Hay muchas formas de despojar a un pueblo. La antigua era brutal y visible: conquistar, ocupar, expulsar y apropiarse de la tierra. La contemporánea puede ser mucho más sofisticada: reconocer solemnemente a sus propietarios ancestrales y después permitir que otros decidan qué pueden hacer dentro de ella.
Se les reconoce el territorio, pero se condiciona su uso. Se proclama su autonomía, pero terceros determinan qué pueden producir, cuánto pueden transformar, qué infraestructura resulta admisible y hasta qué forma de vida conserva suficiente “autenticidad” indígena.
La conquista antigua podía quitarles la tierra. La tutela contemporánea puede dejarles el título y quitarles la decisión.
Cuando esa tutela se ejerce en nombre de la conservación mientras las comunidades continúan padeciendo aislamiento, falta de agua potable accesible, dificultades para producir alimentos y enormes distancias para recibir atención sanitaria, la contradicción deja de ser ambiental y se vuelve profundamente humana. A ese riesgo llamo deliberadamente genocidio verde.
No como sentencia penal contra personas u organizaciones determinadas. Jurídicamente, el genocidio exige intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo. Pero la Convención de 1948 contempla también el sometimiento deliberado de un grupo a condiciones de existencia destinadas a provocar su destrucción física y las medidas dirigidas a impedir nacimientos.
La precisión jurídica importa. Pero no puede convertirse en excusa para dejar de mirar las consecuencias.
Los indígenas no comen árboles
El bosque puede integrar profundamente la cultura, espiritualidad e identidad territorial de los pueblos indígenas. Pero los indígenas no comen árboles. Necesitan agua potable, alimentos, salud, caminos, educación, comunicación y capacidad para producir.
El monte no opera una apendicitis ni una hernia estrangulada. No proporciona el antiveneno que debe llegar a tiempo después de una mordedura de serpiente. Tampoco sustituye un camino cuando una mujer embarazada necesita llegar con urgencia a un puesto de salud.
Y la existencia de agua bajo el suelo no equivale a disponer de agua potable y accesible. Esa diferencia puede significar la vida o la muerte en el Chaco. Una madre que llega demasiado tarde con su hijo recién nacido ya sin vida no representa una postal ancestral. Una persona que muere por una urgencia quirúrgica tratable tampoco. Una familia obligada a recorrer enormes distancias para conseguir alimentos no está protagonizando una romántica forma de autosuficiencia.
La sed no es cultura. La precariedad no es ancestralidad. El aislamiento no es identidad. Y una muerte evitable no se vuelve aceptable porque ocurra dentro de un paisaje natural.
No son piezas de museo
Los pueblos indígenas nunca fueron elementos inmóviles dentro del paisaje. Se desplazaron. Buscaron agua. Siguieron animales. Establecieron intercambios. Abrieron sendas. Construyeron vías de comunicación adaptadas a cada época. Sus caminos evolucionaron porque las sociedades evolucionan.
Pretender que respetar su identidad exige mantenerlos sujetos a las condiciones materiales de siglos pasados es profundamente paternalista. Nadie exige al habitante de Asunción renunciar al automóvil, al hospital, al agua corriente, a la electricidad o a internet para conservar su identidad paraguaya. Sin embargo, desde la comodidad urbana resulta fácil contemplar una comunidad indígena y decidir que incorporar esas mismas herramientas amenaza su cultura. Él no renuncia al desarrollo. La ancestralidad siempre debe practicarla otro. Eso no es respeto. Es fosilización humana.
La tierra es de ellos. La decisión también.
La Constitución paraguaya reconoce a los pueblos indígenas tierras suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Convenio 169 de la OIT reconoce además su derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Ese principio debería bastar.
Los indígenas no fueron reconocidos como propietarios para transformarse en guardianes gratuitos de un paisaje que interesa al resto del mundo. Son propietarios. Son ciudadanos. Son sujetos de derechos.
La propiedad pierde sustancia cuando organismos estatales, ONG, financiadores, ambientalistas, consultores o intermediarios adquieren mayor influencia que la propia comunidad sobre el futuro de su territorio. No basta entregarles el título si otros conservan el poder de decidir.
Paraguay ya conoce esa contradicción. En el caso Xákmok Kásek, la Corte Interamericana ordenó que la declaración de parte del territorio reclamado como área silvestre protegida no se convirtiera en obstáculo para devolver las tierras tradicionales a la comunidad. También dispuso medidas vinculadas con atención sanitaria y comunicación.
La conclusión es elemental:
La conservación no puede utilizarse para vaciar los derechos territoriales de quienes dice proteger.
El animal entra en la fotografía. El ser humano queda afuera.
El conservacionismo conoce el poder de la emoción. La propia disciplina utiliza las denominadas “especies bandera”: animales especialmente eficaces para captar atención pública, adhesiones y financiamiento. Nada hay de malo en conmoverse ante un jaguar, el problema comienza cuando la fotografía termina exactamente donde empieza la parte cruel de la realidad humana.
Entra el jaguar. Entra el cachorro. Entra el bosque. Y quedan afuera la madre, el enfermo, el niño, el camino, la falta de agua potable, la familia que necesita producir y el propietario indígena al que terceros pretenden explicar qué hacer con la tierra de sus antepasados.
No hace falta mentir para deformar una realidad. A veces basta con decidir qué queda fuera del encuadre.
Por eso cualquier programa de conservación que intervenga sobre territorios habitados debe medir resultados humanos con la misma rigurosidad con que mide resultados ambientales.
Si contamos jaguares, midamos también acceso al agua potable. Si protegemos corredores biológicos, midamos la distancia hasta el hospital. Si queremos modificar comportamientos, expliquemos cuáles y con qué legitimidad. Si prometemos beneficiar a las personas, demostremos que efectivamente viven mejor.
Y cuando intervienen millones de dólares sobre territorios paraguayos, sigamos el dinero.
El Estado paraguayo no puede lavarse las manos
Sería demasiado cómodo responsabilizar solamente a actores extranjeros. La responsabilidad primaria es del Estado paraguayo.
Si una comunidad carece de agua potable accesible, el Estado ha fallado. Si una urgencia tratable puede transformarse en muerte por falta de asistencia oportuna, el Estado ha fallado. Si el propietario de una tierra no puede permanecer en ella por falta de infraestructura básica, el Estado ha fallado.
Y si organizaciones externas ocupan el espacio abandonado por las instituciones públicas y terminan influyendo sobre el futuro de ciudadanos paraguayos más que el propio Estado, también ha fallado.
La Constitución proclama que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos.
Entonces no puede existir un Paraguay con hospitales, carreteras, agua y oportunidades y otro Paraguay donde la precariedad se justifique como identidad cultural.
La vida de un paraguayo indígena vale exactamente lo mismo que la de cualquier otro paraguayo. La igualdad no se prueba en los discursos. Se prueba cuando necesita un médico. Cuando necesita agua potable. Cuando quiere producir. Cuando necesita un camino. Cuando pretende construir un futuro para sus hijos. Ahí queda expuesta la verdadera dimensión de nuestros principios patrios de justicia e igualdad.
La sombra de la eugenesia
La relación histórica entre determinados sectores del primer conservacionismo estadounidense y la eugenesia está documentada. Madison Grant fue simultáneamente una figura relevante del conservacionismo y un propagandista de la eugenesia y del racismo pseudocientífico. Defendió incluso la esterilización de quienes consideraba “no aptos”.
Las intervenciones sobre la reproducción indígena tampoco pertenecen a una leyenda remota. Durante el siglo XX existieron programas de esterilización que afectaron a mujeres indígenas y dieron lugar a investigaciones oficiales por graves deficiencias de consentimiento.
Nada de ello demuestra que los conservacionistas actuales sean eugenistas.
Pero la historia sí demuestra algo que resulta suficiente:
Nadie puede exigirnos ingenuidad cuando terceros pretenden decidir las condiciones materiales bajo las cuales poblaciones vulnerables pueden vivir, producir, desarrollarse y reproducir sus comunidades.
Las palabras cambian. La tutela puede sobrevivir. Antes se decidía quién era apto. Hoy debemos impedir que otros decidan qué grado de desarrollo resulta aceptable para poblaciones que no son las suyas.
NO SEA IDIOTA ÚTIL: NO FACILITE LA EUGENESIA
Después están quienes no diseñan políticas, no las financian y apenas comprenden sus consecuencias. Pero las legitiman. Son los idiotas útiles. Ven la fotografía del animalito. Se enternecen. La comparten. Repiten la consigna. Celebran una nueva restricción.
Y jamás averiguaron de dónde bebe agua la comunidad, cuánto demora en llegar al hospital, qué puede producir, qué quiere hacer con su propia tierra ni quién financia a quienes hablan en su nombre. Que la expresión moleste. Tal vez así algunos reaccionen. No sea idiota útil.
La compasión sin conocimiento puede ser manipulada. La emoción sin razonamiento también. Y una persona genuinamente bienintencionada puede terminar facilitando políticas profundamente injustas porque estaba tan convencida de estar haciendo el bien que nunca quiso investigar sus consecuencias.
No facilite una lógica eugenésica creyendo que está defendiendo la naturaleza. No acepte para otros una precariedad que jamás aceptaría para sus propios hijos.
Los vendidos y los seudopastores
La ignorancia puede explicar al idiota útil. No explica a quien sabe y cobra. Si alguien conoce que una política perjudica a la comunidad que dice defender y aun así la sostiene porque de ella dependen aportes, consultorías, salarios, proyectos, viajes o posiciones, estamos frente a otra cuestión.
No corresponde acusar personas sin documentos. Corresponde exigir transparencia absoluta. Quién paga. Quién recibe. Cuánto recibe. Qué compromiso asume. Qué comportamiento pretende modificar. Y cuánto beneficio llega realmente hasta la comunidad.
La misma exigencia alcanza a quienes ejercen funciones religiosas. Muchísimos religiosos han servido genuinamente durante décadas a pueblos indígenas allí donde el Estado estuvo ausente. No hablo de ellos. Hablo del seudopastor que protege antes su relación con quien financia sus estructuras que los intereses de la gente a la que dice servir. Del que conoce la sed y calla. Del que conoce el aislamiento y calla. Del que contempla la dependencia y calla para conservar el aporte. Ese hombre debería recordar una enseñanza anterior a cualquier agenda internacional: No se puede servir a Dios y al dinero.
Rigor también para nuestra denuncia
La población indígena total del Paraguay no está disminuyendo según los últimos censos. Entre 2012 y 2022 aumentó. Ese dato debe decirse. No necesitamos falsearlo para sostener una acusación grave.
Una población agregada puede crecer mientras determinadas comunidades padecen mortalidad evitable, dependencia, desplazamiento, precariedad sanitaria y pérdida de autonomía. Por eso el análisis correcto debe hacerse pueblo por pueblo y comunidad por comunidad.
El objeto de esta denuncia no es inventar una desaparición demográfica general. Es impedir que muertes evitables, éxodos y condiciones de vida indignas sean naturalizados hasta convertirse en parte invisible del paisaje.
No conservarlos. Respetarlos.
Tal vez el error empiece en el propio verbo. A los seres humanos no se los conserva. Se conservan documentos. Bosques. Obras de arte. Especies. Los pueblos viven. Cambian. Aprenden. Producen. Viajan. Incorporan tecnologías. Abandonan algunas costumbres y conservan otras. Deciden.
Un indígena con internet sigue siendo indígena. Una comunidad con agua potable sigue siendo indígena. Un camino no destruye automáticamente una cultura. Un hospital tampoco.
La verdadera autodeterminación comienza cuando aceptamos que pueden elegir un futuro distinto del que nosotros imaginamos para ellos. Protejamos al jaguar. Protejamos el bosque. Protejamos la biodiversidad. Pero ampliemos la fotografía, detrás del animal está el ser humano. Detrás del árbol está la familia. Detrás del mapa está el propietario. Y detrás de cada proyecto está el dinero. Sigamos el dinero.
“Genocidio verde” no es aquí una condena penal anticipada. Es una alarma frente a cualquier sistema que, amparado en propósitos aparentemente virtuosos, termine considerando aceptable que otros seres humanos permanezcan más pobres, más aislados, más dependientes o expuestos a muertes evitables para mantener intacto un territorio que terceros decidieron conservar.
La justicia exige no aceptar para ellos aquello que jamás aceptaríamos para nosotros. La igualdad exige todavía más:
Que ningún paraguayo sea sacrificado para tranquilizar la conciencia ambiental de otro.
Ni extranjero. Ni funcionario. Ni ONG. Ni intermediario. Ni seudopastor. Ni idiota útil. La tierra indígena pertenece a sus pueblos. Su futuro también. Que nadie, bajo el disfraz de protegerlos, vuelva a apropiarse del derecho de decidir quiénes deben ser, cómo deben vivir y hasta dónde tienen permitido desarrollarse.
