La discusión sobre el feminicidio en México acaba de adquirir una dimensión que trasciende la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Una comunicación oficial de Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, dirigida al Gobierno mexicano, plantea objeciones de fondo a la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El cuestionamiento central no es menor: ¿puede una legislación destinada a proteger a las mujeres prescindir de una definición jurídica basada en el sexo?
La iniciativa establece, en su artículo 6, fracción VIII, que se entenderá por mujer a “toda persona que se identifique como mujer”. Para la relatora, esta formulación presenta un problema conceptual y jurídico: sustituye el criterio del sexo femenino por la autopercepción individual. Su objeción es que una definición construida sobre la identificación subjetiva podría dificultar la delimitación del grupo específico que la ley pretende proteger y generar incertidumbre al momento de aplicar sus disposiciones penales.
La observación merece ser discutida con seriedad. Una legislación penal necesita conceptos claros, precisos y operativos. Se debe determinar con rigor cuál es el sujeto de protección de una norma concebida para responder a una forma específica de violencia: aquella dirigida contra las mujeres por su condición de sexo femenino.
La relatora sostiene que la definición debería estar vinculada al sexo y no depender exclusivamente de la identidad declarada. También advierte que una formulación basada en la autopercepción podría dejar fuera, paradójicamente, a mujeres biológicas que no se identifican con la categoría de género utilizada por la ley. Es una contradicción que merece una respuesta legislativa, no una descalificación automática de quien la plantea.
El debate se vuelve todavía más relevante cuando Alsalem examina el marco internacional de protección de los derechos de las mujeres. En su comunicación, interpreta que instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará se apoyan en la protección frente a la discriminación y la violencia por razón de sexo. Desde esa perspectiva, advierte que confundir sexo, género e identidad de género puede alterar el alcance de las categorías jurídicas sobre las que se construyeron esas garantías.
Hay una consecuencia práctica que no debería quedar relegada a una disputa terminológica: la producción de estadísticas. Si el sexo deja de ser una variable claramente identificable en los registros oficiales, advierte la relatora, podría dificultarse la medición de la violencia que afecta específicamente a las mujeres.
Sin información diferenciada por sexo, ¿cómo determinar con precisión la magnitud de una violencia que se pretende combatir? ¿Cómo identificar patrones, reconocer factores de riesgo y evaluar si las medidas estatales están funcionando? La política pública necesita datos fiables. Y esos datos requieren categorías claras, consistentes y comparables.
La propuesta de Alsalem apunta a una distinción que considera fundamental: registrar los datos por sexo. La carta reconoce que todas las personas deben recibir protección frente a la violencia y la discriminación. Lo que cuestiona es que esa protección se construya a costa de borrar una categoría estadística y jurídica necesaria para identificar la violencia específica contra las mujeres.
La cuestión exige equilibrio y responsabilidad. Los servicios de protección deben atender a toda persona que se encuentre en situación de violencia, sin discriminación.
En definitiva, la comunicación de la relatora plantea una advertencia que el Congreso mexicano no debería ignorar: una ley destinada a proteger a las mujeres debe definir con precisión a quién protege, cómo identifica la violencia que busca combatir y qué instrumentos utiliza para medir sus resultados. La claridad conceptual no es un lujo académico; es una condición para que la ley pueda aplicarse correctamente.
La discusión tampoco debería reducirse a una confrontación ideológica. Si la definición de mujer es jurídicamente ambigua o si las estadísticas pierden capacidad de identificar la violencia por sexo, corresponde revisar el texto antes de convertirlo en ley.
