El campo paraguayo necesita menos asistencialismo y más herramientas para producir, acceder al crédito, incorporar tecnología y generar ingresos. Esa fue una de las principales ideas expuestas por el ingeniero Héctor Cristaldo durante una entrevista con el senador Gustavo Leite en el podcast “O cambiamos o nos cambian”, donde ambos analizaron los desafíos del pequeño productor, la situación de la tierra, la política agrícola, las exigencias ambientales y el impacto de la cooperación internacional sobre el modelo productivo paraguayo.
Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y referente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, sostuvo que durante décadas el Estado abordó la situación del pequeño campesino desde una lógica que terminó limitando sus posibilidades de incorporarse plenamente a la economía. A su criterio, el desafío consiste en abandonar la idea de que el productor rural debe permanecer ligado al autoconsumo y avanzar hacia un esquema que le permita generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de su familia.
Durante la conversación, Cristaldo recordó el proceso de integración de pequeños productores a las cadenas de producción de granos iniciado en 2009 en San Pedro. La iniciativa reunió a organizaciones del sector y comenzó con capacitación en manejo de suelo y producción. Muchos agricultores querían producir soja, pero carecían de experiencia, por lo que el proceso comenzó con maíz y posteriormente avanzó hacia la soja. Los resultados, según explicó, comenzaron a observarse en aproximadamente dos años, con mejoras en los rendimientos, la productividad y los ingresos.
Para Cristaldo, esa experiencia demuestra que el pequeño productor puede integrarse a la agricultura de mayor escala sin dejar de ser propietario de una explotación familiar. La clave, según su planteamiento, está en incorporarlo a las cadenas de valor, brindarle conocimientos y permitirle acceder a las herramientas necesarias para mejorar su productividad.
El dirigente agrícola sostuvo que el productor rural necesita principalmente “tranquilidad para trabajar, previsibilidad, reglas claras, iguales para todos y seguridad jurídica”. A eso se suman políticas públicas capaces de resolver problemas estructurales que durante décadas limitaron el desarrollo de las pequeñas fincas.
Entre esos problemas ubicó la falta de titulación de tierras. Durante la entrevista señaló que, de acuerdo con un trabajo realizado en 2012, de los aproximadamente 3,2 millones de hectáreas destinadas a colonias de reforma agraria en la región Oriental, el 62% permanecía sin título. Esa situación, explicó, tiene consecuencias directas sobre la capacidad del productor para incorporarse al sistema financiero.
La titulación, según Cristaldo, no representa solamente la formalización de una propiedad. Permite hipotecar la tierra, acceder al crédito y convertirse en sujeto financiero. “Sos dueño. Sos propietario”, destacó al explicar que esa condición también genera mayor confianza y arraigo.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se analiza el acceso al financiamiento. Cristaldo señaló que el 85% de los productores con menos de 50 hectáreas no tiene acceso al sistema de crédito formal, principalmente porque no cuenta con una propiedad que pueda utilizar como garantía. Para el dirigente, titulación, crédito y capacitación constituyen los tres pilares que deben fortalecerse para que el campesino pueda progresar mediante su propio trabajo.
La conversación también abordó el conflicto por la tierra y la penalización de las invasiones. Cristaldo consideró que la denominada ley Riera-Zavala tuvo un efecto disuasivo al eliminar, según su interpretación, la sensación de impunidad que anteriormente podía favorecer las ocupaciones de propiedades. Sin embargo, aclaró que la disminución de la conflictividad rural no puede atribuirse exclusivamente a una norma penal, sino también a un proceso de acercamiento entre pequeños, medianos y grandes productores y a la incorporación de agricultores de menor escala a cadenas de valor.
“Al que gana plata no le interesa invadir”, sostuvo Cristaldo al explicar su visión sobre la relación entre generación de ingresos y conflictividad rural. A su criterio, un productor que encuentra una vía para progresar mediante su actividad tiene mayores incentivos para trabajar dentro de la legalidad y construir relaciones productivas con su entorno.
En ese contexto, el dirigente fue particularmente crítico con el asistencialismo estatal. Cuestionó un modelo en el que el Ministerio de Agricultura durante años habría funcionado como proveedor de pollitos, chanchos, semillas, herramientas y otros insumos, sin necesariamente generar capacidades productivas permanentes.
Cristaldo planteó que entregar tierra a una familia y simplemente dejarla producir no es suficiente. El productor necesita capacitación para administrar su suelo, incorporar tecnología, aumentar sus rendimientos y acceder a financiamiento acorde con sus ciclos productivos.
Para el dirigente, el nuevo enfoque del Ministerio de Agricultura debería concentrarse en productividad, eficiencia y competitividad. La superficie disponible es limitada, pero la producción por hectárea puede aumentar significativamente mediante nuevas variedades, manejo adecuado del suelo y tecnología. Como ejemplos, mencionó experiencias de caña de azúcar con rendimientos de hasta 120 toneladas por hectárea y pequeñas parcelas de soja que alcanzan 3.500 kilos por hectárea o más.
Cristaldo también cuestionó determinados mecanismos de fiscalización ambiental. Su planteamiento es que producción y protección ambiental no deberían ser presentadas como objetivos enfrentados, porque el productor depende directamente de la conservación de los recursos naturales que utiliza. Sin embargo, sostuvo que existen situaciones en las que los controles son percibidos por los productores como mecanismos de amedrentamiento y reclamó que la cuestión ambiental tenga un componente mayor de educación y capacitación.
Otro de los capítulos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con las organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional. Cristaldo cuestionó que determinados programas de cooperación lleguen con proyectos prediseñados que no necesariamente responden a la realidad productiva paraguaya. En su opinión, los recursos deberían orientarse hacia las necesidades concretas del productor y, especialmente, hacia mecanismos que permitan financiar la producción en lugar de limitarse a la entrega de bienes.
En cuanto a la cooperación europea, Cristaldo expresó una posición especialmente dura. Cuestionó que detrás de determinados programas puedan existir condiciones destinadas a influir sobre qué, cómo, cuánto y dónde produce Paraguay. Llegó a calificar esa orientación como “colonialismo cultural”, argumentando que el país debe conservar la capacidad de definir su propio modelo productivo y sus propias normas.
El debate se extendió al acuerdo Mercosur-Unión Europea y a las exigencias ambientales vinculadas al comercio. Cristaldo sostuvo que el acuerdo fue producto de un proceso de negociación prolongado y destacó como avances la obtención de cupos propios para Paraguay y la consideración de las leyes nacionales. Sin embargo, manifestó preocupación por normas y mecanismos que, según su interpretación, podrían introducir nuevas condiciones para el acceso de productos paraguayos al mercado europeo.
También cuestionó el sistema de distribución de los cupos de exportación dentro del Mercosur y advirtió que Paraguay, por su condición de país mediterráneo, puede quedar en desventaja frente a Brasil y Argentina bajo un mecanismo basado en el orden de llegada. Planteó que los socios del bloque deberían recuperar un espíritu de mayor equilibrio en la distribución de oportunidades comerciales.
Pese a sus críticas, Cristaldo defendió la estrategia de buscar nuevos mercados para la producción paraguaya. Consideró que la dimensión del mercado interno obliga al país a mirar hacia el exterior y sostuvo que la integración a cadenas agroindustriales y de valor constituye una de las principales vías para generar ingresos y reducir la pobreza rural.
Su conclusión fue directa: Paraguay no puede limitar su potencial productivo a una economía de autoconsumo. El país tiene capacidad para producir alimentos a una escala muy superior a las necesidades de su población y, por lo tanto, necesita generar condiciones para exportar y convertir esa capacidad productiva en ingresos.
Cristaldo cuestionó así una concepción del desarrollo rural basada exclusivamente en que las familias campesinas produzcan para alimentarse. Su planteamiento es que el objetivo debe ser que produzcan, vendan, obtengan rentabilidad y puedan mejorar progresivamente su calidad de vida. “No está mal ganar plata”, resumió durante la conversación. La entrevista conducida por Gustavo Leite dejó planteado, de esta manera, un debate de fondo sobre el futuro del campo paraguayo: si el Estado debe continuar concentrando buena parte de sus esfuerzos en la asistencia directa o si debe avanzar hacia un modelo en el que la prioridad sea convertir al pequeño productor en un actor plenamente integrado a la economía formal, con tierra titulada, acceso al crédito, capacitación, tecnología y posibilidades reales de competir en los mercados.
