La propuesta del senador Líder Amarilla de elevar del 10% al 15% la tasa del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) para las entidades del sector financiero evidencia una vez más la falta de originalidad de una política que parece encontrar una única respuesta para los problemas públicos: cobrar más impuestos, en lugar de exigir una mejor gestión del Estado.
El legislador plantea destinar el 60% de la recaudación adicional a medicamentos e insumos médicos y el 30% al financiamiento de la pensión universal para adultos mayores. Se trata de necesidades importantes, pero presentarlas como argumento para aumentar la carga tributaria no constituye una propuesta innovadora ni demuestra, mucho menos, un compromiso real con la eficiencia del gasto público.
La pregunta que Amarilla debería responder es por qué, antes de pedir más dinero a la economía, no propone una revisión profunda de los gastos del Estado.
Paraguay necesita medicamentos en sus hospitales y una protección digna para sus adultos mayores. Pero también necesita reducir la burocracia, eliminar gastos superfluos, revisar las contrataciones, controlar las consultorías y evaluar si cada institución pública utiliza correctamente los recursos que ya recibe.
La buena gestión no consiste en encontrar nuevas formas de recaudar, sino en administrar mejor lo recaudado. Proponer un aumento tributario puede ser políticamente sencillo cuando se lo presenta bajo una finalidad social, pero una verdadera reforma exige revisar estructuras, cuestionar privilegios, establecer prioridades y asumir el costo de recortar aquello que no beneficia a la ciudadanía.
La iniciativa de Amarilla propone aumentar cinco puntos porcentuales la tasa del IRE aplicable al sector financiero. Sin embargo, no basta con establecer un destino específico para los ingresos adicionales. El país necesita discutir por qué el Estado debe recurrir nuevamente a una mayor presión tributaria en lugar de demostrar que aprovecha eficientemente sus recursos actuales.
El sector privado debe invertir, competir, generar empleo y sostener su actividad bajo reglas previsibles. No puede ser siempre el primer recurso al que se acude cuando la administración pública necesita más fondos. La responsabilidad fiscal también implica que el Estado controle sus propios costos y no traslade automáticamente sus problemas presupuestarios a quienes producen.
El senador incluso plantea prohibir que la recaudación adicional se utilice para salarios, consultorías, publicidad institucional, vehículos y otros gastos administrativos. Pero esa restricción conduce a otra pregunta: ¿por qué la disciplina del gasto debería aplicarse únicamente a los nuevos recursos y no convertirse en una exigencia para todo el presupuesto público?
Si existen gastos que deben excluirse del financiamiento de medicamentos y pensiones, corresponde revisar también el conjunto de las erogaciones estatales. La eficiencia no puede ser una cláusula limitada a un proyecto de ley; debe ser una obligación permanente de toda la administración.
Paraguay no necesita más creatividad para inventar impuestos; necesita más compromiso político para hacer funcionar mejor al Estado. La propuesta de Líder Amarilla insiste en la vía más fácil: aumentar la recaudación y asignarle un destino. Pero una política verdaderamente responsable debe ir más allá de anunciar para qué se cobrará más y explicar cómo se puede gestionar mejor con lo que ya se recauda.
