La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, promulgó una ley que elimina las restricciones específicas que regían los abortos después de las 24 semanas de embarazo, dejando un margen mucho mayor al criterio profesional de los médicos. La medida convierte a Massachusetts en uno de los estados de EE. UU. sin un límite gestacional establecido para el aborto.
Desde una perspectiva de defensa de la vida, la decisión merece un rechazo categórico. Eliminar límites legales en una etapa avanzada del embarazo supone, en términos éticos, reducir todavía más las barreras que protegían al ser humano en gestación cuando ya se encuentra en una fase avanzada de desarrollo.
La legislación anterior permitía abortos después de las 24 semanas únicamente bajo circunstancias médicas determinadas, entre ellas cuando fueran necesarios para preservar la vida o la salud de la paciente o ante determinados diagnósticos fetales graves. La nueva normativa sustituye esos criterios específicos por un estándar basado en el juicio profesional del médico.
Ese cambio es precisamente uno de los aspectos más cuestionables de la reforma. Una decisión de semejante trascendencia no debería quedar reducida a una cuestión de criterio individual cuando está en juego la vida de otro ser humano. La existencia de complicaciones médicas durante un embarazo puede exigir intervenciones urgentes y difíciles, pero eso no obliga a considerar que la única respuesta posible sea provocar deliberadamente la muerte del niño por nacer.
Healey defendió la medida bajo el argumento de que las decisiones relacionadas con el aborto deben quedar entre la mujer, su familia y los médicos. Sin embargo, desde una posición provida, ese planteamiento omite precisamente a quien no tiene voz en esa decisión: el hijo en gestación.
La gobernadora también ha presentado históricamente el acceso al aborto como un derecho que debe mantenerse protegido en Massachusetts.
La nueva ley lleva esa concepción todavía más lejos. El problema no es únicamente que Massachusetts permita el aborto, sino que ahora reduce los límites legales precisamente en las etapas más avanzadas del embarazo, cuando resulta cada vez más difícil sostener que se trata simplemente de una cuestión abstracta de salud reproductiva.
Para quienes defienden la vida humana desde la concepción, la reforma representa un retroceso profundo: la solución frente a un embarazo complejo debería buscar preservar la vida y la salud de la madre sin convertir al hijo en la parte descartable del problema.
La decisión de Healey, además, plantea una cuestión que va más allá de la política partidaria: si existen límites que el Estado debe mantener para proteger a los seres humanos más vulnerables.
Desde una perspectiva provida, la respuesta es inequívoca. La protección de la mujer y la atención médica ante embarazos de alto riesgo son obligaciones legítimas y necesarias, pero no pueden utilizarse como argumento para borrar progresivamente toda barrera legal frente al aborto tardío.
Lo que Massachusetts acaba de aprobar no debería ser presentado como un simple avance de derechos. Para quienes consideran que la vida humana merece protección desde sus primeras etapas, es una ampliación preocupante de una práctica que debería ser evitada y, ante situaciones médicas extremas, reemplazada por tratamientos que procuren salvar tanto a la madre como al hijo siempre que sea posible.
