La preocupación por la libertad religiosa en Cuba volvió a intensificarse luego de que organizaciones de derechos humanos denunciaran una serie de medidas adoptadas contra líderes cristianos, entre ellas la prohibición de salida del país a un sacerdote católico, detenciones, interrogatorios y amenazas contra pastores evangélicos, en lo que consideran una nueva escalada de hostigamiento por motivos de fe.
El más reciente episodio involucra al sacerdote católico Castor Álvarez Davesa, quien denunció públicamente que las autoridades cubanas le impidieron abandonar la isla cuando se disponía a viajar a Estados Unidos para participar en la ordenación episcopal de un religioso de origen cubanoamericano.
Ante esta situación, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) expresó su condena y sostuvo que la prohibición de salida del país constituye uno de los mecanismos utilizados por el régimen para restringir las libertades fundamentales de quienes mantienen posturas independientes o desarrollan actividades que considera incómodas.
La organización afirmó además que el caso del padre Álvarez Davesa no representa un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón creciente de presión sobre dirigentes religiosos de distintas confesiones.
Las denuncias se producen apenas semanas después de la detención del pastor evangélico Alian López Rodríguez, integrante de la Alianza de Cristianos de Cuba, quien fue arrestado tras participar en una peregrinación realizada en la ciudad de Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus, bajo el lema «Cuba Libre para Cristo».
Durante la actividad, miembros de la congregación recorrieron las calles portando banderas blancas como símbolo de paz junto con la bandera nacional cubana, mientras elevaban oraciones por el país.
Otro de los casos señalados corresponde al pastor Rolando Pérez Lora, conocido como «El Pregonero de Cristo», quien, según el OCDH, fue citado por la policía política, sometido a interrogatorios y posteriormente amenazado debido a su actividad pastoral y a la difusión pública de mensajes de contenido cristiano y cívico.
La situación motivó que el Observatorio presentara una denuncia formal ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, argumentando que el pastor ha sido objeto de reiteradas restricciones que afectan no solo su ministerio religioso, sino también el ejercicio de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de participación en asuntos de interés público.
En el documento remitido a Naciones Unidas, la organización sostiene que existe un patrón sostenido de hostigamiento, vigilancia, intimidación y amenazas presuntamente ejecutado por organismos de seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria, con el propósito de limitar la predicación, impedir la difusión de sermones a través de medios digitales y desalentar el ejercicio colectivo de la libertad religiosa dentro de las comunidades cristianas.
Asimismo, el Observatorio advirtió sobre el uso de las denominadas actas de advertencia, instrumentos administrativos que, aunque no constituyen formalmente una condena penal, pueden servir posteriormente como fundamento para iniciar procesos judiciales por presunta desobediencia, generando un fuerte efecto intimidatorio sobre quienes continúan desarrollando actividades religiosas.
La organización también expresó preocupación porque las medidas adoptadas no afectarían únicamente a los líderes religiosos investigados, sino que extenderían su impacto sobre familiares, miembros de las congregaciones y otras comunidades de fe, generando un clima de temor entre quienes participan de actividades pastorales o evangelizadoras.
Desde la perspectiva del derecho internacional, el OCDH considera que el conjunto de estas actuaciones resulta compatible con un patrón de interferencia indebida en el ejercicio de la libertad religiosa, especialmente cuando las restricciones recaen sobre manifestaciones públicas de la fe, como la predicación, la enseñanza religiosa, la evangelización o el acompañamiento espiritual, y cuando estas medidas parecen estar motivadas por el contenido de los mensajes difundidos y su repercusión social.
Las nuevas denuncias reavivan las preocupaciones sobre la situación de la libertad religiosa en Cuba y vuelven a colocar bajo escrutinio internacional el tratamiento que reciben sacerdotes, pastores y otros líderes cristianos que desarrollan actividades públicas en la isla.
