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Advierten sobre posibles violaciones al principio acusatorio en la ampliación de cargos contra Miguel Vázquez

El abogado Francisco Núñez cuestionó la decisión de la Cámara en el marco de la causa contra Miguel Vázquez, luego de que el tribunal, al responder una recusación, incorporara nuevas calificaciones penales, entre ellas lavado de dinero y asociación criminal.

A través de una serie de cuestionamientos jurídicos, Núñez puso en duda la legalidad de esta actuación y planteó si la Cámara no estaría excediendo sus atribuciones al ampliar los cargos sin que existiera un pedido expreso del Ministerio Público.

Uno de los principales puntos señalados por el profesional se refiere al artículo 457 del Código Procesal Penal, que contempla la prohibición de la reformatio in peius, es decir, que la situación del imputado no puede agravarse cuando únicamente su defensa ha recurrido una decisión.

En ese sentido, el abogado cuestionó cómo podría la Cámara incorporar nuevas figuras penales si solamente apeló la defensa, y advirtió sobre el riesgo de que el órgano juzgador termine asumiendo funciones propias de la acusación.

Núñez también invocó el artículo 456 del Código Procesal Penal, que delimita la competencia del tribunal de apelación exclusivamente a los puntos de la resolución que fueron impugnados. En ese contexto, planteó una interrogante central: quién solicitó la nueva calificación jurídica y, si no fue la Fiscalía, con qué fundamento la Cámara habría ampliado el alcance de la imputación.

El profesional sostuvo que esta actuación podría entrar en conflicto con el principio acusatorio, vinculado a las atribuciones constitucionales del Ministerio Público establecidas en el artículo 268 de la Constitución Nacional, que asigna a esta institución el ejercicio de la acción penal pública.

Finalmente, Núñez advirtió sobre la importancia de distinguir entre la facultad judicial de realizar una calificación jurídica provisional de los hechos y la posibilidad de agravar la situación procesal de una persona que recurrió una decisión, sin que exista una petición de los órganos acusadores.

«Hoy es Vázquez; mañana puede ser cualquiera. Las garantías no se miden por la simpatía del caso», expresó el abogado, al cuestionar lo que considera un precedente preocupante para las garantías procesales y el derecho a la defensa.

El planteamiento de Núñez pone sobre la mesa un debate jurídico de fondo: los límites de las facultades de los tribunales, la separación entre acusación y juzgamiento y el respeto a las garantías que deben regir cualquier proceso penal, independientemente de quién sea el imputado.

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