de distinta naturaleza. Sí demuestra algo más importante: el monto de una donación no revela, por sí solo, el verdadero tamaño económico del compromiso asumido.
Para conocerlo hay que mirar ambas columnas: lo que llega y lo que Paraguay moviliza.
El costo que tampoco aparece en el proyecto
Pero existe otra cuenta.
Las políticas vinculadas con conservación ambiental y cambio climático pueden traducirse en nuevas exigencias sobre la actividad económica: monitoreo, trazabilidad, certificaciones, estudios, adecuaciones tecnológicas, restricciones de uso y sistemas adicionales de control. Algunas pueden ser necesarias y razonables. Pero tienen un costo. Y ese costo puede quedar fuera del presupuesto del proyecto y ser trasladado después al Estado, las empresas, los propietarios y los productores.
Por eso no basta con conocer cuánto dinero cuesta implementar una política ambiental. También debemos conocer cuánto cuesta cumplirla. Una regulación puede requerir pocos recursos públicos y, sin embargo, imponer importantes costos adicionales a la producción. En un país en desarrollo, esa dimensión no puede ignorarse.
Lo que queda cuando termina el financiamiento
La cooperación también financia sistemas, plataformas, monitoreo, equipamiento, consultorías, planificación e infraestructura. Todo ello puede fortalecer al Estado. Pero también puede generar obligaciones futuras: mantenimiento, personal, presupuestos y continuidad institucional. El costo real de un proyecto, por tanto, no termina necesariamente con el último desembolso. Puede continuar muchos años después.
El balance completo
Nada de esto supone cuestionar la cooperación internacional ni la protección ambiental, Paraguay necesita ambas, pero una evaluación seria debería permitir conocer con igual precisión:
cuánto recibe Paraguay;
cuánto aporta;
cuánto cuesta sostener lo creado;
y cuánto cuesta cumplir las políticas resultantes.
Esta investigación debe ahora desarmar los más de USD 550 millones de cofinanciamiento declarado para identificar qué parte corresponde al Estado paraguayo, qué parte proviene del exterior y qué parte pertenece al sector privado. Después habrá que seguir el dinero. Quién lo administra. Quién lo ejecuta. Y quién termina tomando las decisiones alrededor de esos recursos.
Ahí comienza la siguiente parte de esta investigación.
