La Unión Europea avanza con su estrategia para movilizar el enorme volumen de ahorro acumulado por los hogares del bloque, una iniciativa que coloca bajo la lupa los 10 billones de euros que los ciudadanos europeos mantienen actualmente en depósitos bancarios.
La Comisión Europea impulsa la denominada Unión de Ahorros e Inversiones, con la intención de aumentar el flujo de capital hacia los mercados y las empresas europeas. El propio organismo sostiene que una parte importante de esos recursos permanece en cuentas bancarias y busca facilitar que sean destinados a inversiones.
La magnitud del dinero involucrado explica el interés de Bruselas. La Comisión estima que, si los hogares europeos modificaran la composición de sus activos financieros para acercarla a la de los hogares estadounidenses, podrían llegar a redirigirse hasta 8 billones de euros hacia inversiones basadas en el mercado.
El planteamiento oficial sostiene que se trata de generar mejores oportunidades para los ahorristas y, al mismo tiempo, facilitar financiación para las empresas. Sin embargo, el debate adquiere otra dimensión cuando las autoridades europeas comienzan a hablar de incentivos fiscales y mecanismos destinados a orientar el ahorro hacia determinadas inversiones.
De hecho, la propia Comisión Europea reconoce que la fiscalidad puede utilizarse para apoyar la Unión de Ahorros e Inversiones mediante incentivos destinados a canalizar el ahorro existente hacia determinadas inversiones.
Ese punto resulta especialmente sensible porque el ahorro no es un recurso público. Son fondos acumulados por millones de ciudadanos a partir de sus ingresos y decisiones personales, y tradicionalmente corresponde a cada propietario determinar si los mantiene en efectivo, los deposita en un banco, compra acciones, invierte en una empresa, adquiere bienes o simplemente decide no asumir riesgos.
La discusión cambia cuando las políticas públicas comienzan a modificar las condiciones para favorecer unas alternativas sobre otras.
No hace falta que exista una confiscación directa para que aparezca una forma de direccionamiento del capital. También puede producirse mediante impuestos, beneficios fiscales, regulaciones o incentivos que hagan más conveniente una determinada decisión financiera que otra.
La propia estrategia europea ya identifica sectores considerados estratégicos hacia los cuales busca facilitar el acceso a financiación, entre ellos infraestructura, transición energética, innovación y digitalización.
El economista español Juan Ramón Rallo ha cuestionado precisamente la intervención política sobre las decisiones relacionadas con el ahorro y el capital. En sus planteamientos sobre la libertad económica sostiene que quienes ahorran cumplen también una función esencial al decidir dónde y con quién colocar su capital.
El debate no significa que los ciudadanos deban mantenerse necesariamente al margen de los mercados de inversión. Tampoco implica que toda iniciativa destinada a facilitar el acceso a productos financieros constituya una intervención indebida. El punto central es otro: qué grado de libertad conservará el ahorrista cuando las políticas fiscales y regulatorias comiencen a favorecer determinados destinos del dinero privado.
Bruselas sostiene que su estrategia busca precisamente conectar mejor el ahorro con la inversión y fortalecer los mercados europeos. En julio de este año, la propia UE describió la iniciativa como su esfuerzo más ambicioso para poner a trabajar los 10 billones de euros depositados por los hogares europeos.
El proyecto también se vincula con las necesidades de financiación de la economía europea y con sectores que la Unión considera prioritarios. La Comisión sostiene que el continente necesita aumentar sus inversiones para mejorar su competitividad y financiar áreas como energía, innovación, digitalización y otras prioridades estratégicas.
La cuestión que queda planteada es hasta dónde llegará esa estrategia.
Una cosa es facilitar que un ciudadano pueda invertir su dinero. Otra es construir un sistema de incentivos para que termine invirtiéndolo donde las autoridades consideran conveniente.
El ahorro europeo pertenece a los ciudadanos que lo generaron. Y mientras Bruselas busca movilizar esos recursos para responder a las necesidades de inversión del continente, el debate sobre la Unión de Ahorros e Inversiones también empieza a girar alrededor de un principio básico: la decisión sobre el destino del dinero privado debería seguir correspondiendo a su propietario, no a la burocracia que diseña los incentivos para orientarlo.
