En la literatura universal, Humbert —protagonista de Lolita, la célebre novela de Vladimir Nabokov— intenta disfrazar su perversión con un lenguaje elegante y argumentos intelectuales. Sin embargo, la sofisticación de sus palabras no cambia la naturaleza de sus actos: la víctima sigue siendo una niña y el victimario, un adulto que abusa de su poder.
La comparación resulta incómoda al revisar algunos antecedentes del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, recientemente distinguido por la Universidad Nacional de Asunción con el título de Doctor Honoris Causa. La diferencia es que Humbert es un personaje de ficción, mientras que Zaffaroni fue juez y sus decisiones tuvieron consecuencias sobre personas reales.
La mesa de honor estuvo integrada, entre otros, por la Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, rectora de la UNA. La institución homenajeó a un jurista identificado con el garantismo penal, la limitación del poder punitivo del Estado y el minimalismo penal.
El problema no es que un académico tenga ideas discutibles. El problema aparece cuando esas ideas son aplicadas desde un tribunal y terminan colocando el centro de la preocupación judicial en el victimario, mientras la víctima queda relegada.
Todo lo anterior podría parecer una descripción etérea, sutil y casi intangible. Por eso es necesario acudir a un caso concreto: el expediente “Tiraboschi, Julio E.”, resuelto en 1989 por la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, integrada, entre otros, por Eugenio Raúl Zaffaroni.
Lo perturbador del caso no es solamente la discusión técnica sobre si determinados actos sexuales constituían o no “acceso carnal” conforme a la legislación de la época. Lo más grave es el modo en que el razonamiento judicial parece desplazar el foco desde la conducta del adulto hacia la experiencia previa y el supuesto grado de afectación de la niña.
En la resolución se sostuvo que no estaba probado que la menor no ejerciera la prostitución. Esa duda terminó operando en beneficio del adulto acusado. La lógica resulta moralmente insoportable: si una niña ya hubiera sido víctima de abusos o explotación, eso no debería convertirla en una víctima de menor valor. La vulnerabilidad previa no elimina la dignidad; la vuelve más urgente de proteger.
También fue cuestionada la consideración de que el hecho ocurrió a oscuras y que esa circunstancia reduciría el contenido traumático de la experiencia. Pero la oscuridad no vuelve menos grave un abuso. Tampoco lo hacen la ausencia de lesiones visibles, el engaño o la falta de pruebas sobre un daño psicológico inmediato.
Una justicia que se pregunta principalmente si la niña ya estaba “corrompida” corre el riesgo de responsabilizar a la víctima por su propia victimización. Y una justicia que considera relevante que el hecho haya ocurrido a oscuras parece olvidar que la oscuridad no fue elegida por ella.
El cuestionamiento a Zaffaroni también incluye controversias políticas y patrimoniales. En 2011 y 2012, una organización dedicada a la lucha contra la trata denunció que en departamentos de su propiedad se ejercía la prostitución. Zaffaroni negó responsabilidad y el caso no derivó en una condena judicial. También fueron cuestionadas sus posiciones políticas y su cercanía con sectores ideológicos de izquierda, aspectos que pueden afectar la percepción de independencia asociada a quien ocupó funciones judiciales de máxima relevancia.
La UNA tiene libertad para distinguir a los juristas que considere relevantes. Pero la sociedad también tiene derecho a preguntar qué representa ese reconocimiento.
¿Se está homenajeando únicamente una trayectoria académica? ¿Se están ignorando las consecuencias prácticas de determinadas doctrinas? ¿Se pretende presentar como modelo para las nuevas generaciones una concepción penal que, en casos como Tiraboschi, parece haber otorgado mayor centralidad a las circunstancias del acusado que a la dignidad de una niña?
Paraguay no necesita importar una justicia desconectada de las víctimas
Paraguay enfrenta problemas graves de inseguridad, violencia sexual, impunidad y debilidad institucional. En ese contexto, adoptar de manera acrítica una línea garantista extrema sería inconveniente y peligroso.
El país necesita jueces respetuosos de las garantías constitucionales, pero también capaces de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los niños. La limitación del poder punitivo no puede convertirse en una excusa para desarmar al Estado frente a los delincuentes peligrosos.
Una cosa es estudiar a Zaffaroni como parte de la historia del derecho penal. Otra muy distinta es presentarlo como una autoridad moral cuya línea de pensamiento debe ser adoptada sin reservas.
Porque cuando un fallo parece encontrar más comprensión para el adulto acusado que para la niña abusada, el problema ya no es solamente jurídico. Es un problema de valores.
Y cuando una universidad decide premiar con el título de Doctor Honoris Causa a quien carga con ese tipo de antecedentes, la pregunta es inevitable:
¿Qué está dispuesta a honrar la Universidad Nacional de Asunción?
Garantías para todos, sí. Pero también dignidad para las víctimas, protección para los niños y responsabilidad frente al delito. Lo contrario no es justicia: es una peligrosa inversión de prioridades.
