La Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés) anunció una nueva estrategia para enfrentar la presión económica de Pekín, alertó sobre presuntas redes de vigilancia en el extranjero y puso el foco en las consecuencias de determinadas inversiones chinas. La advertencia también interpela a América Latina y a países como Paraguay.
La expansión de la influencia china dejó de ser una cuestión exclusivamente comercial para convertirse en uno de los principales debates geopolíticos del escenario internacional. Esa es la advertencia que surge de la última cumbre de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), celebrada en La Haya, donde legisladores de distintos países acordaron impulsar una agenda común para enfrentar lo que consideran prácticas de presión económica, interferencia política y vulneración de libertades por parte del Partido Comunista Chino.
El mensaje es contundente: las relaciones con Pekín no pueden evaluarse únicamente por el volumen de inversiones, el intercambio comercial o las oportunidades de acceso a su mercado. También deben analizarse desde la perspectiva de la soberanía nacional, la seguridad estratégica y la capacidad de los Estados para tomar decisiones sin condicionamientos externos.
La IPAC estableció dos prioridades centrales. La primera consiste en promover una campaña internacional para defender la estabilidad del mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, dos regiones de importancia estratégica para el comercio, la seguridad y el equilibrio geopolítico mundial. La segunda apunta a fortalecer la resistencia de las economías nacionales frente a posibles mecanismos de presión económica de China.
Esta última iniciativa merece especial atención. La organización propone involucrar a parlamentos, gobiernos y ciudadanía en una estrategia de prevención de dependencias que puedan transformarse en herramientas de influencia política. El planteamiento supone reconocer que una relación comercial desequilibrada puede generar vulnerabilidades que van mucho más allá de las cifras de exportaciones e importaciones.
La soberanía también se juega dentro de las fronteras
Uno de los puntos más delicados del encuentro fue la presentación de un informe de Safeguard Defenders sobre las presuntas estructuras de vigilancia y control de ciudadanos chinos residentes en otros países.
La investigación sostiene que las denominadas comisarías policiales chinas en el extranjero continúan expandiéndose y que existiría una red internacional de organizaciones vinculadas al Frente Unido, utilizada por el Partido Comunista para extender su influencia fuera de China.
Las acusaciones plantean interrogantes importantes para los gobiernos democráticos: ¿hasta qué punto pueden operar estructuras vinculadas a un Estado extranjero dentro de sus territorios? ¿Qué mecanismos existen para impedir que comunidades de inmigrantes sean objeto de vigilancia, intimidación o presiones políticas provenientes de sus países de origen?
La directora de China in the World de Safeguard Defenders, Laura Harth, sostuvo que las democracias no deberían distraerse con los cambios de denominación de estas estructuras, sino concentrarse en sus métodos y objetivos. Su advertencia apunta a la necesidad de investigar las redes que permitirían extender mecanismos de control estatal sobre ciudadanos chinos en el exterior.
En respuesta a estas denuncias, 54 legisladores de 26 países reclamaron medidas urgentes contra la interferencia extranjera y la represión transnacional. La dimensión internacional de esta reacción demuestra que el debate ya no está limitado a una disputa entre Washington, Pekín o Taipéi: también involucra la protección de las instituciones y las libertades en terceros países.
Las inversiones chinas bajo la lupa
El encuentro también puso sobre la mesa las consecuencias de determinadas inversiones empresariales chinas en países en desarrollo. El caso de Zimbabue fue presentado a través de las denuncias del parlamentario Fortune Daniel Molokele, ganador del Premio Senator Kimberley Kitching 2026 al Coraje en Defensa de la Democracia.
Molokele cuestionó las operaciones de compañías chinas vinculadas a la minería de carbón y denunció presuntas prácticas de explotación de recursos naturales sin suficiente inversión en las comunidades locales, además de problemas relacionados con los derechos laborales y la protección ambiental.
Sus declaraciones introducen una discusión que debería ocupar un lugar central en cualquier país interesado en atraer capital extranjero: una inversión no puede considerarse exitosa únicamente por el dinero que ingresa o por la actividad económica que genera. También debe evaluarse por sus efectos sobre los trabajadores, las comunidades y el medioambiente.
El desarrollo económico no debería implicar renunciar a los estándares laborales, ambientales ni a la capacidad del Estado de hacer cumplir sus propias leyes. Ningún país puede permitirse que la necesidad de capital termine convirtiéndose en una justificación para tolerar abusos.
Una advertencia que también alcanza a Paraguay
Para Paraguay, las definiciones adoptadas en La Haya tienen una lectura particular. En un escenario internacional marcado por la competencia entre China y Taiwán, el país debe analizar cuidadosamente sus relaciones comerciales, sus oportunidades de inversión y las consecuencias estratégicas de sus decisiones diplomáticas.
La cuestión no consiste en rechazar automáticamente las inversiones chinas ni en convertir el comercio internacional en una disputa ideológica. Se trata de establecer condiciones claras, proteger los intereses nacionales y evitar que cualquier socio extranjero adquiera una capacidad de influencia que comprometa la autonomía de las instituciones paraguayas.
La experiencia denunciada en otros países también recuerda que los acuerdos económicos deben contemplar garantías concretas para los trabajadores, las comunidades y los recursos naturales. La apertura a los capitales extranjeros debe ir acompañada de controles, transparencia y respeto irrestricto a las leyes nacionales.
La IPAC, que reúne a 325 legisladores de 45 parlamentos, pretende transformar sus prioridades en acciones coordinadas a escala internacional.
La advertencia de fondo es difícil de ignorar: en el mundo actual, la dependencia económica puede convertirse en una herramienta de presión, las inversiones pueden generar conflictos de soberanía y las redes de influencia extranjera pueden plantear desafíos para las democracias.
Paraguay debe observar este escenario con pragmatismo, pero también con firmeza. La cooperación internacional y la llegada de inversiones son necesarias para el desarrollo; sin embargo, ninguna oportunidad económica debería estar por encima de la soberanía, la seguridad y el interés nacional. Un país puede abrir sus puertas al mundo sin entregar la capacidad de decidir su propio destino.
