Cada vez que un operativo destruye una plantación de marihuana dentro de una reserva natural, la noticia suele medirse en hectáreas y kilos de droga. Pero debajo de esas cifras existe otra historia: la transformación del bosque.
Para instalar una parcela clandestina no basta con sembrar. En numerosos procedimientos documentados en Paraguay fueron encontrados terrenos desmontados, campamentos, senderos, lugares de secado y estructuras destinadas al procesamiento de la marihuana.
El resultado es una doble presión sobre las áreas protegidas: por un lado, la actividad del narcotráfico; por otro, la pérdida y degradación del ecosistema de la que nadie habla.
La dinámica detectada por las autoridades suele comenzar con la apertura de un espacio dentro del bosque. La vegetación es removida para crear una superficie apta para el cultivo. En algunos casos aparecen caminos o senderos para facilitar el ingreso y salida de personas y productos.
Luego se construyen estructuras precarias donde los trabajadores pueden permanecer durante el ciclo de producción.
En las incursiones también fueron encontrados elementos para secar, picar, prensar y almacenar la marihuana. Es decir, la transformación no termina cuando desaparecen los árboles. El área intervenida puede convertirse temporalmente en una pequeña unidad productiva clandestina.
Mbaracayú: una de las dimensiones más grandes
El caso de Mbaracayú permite dimensionar el impacto. SENAD informó sobre operaciones acumuladas en la reserva en las que fueron destruidas 134 hectáreas de cultivos ilícitos y más de 416 toneladas de cannabis. La institución estimó además que, para habilitar esas superficies, pudieron haber sido derribados entre 90.000 y 100.000 árboles nativos.
La cifra es una estimación institucional y no significa que cada árbol haya sido contabilizado individualmente. Pero permite visualizar la escala potencial de la transformación del bosque asociada a los cultivos detectados. El daño ambiental tampoco se limita a los árboles, porque cuando una superficie continua de bosque es convertida en parcelas, se produce fragmentación del hábitat. Los animales pierden áreas de refugio y alimentación y aumenta la exposición de los sectores naturales a actividades humanas.
San Luis: MADES habló de un posible “ecocidio”
En 2020, MADES informó sobre la destrucción de 12 hectáreas de marihuana dentro del Parque Nacional Serranía San Luis. La institución señaló que los cultivos estaban acompañados por tala de árboles nativos para habilitar las parcelas.
La utilización de un parque nacional para producir droga generó entonces una preocupación que iba más allá de la persecución penal. MADES llegó a advertir sobre el riesgo de un posible “ecocidio”.
En 2024, la zona volvió a aparecer en los registros oficiales, con la destrucción de otras 11 hectáreas de cultivos. El caso plantea una cuestión fundamental: ¿qué ocurre con el área afectada después del operativo?
Destruir la planta de marihuana elimina el cultivo, pero no devuelve inmediatamente al bosque los árboles que fueron talados ni recupera de manera instantánea las condiciones ecológicas originales.
Cerro Corá: parcelas abiertas dentro del parque
En el Parque Nacional Cerro Corá también se documentó la transformación de bosque para instalar cultivos. En 2020, MADES informó que ocho hectáreas de bosque nativo habían sido desmontadas para cultivar marihuana.
Los cultivos estaban distribuidos en distintos puntos del parque y fueron encontrados junto con campamentos. Meses después, una nueva intervención permitió destruir 18 hectáreas de plantaciones, además de marihuana picada, semillas y campamentos.
Campamentos, prensas y lugares de secado
Uno de los elementos que suele quedar oculto detrás de la cifra de “hectáreas destruidas” es la infraestructura. En Mbaracayú, por ejemplo, un operativo de 2015 encontró 24 campamentos y 11 prensas rústicas junto a los cultivos.
En otros procedimientos fueron localizadas zarandas, lugares de secado, marihuana picada y depósitos improvisados. Esto muestra que determinados sectores de las reservas pueden utilizarse como algo más que terrenos de siembra. Funcionan, al menos durante determinado período, como espacios de producción y procesamiento.
En algunas áreas también fueron detectadas pistas clandestinas. El caso de Paso Bravo es especialmente relevante. En 2021, MADES informó sobre siete pistas asociadas a un operativo que terminó con la destrucción de 38 hectáreas de cultivos. Las pistas agregan otra dimensión al impacto territorial porque requieren espacios despejados y facilitan la entrada y salida de aeronaves.
En 2024, MADES volvió a informar sobre pistas clandestinas y bases de producción dentro del parque. La existencia de estas estructuras demuestra que la actividad puede modificar el territorio de distintas maneras: desde pequeñas parcelas hasta espacios utilizados para transporte y logística.
Los operativos de erradicación tienen un efecto inmediato: eliminan las plantas y destruyen campamentos. Pero la recuperación ambiental es otra cuestión. Un bosque nativo no vuelve a su estado original simplemente porque una plantación haya sido destruida.
La tala, la apertura de caminos, la compactación del suelo y la fragmentación del hábitat pueden generar impactos que permanecen después de que la droga desaparece. Por eso, la lucha contra los cultivos ilícitos dentro de áreas protegidas también debería ser entendida como una política de conservación.
La discusión no es solamente cuántos kilos de marihuana fueron destruidos. También es cuántas hectáreas de bosque fueron alteradas, cuántos árboles desaparecieron, qué ecosistemas quedaron fragmentados y qué mecanismos existen para impedir que la misma zona vuelva a ser ocupada.
