La superintendenta de Jubilaciones, Griselda Figueredo, explicó que el Banco Central prepara una unidad de negocios con los activos considerados sanos de la entidad. El porcentaje de recuperación dependerá del valor que se consiga por su transferencia a otros bancos.
La recuperación de los depósitos que quedaron pendientes tras el cierre de ueno bank S.A. dependerá, en buena medida, del resultado de la operación mediante la cual el Banco Central del Paraguay (BCP) buscará transferir los activos aprovechables de la entidad a otros bancos del sistema financiero.
La superintendenta de Jubilaciones, Griselda Figueredo, explicó que el proceso se encuentra en una etapa técnica de depuración y valoración de los bienes y créditos que todavía pueden generar recursos. Según detalló en una entrevista con el canal GEN, cuanto mayor sea el valor que se consiga por esos activos, mayor será la capacidad de devolución a los depositantes que exceden la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
La explicación adquiere relevancia luego de que el BCP concluyera los desembolsos correspondientes al anticipo de la garantía estatal para los pequeños ahorristas, que permitió cubrir hasta G. 121 millones por cliente. La cobertura total prevista alcanza G. 228,3 millones, por lo que todavía queda pendiente una etapa para completar los montos correspondientes dentro del límite legal y determinar la recuperación de quienes mantenían depósitos superiores a ese tope.
La primera etapa: identificar y valorar los activos recuperables
Figueredo señaló que los interventores del Banco Central trabajan actualmente en la elaboración del denominado Balance de Exclusión. Se trata del documento técnico mediante el cual se identifican, separan y valoran los activos que pueden ser transferidos a otra entidad financiera.
Entre los componentes considerados se encuentran los préstamos que presentan un comportamiento de pago favorable, particularmente aquellos clasificados en las categorías 1, 2 y 3, además de los bienes e instrumentos que integran el patrimonio de la institución.
En ese inventario pueden incluirse inmuebles, como la casa matriz y las sucursales, vehículos, bonos, acciones y otros títulos valores que tengan un valor económico verificable.
La funcionaria explicó que estos activos deben ser depurados y valuados a precios reales de mercado para conformar una cartera que resulte atractiva para las entidades interesadas en adquirirla.
Aunque inicialmente se manejó una referencia cercana a los USD 600 millones en activos sanos, Figueredo indicó que existen estimaciones técnicas según las cuales el monto podría incluso duplicarse una vez concluido el relevamiento definitivo. Se trata, sin embargo, de una cifra preliminar que todavía debe ser confirmada mediante el inventario y la valoración final.
Concurso entre bancos para transferir la cartera
Una vez conformada la unidad de negocios, el BCP convocará a un concurso privado entre las entidades financieras que estén interesadas en recibir los activos.
De acuerdo con la explicación de Figueredo, los bancos participantes dispondrán de un periodo limitado para examinar la documentación de respaldo de la cartera, incluidos pagarés, garantías hipotecarias y antecedentes de los clientes. Posteriormente, deberán presentar sus propuestas económicas en sobres cerrados.
La entidad seleccionada adquirirá los activos adjudicados y asumirá, como contrapartida, los pasivos correspondientes a los depósitos de los clientes que le sean transferidos. Para completar el mecanismo también se utilizará el remanente de recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, luego de los pagos efectuados a los pequeños ahorristas.
El objetivo de este procedimiento es trasladar los activos recuperables y las obligaciones asociadas a una o varias entidades financieras que puedan continuar administrando esas relaciones con los depositantes.
La adjudicación de los lotes quedará a cargo del Directorio del Banco Central. Una vez definido el banco comprador, este establecerá el vínculo directo con los ahorristas cuyos depósitos formen parte de la operación.
La recuperación dependerá del valor de venta
Uno de los puntos centrales de la explicación de Figueredo fue el mecanismo de recuperación para los depositantes que superan el límite de cobertura del Fondo de Garantía, entre ellos grandes inversionistas, instituciones públicas y cajas previsionales.
La superintendenta sostuvo que existe una relación directa entre el valor que se consiga por los activos transferidos y el porcentaje de los depósitos que podrá ser devuelto. En otras palabras, una cartera que logre colocarse a un precio más elevado permitirá disponer de mayores recursos para atender las obligaciones pendientes.
Figueredo recordó que, en procesos de resolución anteriores, cuando se consiguió transferir la totalidad de los activos considerados potables, algunos grandes depositantes e incluso el Instituto de Previsión Social (IPS) llegaron a recuperar el 100% de sus recursos.
Ese antecedente, no obstante, no representa una garantía de que el mismo resultado se repetirá en el caso de ueno. La recuperación dependerá de la calidad efectiva de los activos, su valoración, las ofertas que presenten los bancos y las condiciones de la operación.
Tras la adjudicación, los bancos compradores deberán establecer los cronogramas de devolución. Según la explicación de la funcionaria, para los montos menores los plazos suelen ubicarse alrededor de los 30 días, mientras que las colocaciones de mayor volumen pueden requerir negociaciones y condiciones acordes con los instrumentos originales.
Los recursos que todavía están en juego
Las cifras preliminares difundidas por el Poder Ejecutivo muestran la dimensión de las obligaciones que deberán ser atendidas durante esta segunda etapa.
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Rolando de Barros, informó sobre los montos vinculados al proceso de resolución de la entidad. Entre los datos comunicados figura una suma de USD 926 millones correspondiente a instituciones públicas, incluidas entidades binacionales y cajas jubilatorias.
Por otra parte, se reportó un monto de aproximadamente USD 600 millones adeudado a grandes ahorristas cuyos depósitos superaban el límite de cobertura del Fondo de Garantía. Esta cifra corresponde a los recursos pendientes de ese segmento, excluyendo el dinero ya devuelto a los pequeños depositantes mediante el mecanismo de garantía.
Los montos fueron presentados como cifras preliminares, por lo que deberán ser considerados dentro del proceso de conciliación y determinación de las obligaciones correspondientes.
Sin fecha definida para la segunda etapa
Mientras el anticipo del Fondo de Garantía ya fue desembolsado, la segunda fase todavía no tiene una fecha de ejecución establecida.
El siguiente paso será completar el Balance de Exclusión, determinar el valor definitivo de los activos transferibles y convocar a las entidades interesadas. Recién después de ese procedimiento se conocerá qué bancos recibirán las carteras y bajo qué condiciones asumirán los depósitos correspondientes.
Para los ahorristas que mantienen fondos por encima de la cobertura legal, así como para instituciones públicas y cajas previsionales, el resultado de la operación será determinante. El valor final de los activos y la capacidad de colocarlos en el mercado financiero marcarán el margen real de recuperación.
Por ahora, el proceso se encuentra condicionado a la culminación de la evaluación técnica y a las ofertas que presente el sistema bancario. La posibilidad de recuperar una proporción elevada de los depósitos existe, según los antecedentes mencionados por Figueredo, pero el porcentaje definitivo todavía no está establecido.





