Desde la presentación de la iniciativa popular “La ideología de género es abuso infantil”, que reunió el respaldo de más de 50.000 paraguayos, la senadora Esperanza Martínez y sus adláteres desplegaron una campaña de desprestigio contra la propuesta. El argumento elegido no es precisamente la verdad, sino una distorsión deliberada que busca confundir a la ciudadanía, desacreditar a los promotores y cosechar adhesiones para sus propias agendas.
Esperanza Martínez y otras referentes feministas repiten una acusación que no resiste el análisis del texto: sostienen que la iniciativa pretende reducir las penas para los abusadores de niños. Una afirmación que, presentada como argumento político, busca instalar miedo y desinformación entre quienes no conocen el contenido de la propuesta.
Pero basta con revisar los antecedentes y entender qué se está planteando para desmontar semejante relato.
La iniciativa popular comenzó su trámite en abril de 2023, con el objetivo de modificar el artículo 135 del Código Penal e incorporar un inciso que contemple nuevas conductas. Sin embargo, en diciembre de 2024, ese mismo artículo fue modificado mediante una nueva ley, que elevó las penas previstas para los casos de abuso sexual contra niños. Una decisión que contó con amplio consenso y que, incluso, muchos consideran que debería contemplar sanciones todavía más severas.
La iniciativa presentada esta semana no pretende reescribir el artículo 135 ni alterar las penas que ya establece la legislación vigente. Lo que propone es incorporar un apartado adicional, identificado como 135c, destinado a tipificar otras formas de abuso.
No se trata de modificar las conductas ni las sanciones que ya fueron establecidas para el abuso sexual infantil. Se trata de incorporar nuevas disposiciones al marco legal actualizado, mediante un trámite sencillo, sin entrar en conflicto con la modificación aprobada en 2024.
Entonces, ¿de dónde sale el argumento de que se busca beneficiar a los abusadores?
De una manipulación política que pretende convertir una propuesta legislativa en algo que no es. Se toma una iniciativa que busca incorporar nuevas conductas al Código Penal y se la presenta como si tuviera por finalidad reducir las penas por abuso sexual infantil. Se confunde deliberadamente a la ciudadanía, se distorsiona el contenido y se utiliza una acusación de enorme gravedad como herramienta de propaganda.
Lo que queda en evidencia es la manipulación y la malintencionada campaña de este sector, que intenta desacreditar una propuesta respaldada por miles de paraguayos mientras impulsa sus propias agendas sobre la educación y la formación de los niños.
La ciudadanía merece conocer el contenido real de las iniciativas que se debaten, no versiones fabricadas para generar rechazo. Y cuando quienes pretenden defender determinadas agendas recurren a la tergiversación para conseguir apoyo, queda claro que el debate dejó de ser sobre la ley y pasó a ser una operación política.
Así te miente Esperanza Martínez: presentando como una rebaja de penas lo que, según el texto de la iniciativa, es la incorporación de nuevas conductas al Código Penal.
