El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 llega al Congreso con una expansión importante de los recursos previstos, pero también con interrogantes sobre la capacidad del Estado para administrar y utilizar eficientemente esos fondos. Mientras el Ejecutivo plantea un presupuesto de G. 166,3 billones, equivalente a unos US$ 25.700 millones, los economistas Cayo Cáceres y Rodrigo Ibarrola pusieron el foco en la calidad del gasto, la brecha entre ingresos y erogaciones y los supuestos utilizados para proyectar el próximo ejercicio.
Cáceres, exministro de Desarrollo Social, sostuvo que el incremento nominal del presupuesto no debería ser analizado únicamente desde el volumen de recursos disponibles, sino desde la capacidad del Estado para transformarlos en resultados. Al comparar el presupuesto de 2026, que partió de unos US$ 19.000 millones, con la propuesta para 2027, cercana a los US$ 26.000 millones, calificó el crecimiento como significativo, pero insistió en que el verdadero desafío está en mejorar la calidad del gasto.
En ese sentido, el economista puso sobre la mesa una cifra que, de confirmarse, representaría un margen considerable para reasignar recursos. Según explicó, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estiman que alrededor del 4% del PIB paraguayo corresponde a gastos considerados innecesarios. Cáceres tradujo esa proporción en aproximadamente US$ 2.400 millones y señaló que, a ello, se suman cerca de US$ 950 millones correspondientes a exenciones tributarias aplicadas a determinados sectores y actividades. Entre los ejemplos mencionó a las ensambladoras de motocicletas, los juegos de azar y determinados negocios financieros vinculados al mercado bursátil.
Desde su perspectiva, ambos componentes representarían más de US$ 3.000 millones que podrían ser objeto de revisión y eventual redestinación hacia otras prioridades. La discusión, por tanto, no pasa solamente por cuánto dinero tendrá el Estado en 2027, sino por cuánto de ese dinero puede ser utilizado de manera más eficiente y cuánto margen existe para eliminar o reducir erogaciones que no generan el impacto esperado.
Ibarrola, por su parte, introdujo otra preocupación: el ritmo al que crecerá el gasto frente a la evolución prevista de los ingresos. El economista señaló que, en términos de guaraníes, el incremento presupuestario ronda el 12%, pero advirtió que dentro de la estructura del proyecto existen componentes cuyo crecimiento resulta considerablemente superior al de la recaudación.
Su observación apunta particularmente al gasto de la administración, que, según explicó, crecería cerca de 20%, mientras que los ingresos tributarios tendrían un aumento aproximado del 8%. El propio proyecto oficial prevé un incremento de 8,6% en la recaudación tributaria para 2027.
Para Ibarrola, esa diferencia implica que una parte importante de las necesidades financieras deberá ser cubierta mediante endeudamiento. El PGN 2027 contempla, de hecho, una nueva emisión de deuda por unos US$ 2.100 millones, mientras que el requerimiento total de financiamiento, incluyendo refinanciamientos y cancelación de obligaciones existentes, rondaría los US$ 2.800 millones. El proyecto también incorpora un déficit fiscal de 3,9% del PIB, en parte debido al reconocimiento y pago de deudas acumuladas.
Otro punto señalado por Ibarrola es el tipo de cambio utilizado en las estimaciones oficiales. El proyecto contempla un dólar de G. 6.458 para 2027, mientras que actualmente la cotización se encuentra por debajo de G. 6.000. El contraste adquiere relevancia porque el PGN 2026 había sido elaborado utilizando una referencia de G. 7.881 por dólar, una diferencia que posteriormente tuvo efectos sobre las recaudaciones aduaneras y obligó al Gobierno a realizar ajustes durante el ejercicio.
Para el economista, la proyección actual supone que el dólar abandonará progresivamente la tendencia descendente observada durante este año y recuperará una trayectoria ascendente más cercana a la que históricamente se ha registrado. Esa hipótesis cambiaria puede incidir tanto en los cálculos de ingresos como en el servicio de la deuda y en el resultado fiscal final.
El escenario plantea así una discusión que va más allá del monto global del presupuesto. El Ejecutivo proyecta crecimiento económico de 4,2%, inflación de 3,5% y un incremento de 8,6% en la recaudación tributaria, mientras mantiene una presión tributaria cercana al 11,2% del PIB.
Con más recursos nominales, mayores compromisos y una importante necesidad de financiamiento, el PGN 2027 abre nuevamente el debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Para Cáceres, una parte de la respuesta está en identificar gastos innecesarios y beneficios fiscales que puedan ser revisados. Para Ibarrola, el punto crítico está en que el gasto proyectado crece a una velocidad mayor que los ingresos y en que algunas de las variables utilizadas para construir el presupuesto podrían no coincidir con la realidad económica.
El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de examinar no solo el tamaño del presupuesto, sino también la composición del gasto, las fuentes de financiamiento y los supuestos económicos que sostienen las proyecciones. La discusión de fondo será determinar si el aumento de recursos se traducirá en mejores servicios y mayor inversión o si una parte creciente del presupuesto terminará siendo absorbida por gastos rígidos, obligaciones acumuladas y nueva deuda.
