Las declaraciones de la senadora Esperanza Martínez sobre la educación sexual de los menores merecen un cuestionamiento firme. Al afirmar que “no podemos decirles a los niños: no vas a tener relaciones” y que “todos terminan teniendo relaciones sexuales como se les antoja”, la legisladora presenta los límites familiares como una barrera inútil y corre el riesgo de normalizar una visión que deja en segundo plano la responsabilidad de los adultos de orientar y proteger a los niños.
Martínez también cuestionó lo que describió como una moralidad que sostiene “que hay que llegar a la adultez” y “que hay que tener matrimonio para toda la vida”. Sus palabras no son una simple diferencia de opinión sobre métodos educativos: ponen en discusión el derecho y el deber de las familias de acompañar a sus hijos, establecer límites adecuados a su edad y transmitirles criterios de cuidado.
La patria potestad no autoriza a los padres a actuar de manera arbitraria, pero tampoco puede ser tratada como un obstáculo que debe apartarse cada vez que una postura ideológica considera anticuadas determinadas convicciones familiares. Su función es proteger, orientar y velar por el desarrollo integral de los menores. Ese deber incluye hablar de sexualidad de manera responsable y apropiada para cada etapa, no resignarse a que los niños “hagan lo que se les antoja”.
La educación sexual y la protección de la niñez no son objetivos incompatibles con los límites parentales. Por el contrario, requieren información clara, acompañamiento adulto y respeto por la edad y madurez de cada niño. Presentar la espera o la formación de vínculos estables como una “moralidad inventada” descalifica de manera innecesaria a las familias que procuran educar a sus hijos desde esos valores.
Una senadora tiene una responsabilidad pública mayor al hablar de asuntos que afectan a la infancia. Sus expresiones deben contribuir a fortalecer la protección de los menores, no a sembrar dudas sobre la legitimidad de que sus padres los orienten y establezcan límites.
La niñez necesita información, cuidado y adultos responsables. No necesita que desde el poder político se banalice la importancia de los límites ni se presente la autoridad familiar como una imposición que debe superarse.
