La declaración impulsada por Francisco Petersen fue aprobada por unanimidad y también plantea fortalecer la participación de las familias, el acceso a la información y la supervisión de los contenidos educativos.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una declaración que insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a mantener vigentes las disposiciones que restringen la difusión y utilización de materiales impresos y digitales referentes a la denominada teoría o ideología de género en las instituciones educativas bajo su dependencia.
La iniciativa, presentada por el diputado nacional Francisco Petersen, solicita al MEC sostener la aplicación de la Resolución N.º 29.664, del 5 de octubre de 2017, y de la Resolución N.º 1.803, del 7 de noviembre de 2025, que amplía la normativa anterior. El pronunciamiento legislativo también plantea reforzar los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de ambas disposiciones.
La propuesta busca, además, garantizar una participación efectiva de padres, madres y tutores en los asuntos relacionados con la formación de sus hijos, en concordancia con los artículos 53, 54 y 75 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 1264/1998, General de Educación. En ese sentido, plantea que las familias tengan acceso a información clara y oportuna sobre los materiales educativos impresos y digitales utilizados en las instituciones, incluidos sus contenidos, finalidades pedagógicas y criterios de selección.
El documento contempla igualmente la implementación de procedimientos para que los padres y tutores puedan formular consultas, presentar observaciones y solicitar revisiones de los materiales. A esto se suma el fortalecimiento de la supervisión y la capacitación de las autoridades responsables de aplicar las resoluciones.
La declaración establece que la implementación de estas disposiciones deberá ajustarse a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, sin menoscabar las obligaciones del Estado en materia de protección integral de niños y adolescentes, prevención de la violencia y garantía del derecho a la educación.
Según los fundamentos de la iniciativa, mantener vigentes las resoluciones permite contar con un marco administrativo identificable para las instituciones educativas, sin excluir las evaluaciones técnicas, pedagógicas y jurídicas que correspondan dentro de las competencias de la autoridad educativa.
Con la aprobación unánime, la Cámara Baja respaldó el planteamiento de Petersen y solicitó al MEC dar continuidad a las normativas mencionadas, junto con medidas orientadas a ampliar la participación de las familias y fortalecer los mecanismos de información y supervisión en el ámbito educativo.
