Familia denuncia que perdió la custodia de su hija por negarse a aceptar una transición de género
Una familia católica de Massachusetts lleva casi dos años sin poder hablar con su hija, luego de que el Departamento de Niños y Familias (DCF por sus siglas en inglés) de ese estado interviniera en el caso tras un conflicto relacionado con la identidad de género de la adolescente.
Joseph y Arlene Kutzko aseguran que su hija Sophie tenía 15 años cuando fue retirada del hogar, en diciembre de 2024. Según denuncian, el conflicto comenzó en la Algonquin Regional High School, donde un consejero habría iniciado una transición social de la menor sin informar previamente a sus padres ni contar con su consentimiento.
Los padres sostienen que la institución educativa expuso a Sophie a una visión ideológica de la identidad de género incompatible con sus convicciones religiosas. Afirman, además, que la escuela posteriormente denunció a la familia ante el Departamento de Niños y Familias.
La intervención estatal habría incluido una acusación de abuso físico contra el padre, señalamiento que fue considerada infundada por las propias autoridades. A pesar de ello, los Kutzko aseguran que se mantuvo una orden de restricción permanente contra los padres y el hermano mayor, se interrumpió todo contacto familiar y el Estado asumió la tutela de la adolescente.
Hoy Sophie tiene 17 años y continúa bajo custodia estatal. La familia afirma que fue alojada en un dormitorio de varones, que se le impidió asistir a misa y que recibió medicación psiquiátrica y anticonceptivos. Incluso, el DCF solicitó autorización judicial para administrarle testosterona en dosis altas.
Un juez bloqueó temporalmente esa posibilidad y la próxima audiencia fue fijada para el 29 de octubre. Mientras tanto, los padres continúan reclamando poder recuperar el contacto con su hija y que se respete su derecho a ejercer la responsabilidad parental.
El caso expone una cuestión que trasciende a esta familia: ¿hasta dónde puede avanzar el Estado sobre las decisiones de los padres respecto de la educación, la crianza y la salud de sus hijos?
Para los Kutzko, no se trata únicamente de una disputa sobre “identidad de género”, se trata del derecho de una familia a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, de la libertad religiosa y de la autoridad de los padres frente a un sistema que, según denuncian, los convirtió en un obstáculo por no aceptar una determinada visión ideológica.
La preocupación central es que una escuela pueda tomar decisiones sensibles sobre un menor sin la participación de su familia y que, posteriormente, la resistencia de los padres sea interpretada como una forma de abuso o negligencia.
La patria potestad no debería desaparecer porque los padres discrepan con una institución educativa o con una política cultural. Tampoco debería utilizarse el sistema de protección infantil para castigar a quienes sostienen convicciones religiosas, biológicas o familiares diferentes.
El Estado tiene la obligación de proteger a los menores frente al abuso real. Pero esa responsabilidad no puede transformarse en una autorización para reemplazar a los padres, cortar vínculos familiares o imponer tratamientos controvertidos sin una evaluación transparente, garantías judiciales y participación efectiva de la familia.
Mientras la familia espera una nueva audiencia, la pregunta permanece abierta: ¿quién protege a los hijos cuando el propio Estado termina separándolos de sus padres?
Nuestros hijos no son propiedad del Estado.
