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Gremios empresariales exigen a Alliana reformular el Presupuesto 2027 y adoptar medidas urgentes para recuperar la confianza

A través de una carta abierta dirigida al presidente de la República, Pedro Alliana, representantes del sector productivo, industrial, comercial y de servicios reclamaron disciplina fiscal, transparencia, reducción del gasto público y responsabilidades por la crisis bancaria. Advirtieron que Paraguay enfrenta un momento decisivo y que no existe margen para postergar las reformas necesarias.

Un amplio conjunto de gremios empresariales, cámaras, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil presentó una carta abierta dirigida al presidente de la República, Pedro Alliana, en la que exige decisiones inmediatas para recuperar la confianza económica, preservar las inversiones y garantizar la generación de empleo en Paraguay.

El pronunciamiento, fechado el 10 de noviembre, plantea una serie de medidas que consideran indispensables frente a la coyuntura política, económica y financiera que atraviesa el país. Entre sus principales preocupaciones se encuentran las consecuencias de la crisis del Banco Ueno, la situación de las finanzas públicas y la necesidad de fortalecer las instituciones y los mecanismos de control.

«Paraguay no tiene más margen de error», sostiene el documento, que reclama investigar y sancionar las responsabilidades por las fallas de control, recuperar los recursos comprometidos y corregir las deficiencias que permitieron la situación actual.

Amplia representación del sector empresarial

La iniciativa reúne a organizaciones representativas de distintos sectores de la economía nacional, incluyendo gremios de la producción, la industria, el comercio, los servicios y entidades de la sociedad civil.

La carta cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones empresariales y gremiales que representan a distintos sectores de la economía nacional. Entre las entidades adherentes se destacan: la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Camara Paraguaya de Lácteos (CAPAINLAC) y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Estas adhesiones reflejan la amplitud de la representación empresarial y productiva que acompaña el pronunciamiento, así como la preocupación compartida por la situación económica e institucional del país. Los gremios buscan transmitir una posición conjunta y reclamar respuestas concretas de las autoridades para restablecer la confianza, proteger las inversiones y garantizar condiciones para el crecimiento económico

Reclaman reformular el Presupuesto 2027

Uno de los principales ejes de la carta es la reformulación del Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Los firmantes consideran que la propuesta actualmente sometida al Congreso no refleja las prioridades que exige la coyuntura y cuestionan que esté construida sobre proyecciones de ingresos y gastos que, a su criterio, no responden a la realidad económica.

En ese sentido, solicitan una revisión integral del presupuesto, con ingresos realistas, gastos financiables y cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, además de avanzar hacia la convergencia del déficit fiscal al 1,5% del PIB.

También reclaman reducir el gasto corriente improductivo, eliminar privilegios corporativos, frenar aumentos salariales injustificados y revisar partidas destinadas a viáticos, pasajes, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.

La carta sostiene que los recursos públicos deben priorizar áreas esenciales como salud, seguridad ciudadana y educación.

La crisis bancaria y el resarcimiento a los ahorristas

El documento dedica especial atención a las consecuencias de la crisis de ueno bank, señalando que el proyecto presupuestario no contempla adecuadamente sus posibles efectos económicos y sociales.

Según las estimaciones consignadas por los gremios, la situación habría comprometido los ahorros de casi tres millones de paraguayos, ocasionado un perjuicio a las arcas públicas equivalente a entre el 1,5% y el 2% del PIB, provocado una caída del movimiento comercial y puesto en riesgo miles de puestos de trabajo.

Los firmantes también advierten sobre la posibilidad de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas y mencionan la pérdida de más de 5.000 empleos, con riesgo de que esa cifra aumente.

Como respuesta, proponen establecer mecanismos legales para destinar los bienes recuperados de los responsables y liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) al resarcimiento de los ahorristas que no estén cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Reformas estructurales y mayor control de los recursos públicos

Entre las propuestas también figuran la reforma inmediata de la Caja Fiscal, la reducción de contrataciones estatales que no respondan a necesidades esenciales, la revisión del régimen médico y el fortalecimiento de la supervisión previsional.

Asimismo, plantean establecer por ley un registro actualizado diariamente de los depósitos públicos, que permita identificar los fondos de cada institución estatal, las entidades bancarias depositarias, los montos y las condiciones de cada operación.

A estas medidas se suman propuestas para fortalecer la formalización económica, intensificar los controles contra el contrabando y mejorar la recaudación de peajes, destinando esos recursos al mantenimiento vial.

El sector privado ofrece cooperación y exige transparencia

La carta no se limita a formular exigencias al Gobierno. Los representantes empresariales también manifiestan su disposición a colaborar activamente en el proceso de recuperación económica e institucional, poniendo a disposición sus equipos técnicos para trabajar en la reformulación presupuestaria y en las medidas necesarias para restablecer la confianza.

Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas en sectores estratégicos, fortalecer los estándares de integridad empresarial y promover mecanismos de veeduría ciudadana para controlar el uso de los recursos públicos y los procesos de compras estatales.

El pronunciamiento concluye con un mensaje dirigido a las autoridades nacionales: la recuperación de la confianza requiere decisiones verificables, austeridad efectiva, controles independientes y sanciones sin privilegios.

«La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro», expresa el documento, que insta al Gobierno a actuar con la urgencia y firmeza que, según los firmantes, demanda el actual escenario nacional.

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