Las comunidades indígenas del Chaco reivindican su derecho a participar directamente en las decisiones que pueden definir el futuro de sus territorios y reclaman que terceros dejen de hablar en su nombre. El planteamiento fue expuesto por Hadaza Báez, representante de la Unión de Comunidades de la Nación Ishir-Chamacoco, quien sostuvo que preservar la cultura y el medioambiente no significa renunciar a las oportunidades de desarrollo que buscan para sus familias.
Durante una entrevista con RCC Radio, Báez explicó la posición que llevó ante la Comisión de Energía del Senado, donde se analiza un proyecto relacionado con la exploración de hidrocarburos en el área de Médanos del Chaco. Aunque aclaró que las comunidades que representa no están asentadas dentro de esa zona, recordó que en 1997 fueron beneficiadas por la explotación de gas realizada en el lugar, antes de que el área fuera declarada reserva.
Su principal cuestionamiento apunta a que determinadas organizaciones o actores externos presenten como una posición general de los pueblos indígenas lo que, en realidad, puede responder a una determinada visión. Para la dirigente, las comunidades tienen capacidad suficiente para definir por sí mismas qué proyectos consideran convenientes, cuáles generan preocupación y bajo qué condiciones podrían acompañarlos.
El planteamiento parte de una premisa que, según Báez, muchas veces queda fuera del debate: las comunidades indígenas también quieren mejorar sus condiciones de vida. El acceso a electricidad segura, caminos transitables, servicios de salud, educación y oportunidades económicas no debería ser considerado incompatible con la preservación de la identidad indígena. “La seguridad eléctrica nos la merecemos todos”, afirmó, cuestionando la idea de que mantener las tradiciones implique permanecer al margen de los avances tecnológicos.
La dirigente sostuvo que las comunidades Ishir mantienen sus costumbres y su vínculo con el territorio, pero también atraviesan procesos de transformación propios de cualquier sociedad. Hay jóvenes que estudian, personas que acceden a formación profesional y representantes que participan en espacios donde se discuten políticas públicas y proyectos que pueden impactar en la región. En ese contexto, consideró que reducir a los pueblos originarios a una imagen permanente de precariedad termina desconociendo sus aspiraciones.
“Estamos cansados que romanticen nuestras precariedades”, manifestó Báez, al cuestionar una mirada que, a su criterio, puede convertir las carencias de las comunidades en una especie de condición permanente. Su reclamo no es abandonar la protección ambiental, sino que las necesidades y decisiones de los propios indígenas sean incorporadas al análisis de cualquier iniciativa que pueda afectar al Chaco.
Como muestra del compromiso con la conservación, mencionó que las comunidades cuentan con una reserva de aproximadamente 4.700 hectáreas en Bahía Negra, prácticamente en estado virgen, y que utilizan menos del 10% de la superficie de sus tierras. Desde esa perspectiva, la dirigente considera que protección ambiental y desarrollo no tienen por qué ser caminos opuestos. El desafío, sostuvo, consiste en encontrar mecanismos que permitan aprovechar responsablemente los recursos naturales sin destruir los ecosistemas.
El debate adquiere especial importancia en una región donde la falta de infraestructura continúa condicionando la vida cotidiana. Entre las principales demandas de las comunidades aparecen la provisión de energía eléctrica segura y la construcción de caminos de todo tiempo. Las lluvias pueden convertir los accesos en trayectos prácticamente intransitables, afectando el traslado de las familias y, especialmente, de los niños que deben acudir a las escuelas.
“Vivir en aislamiento involuntario cada vez que llueve para mí es un castigo”, expresó Báez al describir una situación que, más allá de cualquier discusión sobre explotación de recursos naturales, representa una de las principales barreras para el desarrollo de las comunidades.
La Unión de Comunidades de la Nación Ishir reúne a poblaciones de Bahía Negra y Fuerte Olimpo. De acuerdo con los datos proporcionados por su representante, Puerto Diana cuenta con unas 320 familias; Puerto Esperanza, con aproximadamente 310; Virgen Santísima de Fuerte Olimpo, con 120; Abundancia de Puerto Olimpo, con alrededor de 140, mientras que 14 de Mayo reúne unas 38 familias.
Báez, quien recientemente dejó el liderazgo de Puerto Diana para continuar su formación profesional, mantiene su participación como secretaria general de la organización que representa a las comunidades Ishir. Desde ese espacio insiste en que el desarrollo del Chaco no puede discutirse exclusivamente desde las ciudades ni únicamente desde la perspectiva de organizaciones externas.
El mensaje de las comunidades es que quieren ser protagonistas de las decisiones que involucran su presente y su futuro. No plantean abandonar sus tradiciones ni desconocer la necesidad de proteger la naturaleza, sino tener acceso a las mismas condiciones básicas que cualquier ciudadano del país y participar de las oportunidades que pueda generar el crecimiento de la región.
“Somos un pueblo que necesita salir adelante”, resumió Báez. La frase sintetiza una posición que busca alejarse tanto de la idea de un desarrollo sin límites como de aquella que condena a las comunidades indígenas al aislamiento en nombre de la preservación cultural. Para los Ishir, conservar su identidad y aspirar a mejores condiciones de vida pueden formar parte de un mismo proyecto: permanecer vinculados a su territorio, pero también avanzar junto al resto del país.
