El avance de los cultivos de marihuana dentro de reservas naturales expone una realidad incómoda: administrar y monitorear un territorio no equivale a tener capacidad efectiva para defenderlo frente a organizaciones criminales. El caso del Mbaracayú demuestra que, ante estructuras armadas y con capacidad logística, la protección privada necesita del Estado para ejercer un control territorial real.
La expansión de cultivos de marihuana dentro de áreas protegidas vuelve a poner en discusión la capacidad de los modelos de conservación privada para garantizar por sí solos la protección efectiva del territorio.
El caso más contundente es el de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, administrada por la Fundación Moisés Bertoni. El monitoreo de la propia institución detectó que, entre 1997 y junio de 2026, fueron habilitadas 4.372 hectáreas de bosque para plantaciones ilegales de marihuana. El fenómeno estuvo acompañado por incendios, cacería furtiva, inseguridad y la instalación de parcelas vinculadas a estructuras criminales.
No se trata de cuestionar el trabajo de conservación realizado por organizaciones privadas. El problema es otro: ¿puede una institución civil, por más experiencia ambiental y capacidad de monitoreo que tenga, enfrentar por sí sola a organizaciones dedicadas al narcotráfico? La respuesta que dejan los propios hechos parece evidente.
Monitorear no es controlar
Durante años, la Fundación Moisés Bertoni desarrolló sistemas de monitoreo satelital y con drones para detectar el avance de las plantaciones. Ese trabajo permitió documentar la magnitud del problema e identificar los puntos críticos. Pero detectar una parcela desde el aire no significa tener capacidad para impedir que sea ocupada.
Las organizaciones criminales aprovechan precisamente las características que hacen valiosas a estas reservas: grandes extensiones boscosas, accesos difíciles, escasa presencia humana y posibilidades de ocultamiento. El especialista en seguridad José María Amarilla explicó que estos territorios funcionan como una pantalla táctica, un perímetro defensivo y un espacio de producción.
Ahí aparece el límite del modelo privado: la conservación puede identificar la amenaza, pero el desmantelamiento de una estructura criminal requiere fuerza pública, inteligencia, investigación y presencia territorial permanente.
El Estado tuvo que entrar
La experiencia reciente del Mbaracayú resulta reveladora. En agosto y septiembre de este año, la Senad, el CODI, la Fuerza Aérea y el Ministerio Público, con cooperación de la Policía Federal brasileña, realizaron la Operación Nueva Alianza 57 dentro de reservas naturales. El operativo terminó con 222 hectáreas de cultivos ilícitos destruidas y 44 campamentos desmantelados.
Más aún: el informe de la Fundación Moisés Bertoni señala que la superficie de nuevas plantaciones ilegales detectadas en Mbaracayú cayó de 824 hectáreas en 2024 a 450 en 2025, y a 107,8 hectáreas durante el primer semestre de 2026. La propia Fundación atribuye parte de esa disminución a la mayor presencia de las Fuerzas de Tarea Conjunta y advierte que los puntos críticos todavía requieren vigilancia constante.
El dato es significativo: la presencia estatal aparece como un factor determinante allí donde la conservación privada, aun con monitoreo permanente, no consiguió impedir la ocupación criminal.
No basta con cuidar el bosque desde una oficina
El narcotráfico no respeta límites administrativos ni categorías de conservación. En el Parque Nacional Paso Bravo fueron encontrados recientemente 23 depósitos clandestinos con unos 40.000 kilos de marihuana, mientras que en Cerro Corá, Serranía San Luis, San Rafael y Ñacunday también fueron detectadas plantaciones y campamentos.
En estos territorios, la cuestión ambiental termina convirtiéndose en una cuestión de seguridad nacional. Una reserva puede tener guardaparques, sistemas de vigilancia, imágenes satelitales, drones y equipos técnicos. Pero cuando una organización criminal instala campamentos, abre caminos, tala bosque y establece centros de producción, la respuesta necesaria excede ampliamente las capacidades de una administración privada.
Una organización ambiental puede administrar una reserva. Puede vigilarla. Puede denunciar. Puede monitorear desde satélites. Puede documentar la destrucción. Lo que no puede hacer por sí sola es ejercer el monopolio legítimo de la fuerza frente a grupos criminales armados.
Por eso, los miles de hectáreas destruidos para instalar cultivos ilegales dejan una lección que debería ser imposible ignorar: proteger un área en el papel no significa controlar efectivamente su territorio. La experiencia del Mbaracayú muestra que cuando el Estado se retira, el crimen organizado encuentra espacio. Y cuando el Estado vuelve con inteligencia, fuerzas de seguridad y presencia permanente, los indicadores comienzan a cambiar.
