La suspensión temporal de las máximas autoridades del organismo y la intervención policial en sus instalaciones profundizaron el enfrentamiento institucional. La oposición acusa al Gobierno de Donald Tusk de intentar tomar el control del Tribunal, mientras el Ejecutivo justifica las medidas en la necesidad de restablecer su funcionamiento.
Polonia atraviesa una nueva crisis institucional tras la suspensión temporal del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La decisión, anunciada el viernes 30 de octubre, provocó fuertes reacciones políticas y llevó al presidente Karol Nawrocki a interrumpir su viaje oficial a Senegal para regresar al país.
La medida fue impulsada por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien asumió la dirección del Tribunal por ser la integrante con mayor antigüedad judicial. Según las explicaciones difundidas, la suspensión se fundamenta en presuntas irregularidades en la convocatoria de reuniones del organismo y en la conformación de los tribunales encargados de resolver los casos. La decisión se ampara en una disposición legal que permite apartar temporalmente a un juez cuando existen determinadas circunstancias que afectan el funcionamiento del servicio judicial.
El episodio coincidió con un importante despliegue policial en las instalaciones del Tribunal Constitucional. La Policía señaló que acudió tras recibir advertencias sobre posibles riesgos para la seguridad y después de incidentes registrados en el exterior. La intervención generó nuevas acusaciones de la oposición, que considera que el Gobierno está avanzando sobre una institución que debería mantenerse al margen de las disputas partidarias.
El presidente Nawrocki, cercano al partido conservador Ley y Justicia (PiS), decidió regresar a Polonia ante la gravedad de los acontecimientos. Por su parte, el líder opositor Jarosław Kaczyński calificó lo ocurrido como un intento de golpe. Desde el entorno del Tribunal también se cuestionó la legitimidad de Korwin-Piotrowska para asumir su conducción y se denunció una supuesta apropiación irregular de la página web institucional.
La disputa judicial también está atravesada por el enfrentamiento entre el actual Gobierno de Donald Tusk y las instituciones europeas con los sectores conservadores que gobernaron Polonia hasta 2023. Durante años, la Comisión Europea cuestionó la independencia del sistema judicial polaco y mantuvo abierto un procedimiento contra el país en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
Tras la llegada de Tusk al poder, el Ejecutivo presentó un plan de reformas judiciales que recibió el respaldo de Bruselas. En febrero de 2024, la Comisión Europea anunció medidas que permitieron avanzar en el desbloqueo de hasta 137.000 millones de euros en fondos comunitarios. En mayo de ese año, decidió retirar su propuesta motivada dentro del procedimiento del artículo 7, al considerar que los compromisos asumidos por Varsovia reducían el riesgo de una vulneración grave del Estado de derecho.
Este respaldo europeo se convirtió en uno de los puntos centrales de las críticas de la oposición, que acusa a Tusk de utilizar el argumento de la restauración institucional para modificar el equilibrio de poder dentro de la Justicia. El Gobierno, en cambio, sostiene que las medidas buscan corregir irregularidades heredadas de la administración anterior y garantizar el funcionamiento del Tribunal.
Mientras los sectores enfrentados defienden interpretaciones opuestas sobre la legalidad de las decisiones, el Tribunal Constitucional vuelve a quedar en el centro de una disputa que amenaza con profundizar la división política del país.
