El Programa Venezolano de Educación‑Acción en Derechos Humanos (Provea) constató en el estado La Guaira que el régimen chavista que dirige Delcy Rodríguez “está priorizando el control militar-policial del territorio, en detrimento de sus obligaciones de brindar respuestas a los padecimientos ciudadanos”.
Al cumplirse una semana del doble sismo que golpeó especialmente el norte de Venezuela, dejando hasta el momento más de 1.900 muertos, Provea indica que en La Guaira “no observamos ningún esfuerzo o iniciativa estatal para proveer a la ciudadanía de servicios esenciales como alimentación o agua potable”.
“El emplazamiento de numerosos agentes de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) –organismos sin competencias legales en gestión de riesgos y control del orden público- pudiera entorpecer aún más el manejo de la crisis y dar pie a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos, tomando en cuenta su actuación en situaciones similares ocurridas en el pasado”, alerta Provea.
La ONG apunta que “la excesiva securitización y militarización, basadas en el copamiento de la zona de desastre por agentes armados, se aleja de la función que los órganos de seguridad civiles y militares deberían ejercer en este tipo de crisis, que es brindar apoyo a la labor humanitaria y actuar bajo la coordinación de los organismos civiles de socorro, respetando los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad”.
