El programa presidencial de La France insoumise para 2027 vuelve a poner sobre la mesa una receta conocida: multiplicar los compromisos sociales, ampliar la intervención estatal y prometer una transformación radical de la economía. Pero detrás del catálogo de beneficios y derechos aparece una pregunta inevitable: ¿quién pagará la factura y qué costo tendrá para las libertades de los ciudadanos?
Jean-Luc Mélenchon y su partido, La France insoumise (LFI), han presentado su programa para las elecciones presidenciales francesas de 2027 bajo el título L’Avenir en commun (El futuro en común). Un documento de 1.069 medidas que propone una profunda transformación económica, social, institucional y geopolítica de Francia.
La propuesta incluye jubilación a los 60 años, reducción de la jornada laboral, aumento del salario mínimo, cobertura sanitaria integral, congelamiento de precios esenciales, nuevos impuestos sobre los grandes patrimonios, salida progresiva de la OTAN y eliminación de la energía nuclear. A esto se suma una conscripción ecológica obligatoria de nueve meses para los menores de 25 años.
El catálogo parece diseñado para satisfacer prácticamente todas las demandas sociales imaginables. El problema comienza cuando se abandona el terreno de las promesas y se ingresa en el de la economía real.
Porque los derechos, los subsidios, las prestaciones y los servicios públicos no se financian con consignas ideológicas. Se financian con recursos concretos, generados por una economía productiva, mediante impuestos, cotizaciones, endeudamiento o reasignación del gasto público.
Y aquí aparece uno de los aspectos centrales del proyecto de Mélenchon: su extraordinaria dependencia de una expansión de la recaudación estatal.
LFI presentó un esquema presupuestario que contempla 106.400 millones de euros en nuevos ingresos y 81.700 millones en gastos adicionales para 2027. Entre las fuentes de financiación figuran la restauración del impuesto sobre la riqueza, la denominada tasa Zucman, mayores impuestos a las herencias, modificaciones del impuesto a las sociedades y la eliminación de beneficios fiscales.
Es decir, el financiamiento no surge de una reducción sustancial del tamaño del Estado ni de una transformación milagrosa de la productividad. Su principal instrumento es aumentar la capacidad del Estado para recaudar y redistribuir.
La pregunta relevante es qué sucederá cuando esa presión fiscal se encuentre con la realidad de las empresas, los inversores, los ahorristas y los contribuyentes. ¿Qué efectos tendrá sobre la inversión privada, la creación de empleo, la acumulación de capital y la competitividad de Francia? ¿Qué ocurrirá si los ingresos proyectados no alcanzan las estimaciones del partido?
El programa también contempla movilizar hasta 100.000 millones de euros anuales del ahorro francés para financiar inversiones. Aunque LFI sostiene que los ahorristas conservarán su libertad y remuneración, la propuesta abre un debate legítimo sobre el papel del Estado en la orientación del ahorro privado y las condiciones que deberían garantizar la autonomía de los ciudadanos sobre su propio patrimonio.
No es una cuestión menor. La economía de un país no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva de cuánto dinero pretende distribuir un gobierno, sino también desde la de cuánto produce, cuánto invierte y qué incentivos conserva para quienes generan riqueza.
Cuando el Estado pretende decidirlo todo
Las preocupaciones tampoco se limitan al terreno fiscal. La propuesta de congelar los precios de productos esenciales introduce una mayor intervención administrativa en el funcionamiento de los mercados. La reducción de precios por decreto puede resultar políticamente atractiva, pero no elimina los costos de producción, transporte, salarios o distribución. El debate consiste en determinar qué mecanismos impedirán que los controles terminen generando distorsiones, desabastecimiento o desincentivos a la producción.
Algo similar ocurre con la jornada laboral de 32 horas, la ampliación de prestaciones y las modificaciones del sistema previsional. Cada una de estas iniciativas tiene consecuencias sobre los costos laborales, la productividad, las cuentas públicas y la capacidad de adaptación de las empresas.
Pero existe una propuesta que merece una atención especial: la conscripción ecológica obligatoria de nueve meses para los menores de 25 años, remunerada con el salario mínimo.
Aquí el debate trasciende la economía. Se trata de una intervención directa del poder público en la vida de los jóvenes y en su libertad para decidir cómo organizar una etapa fundamental de su formación, trabajo y desarrollo personal.
Esta «conscripción ecológica» que se convertiría en una obligación estatal de nueve meses plantea interrogantes sobre los límites que debe tener el poder político frente a las decisiones individuales.
La misma discusión aparece en la relación entre el Estado, las empresas y los ciudadanos. Cuanto mayor es la cantidad de decisiones económicas que se trasladan desde la sociedad hacia la administración pública, mayor es la necesidad de establecer controles institucionales, garantías jurídicas y límites efectivos al poder gubernamental.
Una ruptura también en política exterior
El proyecto de Mélenchon no se limita a modificar el modelo económico francés. También plantea una redefinición de su posición internacional.
La retirada progresiva de Francia de la OTAN, la renegociación de los tratados europeos y una política exterior de distanciamiento respecto de la estrategia occidental representan un cambio sustancial en la orientación geopolítica del país.
En un escenario internacional marcado por la competencia entre grandes potencias, las tensiones militares y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, estas decisiones tendrían consecuencias que exceden ampliamente las fronteras francesas. No se trata simplemente de modificar una estructura de alianzas. Se trata de redefinir el lugar de Francia en el sistema internacional y su relación con sus principales socios estratégicos.
Las promesas tienen un costo
El problema de fondo del programa de LFI es que plantea una expansión considerable de las responsabilidades del Estado y de su capacidad de intervención sobre la economía y la sociedad.
Sus defensores sostienen que el aumento de la demanda interna, la redistribución de la riqueza y la inversión pública permitirían estimular la actividad económica y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, esas expectativas dependen de que las proyecciones de recaudación se cumplan, de que la inversión privada no se debilite y de que el crecimiento económico acompañe las nuevas obligaciones presupuestarias.
Una sociedad no se vuelve más próspera simplemente porque su gobierno prometa más prestaciones. Tampoco se vuelve más libre porque el Estado asuma nuevas facultades para organizar su economía, regular sus precios, orientar sus ahorros o imponer obligaciones colectivas, al contrario.
